La historia de hipotecas, expulsiones, amenazas y denuncias por el control de la Unión Sindical Emcali

La batalla jurídica que sostienen dos juntas directivas por asumir el control de la Unión Sindical Emcali (USE), el más importante sindicato de las Empresas Municipales de Cali, después de Sintraemcali, es una lucha sin cuartel.

Ningún esfuerzo se han ahorrado las partes cuando se trata de radicar tutelas, solicitar medidas cautelares, apostar al desprestigio del adversario con estrategias mediáticas, lanzando improperios a través de redes sociales o grupos de WhatsApp o presentando denuncias por delitos como concierto para delinquir, falsedad en documentos y fraude procesal.

Una puja iniciada casi desde el momento de la fundación de la USE, en abril del 2010, que arreció en los últimos años y cruzó lo interno e institucional para establecerse en el plano judicial. Fue así como el 13 de septiembre del 2023 un juez laboral del Circuito de Cali otorgó medidas cautelares y avaló como representante legal de la Unión Sindical Emcali a Harold Viáfara González.

“En el Auto 170 del Juzgado 20 Laboral está todo claro. Téngase a Harold Viáfara González como representante legal de USE a partir del 13 se septiembre de 2023. Es un mal perdedor y además, malagradecido. Yo le llevé a la Junta Directiva de USE fundada el 13 de abril de 2010. Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, asegura Harold Viáfara.

A quien se refiere el ahora representante legal de USE es a José Roosevelt Lugo, quien fuera el titular de la Unión Sindical Emcali antes de que el Juez 20 Laboral del Circuito de Cali borrara, de un plumazo, la junta directiva elegida mediante votación por los afiliados y que durante años estuvo al frente de la organización.

“No es cierto lo que dice. La USE se creó entre varios dirigentes en el 2010; en ningún caso fue Harold Viafara el creador y antes de la elección que promociona, hizo fraude para lograr un certificado de junta de fundadores que no existía y que ya habían pasado 10 años. Este certificado lo logró el 26 de marzo y luego hizo un video, estando expulsado del sindicato, diciendo que había dado un golpe de estado y en mayo apareció diciendo que reformó estatutos e hizo elección y esto en tiempos de pandemia”, indica Lugo.

“Después de tres años y medio de insistir mediante más de 30 tutelas y 14 acciones laborales con idénticas pretensiones, lograron que sospechosamente el juez 20 laboral del Circuito de Cali, el señor Ómar Martínez, denunciado por prevaricato, les otorgara derechos mediante una medida cautelar que ya habían negado otros despachos”, asegura Lugo.

Pero no es solo la titularidad de la Unión Sindical Emcali la que está en juego. Además del control de un sindicato que tiene alrededor de mil afiliados, también está en disputa el manejo de los $1.680 millones que las Empresas Municipales (Emcali) debieron entregar este año a la Junta Directiva de USE como parte de la convención colectiva de trabajo.

Millonarios recursos

La Unión Sindical Emcali USE nació en abril del 2010 con 87 personas y producto de una división generada al interior de Sintraemcali. “Varias personas sentimos que el momento de la lucha había que recogerlo y no quedarnos solo en el discurso sino trascender; lo que significaba empezar a entregarle algo a la comunidad y retribuirle también algo a la empresa. La tesis era avanzar”, explica Roosevelt Lugo, quien llegó a la Presidencia de la USE en el 2014.

Producto de la convención colectiva negociada por Lugo, Emcali traslada millonarios recursos para el funcionamiento de la USE y para varias iniciativas y proyectos que se ejecutan con las comunidades. Ese dinero es también eje de la disputa entre ambos dirigentes.

“La medida cautelar mediante Auto 170 del 13 de septiembre de 2023 (...) le ordena a Emcali entregarnos los recursos económicos. Si no los entrega, el sindicato no puede funcionar”, explica Harold Viáfara.

Al respecto, señala Lugo que han llevado a Emcali al error porque lo que se ordena es otorgarle un reconocimiento, pero no el dinero que es de los trabajadores. “Emcali debió poner la plata en un depósito del Banco Agrario porque es una medida temporal, pero le entregaron todo el dinero, $1.680 millones, a Viáfara y estarían inmersos en un peculado por destinación indebida de recursos. Si la medida se cae, si el tribunal revoca la decisión, ¿quién responderá por ese dinero? ¿Cuánto tendrá Viáfara que se dedicó a regalar bonos?”.

