¿Hay 'trabas' para el control político en el Concejo de Cali?, esto dice la oposición

Episodios registrados en las sesiones del Concejo de Cali han generado la sensación de que la coalición mayoritaria se ha dispuesto a cerrar filas en defensa de la Administración del alcalde Jorge Iván Ospina, con lo que a la minoría independiente se le ha complicado la tarea de ejercer un verdadero control político.

Uno de esos momentos ocurrió a principios de junio, cuando la corporación votó negativamente en plenaria virtual una propuesta del conservador Juan Martín Bravo para citar a los secretarios de Seguridad y de Bienestar Social de Cali para que dieran explicaciones sobre dos contratos firmados por esas dependencias para atender la emergencia por el Covid-19.

En esa ocasión, el citante solo fue respaldado por Roberto Ortiz, Diana Rojas y Fernando Tamayo, lo que suscitó una lluvia de críticas entre la opinión pública. Sin embargo, algunos cabildantes señalaron que las proposiciones presentadas por Bravo tenían un sesgo político y que no se podía someter a la Administración Municipal a un “profundo desgaste”.

Y hace pocos días le ocurrió al también concejal conservador Fernando Tamayo, quien presentó una proposición para citar al presidente de Metrocali para debatir sobre la situación del MÍO. No obstante, varios cabildantes de la coalición de Gobierno, que habían estado presentes en la sesión virtual, se desconectaron, con lo que se rompió el quórum.

Solo Juan Martín Bravo, Milton Castrillón, Ana Erazo, Roberto Ortiz, Roberto Rodríguez, Diana Rojas, Harvy Mosquera y Alexandra Hernández respondieron al llamado de Tamayo, quedando en el aire la duda de si se trató de un problema de conexión colectivo o si fue algo a propósito.

Bravo considera que el Concejo de Cali ha realizado un control político “somero”, debido a que los cabildantes cercanos a la Administración Municipal “ha cuidado” los intereses de esta, “defendiendo y protegiendo algunos temas que pueden ser unos puntos álgidos para la misma”.

“El control político no se debe malinterpretar. En mi opinión, es la oportunidad para la Administración de demostrar que está haciendo las cosas bien y para el Concejo, de cumplir con la razón de ser de la corporación”, asegura el cabildante que se estrenó en enero pasado en la corporación.

Añade que “no es el mejor concejal quien aplaude todo lo de la Administración, sino quien ayuda a enderezar el camino del barco para que este tenga un buen navegar”.

Tamayo, por su parte, opina que resulta paradójico que el Gobierno Municipal no interfiera ni censure el actuar del Concejo y, sin embargo, en la corporación “haya personas que resultan siendo ‘más papistas que el Papa’”.

“En el afán de mostrarse y convertirse en escuderos generan situaciones que, en vez de favorecer a una Administración, terminan poniendo en duda situaciones que no son generadas ni por directriz, ni por intención de la misma Administración”, dice Tamayo.

Agrega que, para que una administración funcione, “lo peor que se puede pensar es que, dándole palmaditas en el hombro y diciéndole que todo está muy bien, va a funcionar. El juego de pesos y contrapesos ayuda a que no se pierda el rumbo”.

Cabe recordar que de las nueve bancadas que conforman el Cabildo, seis anunciaron, desde el inicio de este año y de acuerdo con el Estatuto de la Oposición, que harían coalición con el Alcalde de Cali: Alianza Verde, Liberal, de la U, Cambio Radical, Polo Democrático y Colombia Renaciente.

Los partidos Conservador, Centro Democrático y Colombia Justa Libres se declararon independientes.

Ante los cuestionamientos, Ana Leidy Erazo, del Polo, afirma que no es cierto que se esté negando el control político o vetando a determinados concejales, puesto que solo se han negado dos proposiciones “porque ya se había ejercido control político sobre esos temas”.

“Desde esta curul planteamos cuatro debates de control político muy críticos hacia el Gobierno de Jorge Iván Ospina y me fueron aprobados, lo cual, con hechos, negaría que aquí se está cercenando el control político o negándole los derechos a los concejales”, señala.

La cabildante enfatiza en que “no hay prelación sobre las mayorías, al contrario todos los concejales y concejalas que han presentado proposiciones tienen fecha para sus debates de control político”.

Por su parte, el independiente Roberto Ortiz dice que si bien se podría pensar que hacer control político en la ciudad “es remar contra la corriente”, no considera que sea así.

Afirma que aunque las mayorías le han dado más nivel de maniobra al alcalde Ospina, hay otros mecanismos con los cuales se puede ejercer la labor de control: “Ir al territorio, establecer diálogos ciudadanos sobre temas de interés, usar las redes sociales...”.

A su vez, la liberal Diana Rojas -quien a pesar de pertenecer a una bancada de coalición se ha mostrado independiente-, señala que ha aprendido que “denunciar o empujar” un tema no necesita de un agendamiento.

“Es claro que hacer un buen debate de control con la opinión pública es el mejor destornillador que existe y no se necesita ninguna coalición o negociación previa”, sostiene la concelaja, quien agrega que “las coaliciones son dañinas cuando no tienen otro objetivo que ser comité de aplausos por omisión o por exceso de confianza con la Administración”.

El segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Cali, que se realiza de manera virtual desde el pasado mes de abril, se extenderá más allá del 31 de julio, cuando está previsto que termine.

De hecho, el cronograma de trabajo de la corporación ya incluye actividades programadas hasta el próximo jueves 6 de agosto
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Según supo El País, el Cabildo caleño decidiría de manera autónoma extender el actual periodo ordinario por diez días más, lo cual es legalmente válido.

El principal objetivo de esta prórroga sería estudiar el proyecto que acaba de presentar la Administración local pidiendo facultades para que el alcalde Jorge Iván Ospina pueda modificar el presupuesto del Municipio de Cali.

Pero de no terminar el trámite en ese tiempo, no se descarta que el Mandatario cite a los miembros de la Junta Directiva de la ciudad a sesionar de manera extraordinaria por espacio de una semana.
Esta última alternativa se deberá ratificar con un decreto expedido por el alcalde Ospina en los primeros días de agosto.

Como se recordará, esas facultades estaban incluidas en el Plan de Desarrollo, pero finalmente fueron retiradas del mismo.