Estos son los tres convenios de Emcali que tienen en líos a Jorge Iván Ospina y gerentes de la empresa

Bajo la lupa de la Contraloría General de la Nación hay tres procedimientos suscritos por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, en los que están enredados altos funcionarios, en su mayoría gerentes, a los que les ordenaron embargos a sus cuentas y propiedades.

Estos son: Un acuerdo para adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable Río Cali, la intermediación innecesaria en un convenio interadministrativo de más de $18.000 millones con la ERT (Empresa de Recursos Tecnológicos) y el no pago de tasas retributivas, por parte de la Empresas Municipales de Cali al Dagma.

En estos casos la Contraloría General ordenó embargar 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles tanto a contratistas como a exgerentes de Emcali.

Frente a la adecuación del canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable denominada Río Cali, la Contraloría encontró un detrimento que supera los $14.000 millones.

Según el ente de control fiscal, se acordó con MinVivienda buscar la manera de apoyar la ejecución de obras e interventoría del proyecto, y todo salió mal. Se tenían que adelantar estas obras para beneficiar a más de 700.000 personas con el servicio de agua potable, pero ni el agua ni el dinero aparecieron.

El contrato nunca se terminó porque se venció el plazo y las partes, la Alcaldía de Cali y el contratista Consorcio Aducción Río Cali, terminaron enfrentadas en un tribunal de arbitramento. El PAÍS Y SEMANA indagaron: las obras están frenadas. Por este caso, la Contraloría ordenó los embargos ya mencionados.

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Se pretenden recuperar los recursos para intentar completar la obra, pues, a juicio del ente de control, se trata de un asunto humanitario en el que está en juego el suministro de agua potable para más de medio millón de personas. Ya se compulsaron copias a la Fiscalía y la Procuraduría a fin de investigar penal y disciplinariamente lo ocurrido.

Es importante recordar que en marzo del año pasado concejales de Cali pidieron respuesta de Emcali frente al vencimiento del contrato para la construcción del Canal de Aducción de la Planta San Antonio, el cual es un túnel de 1.600 metros que pretende pasar agua del río Cali hasta la planta de San Antonio.

El segundo hecho que tiene en el ojo del huracán a Emcali frente a la Contraloría es una intermediación innecesaria en un convenio interadministrativo de más de $18.000 millones con la ERT (Empresa de Recursos Tecnológicos). El objeto del convenio puntual: “Brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali”.

Se trata de un caso más de intermediación innecesaria. La Alcaldía firma el millonario convenio con ERT, pero esta empresa termina subcontratando con terceros privados por más de $15.000 millones.

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A juicio de la Contraloría, Emcali habría podido contratar a privados por menor valor sin la intermediación innecesaria. Esta vez, la intermediación les habría costado a los bolsillos de los caleños $3000 millones.

Nuevamente, está presente la figura del convenio interadministrativo, la cual permite realizar los millonarios contratos sin licitación o concurso, que se ha vuelto una especie de juego para evadir controles.

En otras palabras, según le confirmaron EL PAÍS Y SEMANA, la usaron para saltarse la ley de contratación. “No era necesario contratar con ERT y, por eso, se abre proceso de responsabilidad fiscal”, explicaron desde el ente de control fiscal.

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El tercer caso al que le tiene la lupa del ente de control tiene que ver con el no pago de tasas retributivas, es decir, intereses de mora al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma.

Emcali, entre 2001 y 2002, tenía que pagar unas tasas de contribución o aportes y expuso todo tipo de acciones para explicar por qué no había hecho pagos esos dos años. El problema es que las acciones de cobro nunca cesaron y la deuda fue creciendo como una bola de nieve.

La omisión le salió tan cara a la ciudad que solo en intereses moratorios sumaban, casi dos décadas después, más de $66.000 millones con corte al 2019. Cuando la Contraloría estuvo en Cali indagando el tema, encontró que el Dagma, entidad de la administración de la ciudad, le condonó el 70 por ciento de la deuda de los intereses.

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Para la Contraloría se trata de un detrimento y afectación a los recursos públicos porque, pudiendo hacerlo, nunca tomaron medidas para detener las acciones de cobro, y la negligencia tuvieron que pagarla los caleños.

Pero lo más llamativo del asunto es que, cuando la Contraloría le preguntó a Emcali las razones del no pago oportuno, la excusa fue que no sabían a quién tenían que hacerle el giro de dinero.

Estos hallazgos dejan en entredicho la manera como se manejan los recursos públicos en la capital del Valle del Cauca. Las medidas cautelares no se pueden esconder y son un síntoma de que los organismos de control y la justicia están empezando a actuar.