¿Hay persecución contra los establecimientos de comercio nocturno en Cali? Las razones que lo comprobarían

Todo un compendio de denuncias en los últimos dos meses ha puesto sobre la mesa una presunta persecución que se estaría cometiendo en contra de los establecimientos de comercio nocturno en Cali, con la intención de cerrarlos.

La forma de lograr los cierres se daría tras pedir un par de requisitos relacionados con las normas del uso del suelo consagradas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali, las cuales, de acuerdo con las denuncias, no tendrían por qué solicitarse.

Por ejemplo, en el mes de octubre del 2022, el inspector de policía de la Comuna 2 de Cali inició un proceso de verificación de documentos y cierre al establecimiento de comercio Purgaditos Discoteca, del barrio San Vicente, en el norte de la ciudad.

Con el Departamento de Planeación Municipal se constató que el uso de suelo es mixto, lo cual permite el desarrollo de esa actividad comercial. De hecho, una carta emitida por la Subsecretaría de Acceso a los Servicios de Justicia sobre el caso el 21 de octubre señalaba que “para la fecha, Purgaditos Discoteca se encuentra en regla con los procedimientos y requisitos de ley”.

Sin embargo, el inspector de policía procedió a solicitar un Esquema de Implantación y Regularización (EIR), con el cual no contaba el negocio, por lo que se ordenó la suspensión definitiva de la actividad y el establecimiento fue cerrado.

Juan Martín Bravo, concejal de Cali que ha liderado las denuncias de los dueños de los negocios, aseguró que el inspector está desconociendo la ley y que la Alcaldía está extralimitándose en sus capacidades.

“Aquí hace ya nueve años que se hizo el POT y se inventaron un trámite que no está estipulado y es el famoso EIR, pero la ley de orden nacional dice que no se puede pedir ningún requisito adicional, como lo es ese EIR”, explicó.

El concejal hace referencia a la Ley 1801 del 2016, es decir, al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual dice, en su artículo 87, que uno de los requisitos a cumplir para tener actividades económicas en el país es ceñirse a “las normas referentes al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación”.

Sin embargo, en el parágrafo segundo del mismo articulado se indica que “ninguna autoridad podrá exigir licencia, permiso o requisito adicional de funcionamiento, para el desarrollo de actividades económicas salvo lo previsto en la ley”.

El concejal Juan Martín Bravo advierte que como el Código de Convivencia es una ley del orden nacional y prevalece sobre las locales, la Alcaldía no puede pedir un EIR por ser un documento adicional.

¿Cuál sería el objetivo de la supuesta persecución? Cobrar coimas o conseguir otros beneficios a cambio de no cerrar los comercios. “La gente no denuncia por temor a represalias, pero yo tengo mensajes de WhatsApp en los que me han dicho cosas como —mire, me están pidiendo 40 millones para no cerrar mi establecimiento—, lamentablemente casi nadie se atreve a denunciar esto públicamente”, agregó Bravo.

Desde el interior del gremio de los negocios confirmaron que sí existe una presión innecesaria a los negocios.

Manuel Pineda, presidente para el Valle de la Asociación de Bares de Colombia, Asobares, dejó claro que las autoridades locales no pueden interpretar la ley y exigir documentos adicionales buscando convertir en ilegales a los negocios para después presionarlos.

“Lo que estamos haciendo nosotros es un llamado a los establecimientos para que denuncien esos casos en los que hay extralimitación por parte de los funcionarios y que hay presiones que, en muchos casos, se prestan para llegar a casos de corrupción”, expresó el directivo.

Los establecimientos en Cali logran cada vez más su formalización -continuó Pineda-, intentando tener un “sinfín” de requisitos que les son solicitados, por lo que lamentó que se esté desarrollando esa persecución.

Tras conocer el panorama, Julián Bonilla, abogado especializado en Urbanismo, expresó que sin duda existe una extralimitación por parte de las autoridades en la interpretación y aplicación de la Ley 1801, la cual, siguiendo al pie de la letra lo que indica, solo permitiría pedir el concepto de uso del suelo y la licencia de construcción, en lo que a documentación se refiere.