Ante esta situación, Édison Zambrano, director Jurídico de Emcali, explicó que es cierto que la medida cautelar es una decisión provisional proferida por el Juzgado 20 Laboral y que la medida sí ordena pagarle a la junta directiva de USE, representada por Hárold Viáfara, todo reconocimiento legal y convencional como figuras de dicho sindicato.

“Emcali interpuso recurso de apelación en contra de esa medida cautelar que está pendiente de resolverse ante el Tribunal Superior de Cali-Sala Laboral. Sin embargo, en virtud de lo establecido en las normas procesales, ese recurso se concedió en el efecto devolutivo, el cual no suspende la ejecución de la decisión, por ende, la decisión está vigente desde el 2023 y es exigible hasta la fecha en que sea revocada”.

“La decisión ordena a Emcali entregarle los dineros directamente a la junta representada por Hárold Viáfara, sin embargo, no se fijó una caución para responder por cualquier perjuicio derivado del decreto de esta, razón por la cual, a través del apoderado, se procedió a constituir títulos de depósito judicial ante el Juzgado 20 Laboral, quien ha entregado directamente los dineros al beneficiario de la medida. En caso de que la medida sea revocada, Emcali no es responsable por los dineros, en la medida en que actuó en cumplimiento de una orden judicial”, explica el Director Jurídico de Emcali.

Sacaron la ropa al sol

La pelea por el control de la USE ha trascendido también el plano legal para cerrarse en una puja personal entre Viáfara y Lugo, quienes se han expulsado mutuamente de la Unión Sindical.

El primero en ser expulsado de USE fue Harold Viáfara en 2020 por, presuntamente, “montar una empresa de fachada de nombre Wahvcol S.A.S. para hacer trámites de servicios públicos ante Emcali y tenía denuncias de usuarios del Centro Comercial Panamá de haberse lucrado de gestiones en materia de servicios públicos, y luego fue administrador y terminó quedándose con algunos locales. Además tenía un permiso remunerado sin estar haciendo gestión alguna por el sindicato y es expulsado por la comisión de ética de USE”.

“Tengo una empresa personal dedicada a cobrar cuotas de administración atrasadas en unidades residenciales y comerciales como el centro comercial Panamá, a través de un representante legal registrado ante la Cámara de Comercio de Cali. Ese representante no soy yo. Jamás la empresa ha cobrado servicios públicos”, respondió Viáfara.

Pero también el pasado 15 de abril, la nueva junta directiva expulsó a Lugo y otras tres personas. “(...) no nos haremos responsables por los entuertos y/o trapisondas que estos personajes acuerden o negocien con terceros, ya que los ex afiliados a USE, como Ever Hidalgo, Carlos Sandoval y Líderman Muñoz, siguen haciéndose pasar como representantes y directivos del sindicato USE”.

La actual Junta Directiva denunció además que Lugo había hipotecado la sede de la Unión Sindical, que sigue bajo su poder, y que no ha sido entregada a la junta que avaló el Juez 20 Laboral de Cali.

“Es cierto; se hipotecó en $200 millones porque al sindicato entrarían $1680 millones y de ahí pagaríamos la hipoteca y todo volvía a quedar igual porque el dinero estaba. Todo se hizo ajustado a derecho y fueron los afiliados quienes votaron el 29 de noviembre esa medida, pero estaban en asamblea permanente desde el 2 de octubre y como parte de la autonomía sindical, y era para tener los recursos para pagar operación, salarios y prestaciones laborales y seguridad social de quienes aquí trabajan porque nos dejaron sin recursos”, señaló Lugo.

“Yo no tomo decisiones personales. Los afiliados votarán que efectivamente había que conseguir recursos y como tercera opción teníamos la hipoteca de la sede. Pero el mismo Juez 20 Laboral, amigo de Viáfara, nos persiguió con la medida cautelar y no dejó que los bancos nos prestaran dinero y nos tocó hipotecar la sede con otra institución porque definitivamente con los ingresos que íbamos a tener ahora, que ya el juez se los entregó a otra junta directiva, íbamos a pagar”, explica Roosevelt Lugo.

