Exclusivo, sancionados seis ingenieros por caso del colegio de la Sagrada Familia en Cali: “faltó ética y construyeron por fuera de lo permitido”

Por Hugo Mario Cárdenas López, reportero de El País

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), en fallo de primera instancia del pasado 30 de noviembre del 2023, decidió sancionar durante un año con la “SUSPENSIÓN” de su matrícula profesional a seis de los ingenieros que hicieron parte del proyecto del antiguo colegio La Sagrada Familia, en el oeste de Cali, y que como interventores o constructores permitieron que se construyeran obras que no estaban avaladas dentro de la licencia.

“Dichas obras se ejecutaron con antelación al 23 de enero del 2017, según data el acta referida; obras que posteriormente pretendieron legalizarse por el representante legal de la sociedad Jero S.A.S ante la Alcaldía Municipal y la Curaduría Urbana Uno de Cali, el día 25 de febrero y 26 de marzo de 2019 respectivamente”, señala el documento en el que se emite el fallo.

“Luego realizaron la protocolización de un aparente silencio administrativo positivo ante la Notaría 14 del Circuito de Cali en escrituras públicas No. 905 del22 de mayo de 2019 y No. 1058 del 06 de junio de 2019. Lo anterior, solo da cuenta, justamente de un intento por “legalizar las modificaciones” ejecutadas en el proyecto “Hotel La Sagrada Familia” sin permiso previo de la autoridad competente”, señala la Resolución.

Los sancionados disciplinariamente son los ingenieros civiles Leidy Viviana Arias Londoño, residente de interventoría de la firma Gandini y Orozco Ltda Ingenieros; el ingeniero civil Luis Alfonso Rojas González, residente de interventoría de la firma Gandini y Orozco Ltda Ingenieros, y el ingeniero Juan Carlos Zapata Zambrano, residente de obra de la sociedad Estrumetal Inversiones S.A.S.

Igualmente, la sanción cobija al Ingeniero sanitario Italo Eugenio Gandini Price, de quien dice el documento que actuó contrario a los parámetros comportamentales de un profesional ético, lo mismo que el Ingeniero sanitario Osbert Orozco Pérez, y el Ingeniero civil Danny José Romo Santa.

Según el documento del Copnia, estas personas trasgredieron el Código de Ética que orienta su ejercicio profesional. “Todo profesional de la ingeniería civil, indistintamente del rol que desempeñe en la ejecución o en el seguimiento técnico de un proceso constructivo, le corresponde la obligación de verificar y sujetarse en todo momento a los lineamientos indicados en los planos aprobados por la autoridad competente”.

El abogado Hernando Morales, quien representa en este proceso a algunos de los disciplinados, indicó que la decisión es “arbitraria” porque “les prescribió cualquier acción; en esto están los términos más que vencidos para el proceso disciplinario”.

“Se basan (el Copnia) en la supuesta sanción que impuso el Municipio, que no determina absolutamente nada. Claro que apelamos esa decisión y tenemos fe en que la segunda instancia se tiene que resolver favorable porque si lees los argumentos de la imputación y la sanción, no se dice qué fue lo que hicieron; los sancionan sin argumentos”, asegura Morales.

De otro lado el abogado Elmer Montaña, la contraparte en este proceso, aseguró que “el abogado (Hernando) Morales utilizó la consabida estrategia de dilatar para que el caso prescribiera, pero fracasó en ese intento”.

“Estos ingenieros obraron de manera dolosa y a sabiendas de que no contaban con los permisos correspondientes levantaron varios pisos por encima de lo autorizado... Cuando las funcionarias de la alcaldía encargadas de la protección de los bienes culturales de la ciudad advirtieron la irregularidad, tomaron las decisiones correspondientes para evitar que la obra siguiera adelante. La respuesta de Morales fue denunciarlas penal y disciplinariamente”, recordó Montaña.

Frente a la decisión del Copnia, aseguró que de esta manera cierra con broche de oro un caso aberrante de abuso del derecho por parte del constructor y su abogado. “Por fortuna la Procuraduría y la fiscalía les archivaron las investigaciones (a las exfuncionarias de la Alcaldía), reconociendo que habían actuado conforme a derecho y en cumplimiento de sus funciones. Gracias a estás valientes funcionarias se impidió un daño irreparable a la edificación donde funcionó el colegio la Sagrada Familia.

De otra parte, el municipio se salvó de una demanda por $65.000 millones que presentó Morales y que le fue fallada en contra por un juzgado administrativo de Cali.