“¿Por qué? Porque estamos hablando que el inspector, para aplicar su poder, no va al Plan de Ordenamiento Territorial a verificar una checklist de qué se necesita o no, eso está en el Código de Policía, están los requisitos ahí establecidos y dice en el parágrafo 2 que no me pueden pedir nada más. ¿Que Planeación pueda seguir expidiendo el EIR? Posiblemente sí, pero no como requisitos para el funcionamiento del establecimiento”, detalló.

El jurista agregó que cuando se definió en el POT del 2014, y que impuso a los negocios contar con este documento, se fue en contravía de un proceso histórico de la ley antitrámites, que en últimas busca que no sea tan difícil la generación de emprendimientos. Por tanto, opinó que esto es algo que debería haberse modificado en su momento, y que tendrá que ser ajustado para el Plan de Ordenamiento del 2028.

“La intención del legislador (en la Ley 1801) es clara, busca establecer unos requisitos mínimos para el funcionamiento de los negocios, para no bloquear el emprendimiento, sabemos que estamos en un país donde las pymes son las que generan el 80% del empleo. Todo ese contexto hay que tenerlo en la cabeza para poder hablar de esta discusión”, resaltó el abogado.

“Si los cierran es porque no están cumpliendo la norma”

Desde la veeduría ciudadana Cali Sin Ruido aseguraron que las autoridades llegan a los establecimientos porque existen quejas por parte de la comunidad por los impactos de estos lugares, no porque haya nada en su contra.

“PilRose, Purgaditos, La Purga y The Beach; si les han cerrado es porque no tienen los documentos, así de sencillo. Los comerciantes caleños abren establecimientos sin siquiera ir a Planeación a mirar todo esto y la comunidad no está tan desocupada para enceguecerse con un negocio, es porque hubo una afectación”, sostuvo Darschan Ocampo, una de las voceras de ese movimiento.

De hecho, integrantes de la veeduría consideraron que en Cali muchas personas no cumplen con el uso del suelo y, además, afectan a los vecinos, mientras la Administración ha sido permisiva de una manera extraña con estos comercios.

“Hay negocios que durante 30 años han estado con un uso del suelo errado, entonces el decir de los propietarios es: -Pero es que a mí nadie nunca me ha dicho nada-, y entonces no sabemos si es que realmente nadie le dijo nada o que hay corrupción y lo que ha pasado es que por debajo de la mesa ha ocurrido algo para que los inspectores sencillamente ignoren esos documentos que debería tener el negocio”, señaló Adriana Bermúdez, veedora de Cali Sin Ruido.

Tras indagar con la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía, desde la entidad explicaron que no es cierto que haya un cierre de varios negocios.

José Heberth Calle, subsecretario de IVC, manifestó que en el último año, como mucho, se habrán cerrado dos establecimientos de comercio de manera definitiva por la falta de documentos.

El País también intentó obtener respuesta del subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia, César Lemos, pues los inspectores de policía de la ciudad están adscritos a su dependencia, sin embargo, no se obtuvieron declaraciones del funcionario.

¿La ley es para todos?

Otra irregularidad denunciada sostiene que los inspectores de Policía solo se ensañan contra algunos negocios, pues existen algunos que serían “intocables”.

“Yo tengo entendido que el inspector de la Comuna 2 es muy activo cerrando negocios, pero por qué con unos duermen los procesos y con otros no, por qué el de la Comuna 19 no actúa igual con la Carpa La 50 y por qué el de la Comuna 17, que es el mismo del de la Comuna 2, tampoco lo hace con la Carpa de la 66″, cuestionó el concejal Juan Martín Bravo.

La excusa de los funcionarios, agregó, es que esos procesos están en curso, pero criticó que esto puede acumular varios años, mientras a ciertos establecimientos les hacen todo el proceso en menos de un mes.