Familia caleña ‘quedó en la calle’ luego de un controvertido caso de extinción de dominio: Conozca los detalles

La familia Mejía Jaramillo, la cual está compuesta por personas trabajadoras y con un negocio de transporte que llevaba décadas en Cali, fueron víctimas de un caso judicial donde presuntamente se compraron testigos, hubo ofrecimientos ilegales y declaraciones inventadas.

Y es que sin saberlo, sus finanzas fueron vinculadas a Pablo Catatumbo de las Farc y dos desmovilizados de la exguerrilla comunicaron a la Fiscalía que los miembros de la familia eran testaferro del cabecilla, ahora congresista, por lo que fueron despojados de todos y cada uno de sus bienes hasta dejarlos en la calle, como quedó evidenciado en una públicación de SEMANA.

Posteriormente, testigos que usó la Fiscalía se retractaron y aseguraron que fueron presionados, intimidados y sobornados con el objetivo de que prestaran declaración bajo juramento de que la familia estaba aliada con las Farc y colocaban sus bienes a su nombre para despistar a las autoridades. Por ello, el ente acusador comenzó a investigar, lo que desembocó en la ocupación, con fines de extinción de dominio, del patrimonio familiar.

“Yo me comprometo con usted y sus compañeros que nos puedan colaborar, tenemos 50 personas detrás de este caso, y son 5.000 millones de pesos que les vamos a dar entre las 50 personas, y les vamos a dar el 50 por ciento para que lo tengan en cuenta, eso sale entre noviembre y diciembre”, dijo uno de los testigos en su declaración.

Además, los desmovilizados entregaron detalles de cómo un fiscal de extinción de dominio, un investigador del CTI y un suboficial del Ejército eran los encargados de contactarlos y ofrecerles dinero a cambio de su testimonio y cuando los hombres se negaban a actuar, estas autoridades los amenazaban con retirar el registro como desmovilizados en el Ministerio de Defensa, por lo que perderían los beneficios convirtiéndolos en criminales comunes, indicó dicho medio de comunicación.

“El doctor Barberi incluso me dijo: si usted viene y colaboramos con estos manes, los mandamos para Estados Unidos, a usted y su familia. Yo le dije: jefe, es que me queda muy difícil irme para Bogotá, estando recién entrado a trabajar; me queda difícil pedir permiso, no tengo quien me reemplace. Como tres o cuatro veces me insistió y yo siempre le sacaba el cuerpo”, dijo el testigo en medio de su retractación.

Según SEMANA, además de su palabra, los testigos aportaron las pruebas a la Fiscalía, como conversaciones por WhatsApp con el fiscal Fernando Barberi, el investigador del CTI y el suboficial del Ejército. En estos chats se puede apreciar los ofrecimientos y la manera en que se convirtieron en amenazas cuando estos los hombres se negaron a actuar. “Lo que pasa es que ustedes son desmovilizados y deben colaborar o si no les mando quitar el Coda (registro para desmovilizados en MinDefensa) y las cosas van a ser de otro modo”, decía la conversación.

Además, los testigos afirmaron que no tuvieron que declarar, puesto que, según ellos, el documento ya estaba diligenciado y solamente hacía falta firmarlo.

Así engañaron a los testigos

“Ellos me decían que tenía fincas para la parte alta de Buga y Palmira, entonces todas las personas que tengan una o dos fincas son testaferros de Pablo Catatumbo. Como ellos sabían que tenía empresas de transportes, parqueaderos, fincas, querían quitarle todo el dinero, incluso dijeron que todas esas propiedades valen 5.000 millones de pesos y que a nosotros los testigos nos iban a dar el 5 por ciento”, se aseguró en uno de los apartes de la retractación.

De la misma manera, los dos desmovilizados reconocieron que no conocían a las personas a quienes señalaban como testaferros de la guerrilla, nunca los habían visto y que las propiedades incautadas por la Fiscalía nunca estuvieron en el inventario de Pablo Catatumbo, por lo que las primeras declaraciones fueron producto de inventos.

Sin embargo, a día de hoy, la herencia de la familia Mejía, los vehículos de su empresa ya están oxidados en la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Las campaañías y las propiedades, que según la Fiscalía estaban avaluados en más de 100.000 millones de pesos, están completamente inutilizados y parece imposible que puedan repararse en caso de que el proceso judicial avance favorablemente para la familia.