Emcali ante investigación de Procuraduría por cartel de la energía: “Esperamos que permitan identificar causas de defraudación”

Luego de que La Procuraduría General de la Nación realizó inspección disciplinaria a la empresa de servicios públicos de Cali, Emcali, por un presunto cartel de robo de energía liderado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de la empresa, voceros de la empresa se pronunciaron.

José David Insuasti, gerente de Energía de Emcali manifestó que: “Es posible que se esté dando un robo. Claro. Son las pérdidas de energía, pero la cifra es demasiado alta”.

Agregó que las causas de las pérdidas se dan, entre otras, por la manipulación de los contadores, pero no es posible señalar a ningún funcionario de Emcali sin un elemento probatorio.

“Emcali controla el robo y las pérdidas de energía mediante la detección, por balances técnicos que permiten la normalización de la medida”, dijo.

Ante la  pregunta si Emcali tenía conocimiento de la investigación de la Procuraduría, el gerente de energía de Emcali manifestó que: “De este (caso) particular iniciada no, siempre se ha solicitado acompañamiento de los entes de control ante situaciones de defraudación de la red. Y esperamos que este tipo de investigaciones permitan identificar causas y situaciones que eviten este tipo de situaciones en la empresa”, concluyó.

Según el ente de control en su comunicado de prensa, se busca establecer “responsabilidades frente a un presunto megarobo de energía que se viene presentando en la ciudad y que se calcula en $ 50.000  millones mensuales en pérdidas para la empresa”.

Dicha investigación se llevó a cabo después de una denuncia publicada en medios de comunicación sobre un presunto cartel de robo de energía, al parecer, liderado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de Emcali, quienes alteran, con dispositivos electrónicos, los contadores de energía de grandes empresas, moteles y residencias de lujo, entre otros, para reducir ostensiblemente el consumo de energía eléctrica, por lo cual cobran cuotas mensuales a sus dueños que se calculan en al menos $ 6.000 millones.

“Conforme a la designación de la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, hemos adelantado una inspección disciplinaria con expertos de la dirección nacional de Investigaciones Especiales, hemos recaudado pruebas documentales y recibimos testimonios que permitirían afirmar que las irregularidades que se han registrado en diferentes medios de comunicación son ciertas”, inició diciendo el delegado para la Vigilancia Administrativa, John Harvey Pinzón.

El equipo, liderado por el procurador Pinzón, con el apoyo de la directora nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, hizo presencia durante dos días en las instalaciones de Emcali para recaudar todas las pruebas documentales, testimonios clave y evidencias en terreno sobre la comisión de estas irregularidades.

“Existen varias irregularidades en el control, la instalación y en el funcionamiento de algunos medidores de energía con posible afectación o beneficio de algunos de los usuarios. Algunas líneas de investigación permitirían indagar que existen algunas organizaciones dominadas ‘carteles’, donde estarían involucrados posiblemente trabajadores de Emcali”, afirmó.

Con las pruebas recaudadas, el Ministerio Público procederá a identificar posibles responsables de los hechos para dar continuidad al proceso disciplinario.

Analizaremos la información, recaudaremos otras evidencias y seguramente adoptaremos decisiones de investigación disciplinaria. No descartamos que tengamos que acudir a figuras excepcionales dentro de la actuación, como la de suspensión provisional”, concluyó el funcionario de la Procuraduría.

Por su parte, el   concejal Roberto Ortíz, quien además presentó una serie de listados  a través de redes, como supuestas evidencia,  señaló que en esta situación  están involucrados más de mil predios en Cali, lo cuales  estarían  captando  energía mediante prácticas ilícitas conocidas como carteles.

Agregó que entre los implicados se encuentran 14 instituciones educativas y más de 110 particulares.

“Son más de mil predios entre instituciones educativas, empresas sociales del estado, asentamientos subnormales y particulares que se estarían robando la energía desde 2018. La suma supera los $50.000 millones”, afirmó el concejal, quien  hizo un llamado a la Procuraduría para que entregue los resultados de la investigación.