Exfuncionarios del Hospital Geriátrico San Miguel de Cali, a responder por miles de millones embolatados

Varios funcionarios del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E. S. E. fueron objeto de un pliego de cargos de la Personería Distrital de la ciudad de Cali, debido a la comisión de presuntas irregularidades en la celebración de contratos.

Esta medida cobija al representante legal de dicha institución, Héctor Fabio Cortés López, la subgerente administrativa y financiera Jennifer Cruz Truque; así como la profesional universitaria del centro asistencial Zoraida Ortiz Quintero.

De acuerdo con la Personería, estos no registraron ni contabilizaron en el presupuesto de los años 2021 y 2022 ninguna de las donaciones recibidas por empresas o particulares, las cuales tampoco aparecen en las cuentas que tiene el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E. S. E. en las diferentes entidades bancarias.

La personera delegada que se encargará del juzgamiento a estos funcionarios públicos será a quien se le asigne el expediente, el cual califica provisionalmente la falta cometida como grave a título de culpa gravísima.

Desde hace varios meses, se conoció que en San Miguel se estaba viviendo una grave crisis financiera, ya que los propios trabajadores manifestaron su preocupación porque más de 300 adultos mayores que residen en el lugar ni siquiera contaban con la alimentación básica para cada día.

Después de que se supo lo que estaba sucediendo, la Contraloría de Santiago de Cali adelantó una auditoría especial debido a que el municipio recauda una cantidad de recursos que está destinada a la atención óptima de este grupo poblacional, a través del impuesto tributario de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.

Precisamente, esta investigación permitió 17 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen incidencia disciplinaria, seis repercusión fiscal y una incidencia penal, debido al uso presuntamente irregular del dinero destinado a este lugar para atender a los abuelos y abuelas de la ciudad durante las vigencias 2021, 2022 y los tres primeros meses de 2023.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que de los 32.000 millones de pesos que fueron recaudados durante las vigencias objeto del análisis, existe un presunto detrimento patrimonial que asciende a los 3.517 millones de pesos, sobre los cuales no hay ningún registro claro de inversión.

Las investigaciones de la Contraloría señalan también que más de 150 contratos fueron financiados con dinero que debe ser destinado a la atención de los adultos mayores, aunque en realidad estos no tenían nada que ver con el bienestar de este grupo de personas altamente vulnerables.

En uno de los apartados del informe se puede leer que la Secretaría de Bienestar Social celebró contratos para realizar proyectos que no están contemplados en el marco normativo aplicable, para los cuales se asignaron recursos del balance y de rendimientos financieros de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, aunque en realidad jamás se cumplió con su ejecución.

Tampoco sale bien parada en el informe del organismo de control la Alcaldía de Cali, ya que se mencionan muchos casos en los que no se ha dado protección a las personas que habitan en el centro geriátrico, porque la contratación se lleva a cabo tres o seis meses después de haberse dado inicio a la vigencia.

Este año la gerencia del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel fue asumida por Sandra Marentes Astaiza, quien presentó ante el Ministerio de Hacienda un programa para alcanzar el saneamiento fiscal y financiero, después de la serie de posibles irregularidades que fueron encontradas.

La profesional explicó que el objetivo es evitar una intervención de la Superintendencia de Salud y mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el lugar; a través de nuevos convenios con empresas para el abastecimiento de alimentos, y con universidades para las prácticas de sus estudiantes.

Igualmente, se realizaron cambios en las minutas de alimentación para lograr que sea más balanceada y ajustada a las necesidades de los adultos mayores, a la vez que se trazó un plan de austeridad que ha contado con apoyos muy importantes como el del Concejo Distrital de Santiago de Cali, el cual aprobó la condonación de 2.300 millones de pesos que adeudaba la institución por concepto de impuesto predial y valorización.