Cali tendría sitios y horarios para consumir psicoactivos; así sería el proceso

En los próximos días, la Alcaldía de Cali expedirá un decreto para regular el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público, atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional que busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Frente al polémico tema, expertos recomiendan que la norma apunte a tratar la adicción como un problema de salud pública y no desde la prohibición o la represión policial.

En diciembre, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2114 de 2023, por medio del cual se determinaba no criminalizar el porte y consumo de la dosis personal, que generó gran controversia en el país.

Recientemente, el alcalde Alejandro Éder también sentó su postura frente al tema, al señalar que no va a permitir el consumo de drogas en espacios que son para la familia, al ser consultado sobre el protocolo sobre el porte y consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público que presentó el Gobierno.

Consumo crónico y recreativo

Uno de los grandes problemas de la ciudad son los habitantes en situación de calle. Según Iván Carvajal, en Cali hay unos 6000, mientras en el país alrededor de 30.000. “Es decir, uno de cada 5 habitantes de calle en el país está en Cali. Es la segunda ciudad, después de Bogotá, con más habitantes de calle y el 97 % de ellos son consumidores habituales y crónicos”.

Sin embargo, en cuanto al consumidor recreativo que escoge la calle para consumir marihuana, bazuco o inhalar heroína, se mostró partidario de que se le aplique una sanción de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. “No es un delito, pero hay que corregirlo”, sostuvo.

“En una ciudad tan criminalizada como Cali, no se pueden dar espacios para que la gente tenga permitido explorar este tipo de actividades. Estoy a favor de que el Alcalde saque un decreto en el que prohíba el consumo de sustancias psicoactivas en parques, zonas verdes y alrededor de colegios y hospitales, en donde haya niños, niñas y adolescentes”, acotó Carvajal.

Por su parte, Raúl Félix Tovar, director de la Corporación Viviendo, afirmó que este decreto “va a beneficiar a las personas usuarias de drogas más marginalizadas en la ciudad que no tienen un espacio privado donde puedan consumir sin problema”.

Si bien coincidió con que el deber del Estado es velar por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, dijo también que “esperamos que se incluyan en el protocolo ‘zonas de tolerancia’ separadas de los parques públicos”.

Tovar calificó como “una pérdida de tiempo de la Policía y de recursos públicos seguir persiguiendo a las personas más vulnerables de la ciudad, cuando se podría gastar más efectivamente en problemas como el tráfico y porte de armas, que sí representan un riesgo verdadero a la ciudadanía en general”.

Entre tanto, Julián Quintero, director investigador de Échele Cabeza, recomendó al nuevo Alcalde contar con una asesoría jurídica y técnica de muy alto nivel para no cometer errores.

“La mayoría de los decretos que han salido hasta el momento vienen con errores de principios, de incapacidades de interpretación del fallo de la Corte, y muchos de ellos se van a caer”, aseguró.

Para Quintero, Cali tiene la oportunidad de convocar mediante mesas de conversación a todos los actores relacionados con este tema, antes de emitir el decreto.

“Creo que el consumo no debe ser sancionado per se, sino cuando afecta la convivencia. Ahí es donde está la clave de ese decreto: que se defina bien cuándo es que se afecta la convivencia porque debe ir más allá de fijar zonas, horarios y demás, que claramente no se van a respetar, además porque la Policía no tiene la capacidad de cubrir todas las zonas y Cali es una ciudad marihuanera, que ocupa el tercer o cuarto lugar en el consumo de cannabis”, indicó.

Para Isaac Morales, coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Pares, las autoridades deben concentrarse es en perseguir a las grandes redes del narcotráfico que son las que tienen el negocio. “El plan debería concentrarse entonces en acompañar el consumo problemático, en países como Canadá hay una muy buena experiencia sobre el acompañamiento a estas personas”, enfatizó.

Verónica Peña, de la Corporación Sapiencia, aseguró que algunas personas piensan que destinar espacios de uso adulto de cannabis es algo que amenaza a niños, niñas y adolescentes. Y advirtió: “Estas estrategias que estigmatizan a los usuarios de sustancias llevan a un mayor desconocimiento, a un aumento de la criminalidad, de la violencia, al fortalecimiento de las redes ilegales, a un incremento y a un inicio del consumo, cada vez a menores edades. Esto es el resultado de las estrategias punitivas y criminalizadoras”. “Esperamos que Cali haga un cambio y que con la información sobre las prácticas de consumo de cannabis que la Corporación Sapiencia Colombia le entregó a la Secretaría de Salud y a la ESE Norte cerrando el 2023, se tomen decisiones para la regulación y sea Cali la ciudad piloto que lo realice”, puntualizó Peña.

Finalmente, Héctor Herrera, experto en seguridad, recalcó que antes de expedir un decreto, “el Alcalde debe primero hacer un diagnóstico de la ciudad. Cuáles son las zonas con más afectación por el consumo; cuáles las de mayor expendio, las líneas de narcotráfico, quiénes las lideran, porque la mayoría de las drogas se venden en bares, discotecas, universidades, parques y en las ‘ollas’ que todo el mundo conoce en la ciudad”.