Envían a la cárcel a funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali señalados de exonerar a infractores

Elementos de prueba y evidencia física pusieron al descubierto un entramado de corrupción conformado por funcionarios de la Secretaría de Movilidad y particulares, que, al parecer, exoneraban del pago de comparendos a varios infractores de normas de tránsito en Cali.

La Fiscalía General de la Nación se encargó de recopilar los elementos de prueba y la evidencia física, con la que, también, se confirmó que se trataban de 5 funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali y una mujer propietaria de un establecimiento de comercio.

Según informó la Fiscalía, los cinco servidores de la Secretaría de Movilidad fueron identificados como “Andrés Quimbayo Rojas, Juan Carlos Peña Rico, Rubén Darío Martínez Hernández, Jesús Antonio Chica Hincapié y Larry Tovar Ortega”, mientras que la mujer en mención sería Sandra Liliana Castañeda Reyes.

La información entregada por el ente acusador reveló que estas seis personas son señaladas de articularse y de poner en marcha distintas maniobras para que no se pudieran cobrar 516 multas de tránsito a 336 ciudadanos.

Los reportes indicaron que estas actuaciones ilícitas se presentaron entre los años 2019 y 2022. Además, el ente investigador informó que lo ocurrido estaría relacionada con omisiones en el cobro de 516 multas de tránsito.

De igual forma, se conoció que en algunos casos, los funcionarios habría emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno. Al parecer, estas personas recibieron a cambio 103 millones de pesos.

Es importante mencionar que el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, efectuó las capturas de los implicados en diligencias realizadas en la capital vallecaucana.

Por su parte, el ente acusador presentó a los involucrados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y cohecho propio, según sus posibles responsabilidades.

Finalmente, los procesados no aceptaron los cargos, sin embargo, deberán cumplir con la medida de aseguramiento en centro carcelario. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado de prensa.