Lo que puedo concluir, asegura Viáfara, “es que Lugo es un farsante. Entregó los derechos de los trabajadores por puestos en Emcali para su familia. Hipotecó la sede del sindicato por $208 millones y esos dineros no ingresaron a las cuentas del sindicato. Se apoderó de ellos y ya está denunciado ante la Fiscalía por eso. Es un bandido con saco”.

Al respecto, indicó Lugo que: “Nunca he entregado derechos de los trabajadores, por el contrario, hoy se mejoró la liquidación de cesantías para ellos y tenemos la mejor convención colectiva de trabajadores que hoy existe en Emcali”.

“Mi hija ingresó a Emcali hace dos años y medio porque trabajó en campaña con Jorge Iván Ospina y trabajó con el Partido Verde; tengo una hermana que trabaja en la empresa hace 25 años, que fue asistente de Alexánder López y luego se ganó un concurso, al igual que mi hermano; y mi exesposa trabajaba en Emcali cuando la conocí. Lo que pasa es que Harold Víáfara es un hombre que juega mucho con la falsedad, cuenta sus mentiras como ciertas. Es un mitómano”, finaliza Roosevelt.

El silencio del juez 20 laboral del circuito de Cali

La desgracia de la Unión Sindical Emcali USE, según José Roosevelt Lugo, presidente de la Junta Directiva que fue desconocida por el fallo que le otorgó medidas cautelares al grupo de Harold Viáfara, “fue el juez 20 laboral del Circuito de Cali, Ómar Martínez González”.

“Toda acción que se presenta ante el Juez 20 Laboral del Circuito de Cali se la cuentan de inmediato a Hárold Viáfara. Nosotros tenemos denunciado al juez, pero también Estefany Cerezo está denunciada por prevaricato; ella es prima de la esposa del mismo magistrado que impulsó a que Ómar Martínez González llegara a ser el juez 20 laboral del circuito de Cali. Todos tienen una conexión que es bastante fácil hacer notar. En este caso se violentaron todos los temas de imparcialidad y transparencia de la justicia y por eso terminamos ante una actuación calculada y muy bien organizada, viendo cómo le otorgaron una medida cautelar al grupo de Viáfara”, aseguró Lugo.

Al respecto, indicó Viáfara que ni siquiera fue él quien interpuso la demanda laboral. “La demandante es la señora Beatriz Constanza Polo”.

Sin embargo, insiste Roosevelt Lugo, “la participación de Harold Viáfara en el Juzgado 20, si se miran los registros, es asombrosa. Si bien él dice que no es el demandante, es el directo beneficiario de la medida de Beatriz Constanza Polo. Pero adicional a ello, si se miran los registros, participa como si fuera el abogado y el abogado se llama Giovanni Sánchez, pero curiosamente el que más participa en ese despacho haciendo memoriales es Harold Viáfara, quien finalmente termina siendo el más beneficiado”.

Ante la gravedad de las denuncias por presunto favorecimiento que se han hecho contra el juez 20 Laboral del Circuito de Cali, El País buscó el pasado jueves en su despacho a Ómar Martínez González, pero el personal en su oficina aseguró, luego de conocer la razón por la que estábamos allí, que no se encontraba.

No obstante, se le dejó al juez un número de contacto para que se comunicara y pudiera responder a los señalamientos, pero al cierre de esta edición no había ningún intento de contacto del señor Martínez.

También el Departamento Jurídico de Emcali aclaró que no ha sido la empresa la que le ha entregado los recursos a la Junta Directiva que avaló el Juez, sino que ha sido el propio Juzgado 20 el que ha ordenado el retiro de recursos de la cuenta judicial.

“La decisión ordena a Emcali entregarle los dineros directamente a la junta representada por Hárold Viáfara, sin embargo, no se fijó una caución para responder por cualquier perjuicio derivado del decreto de esta, razón por la cual, a través del apoderado se procedió a constituir títulos de depósito judicial ante el Juzgado 20 Laboral, quien ha entregado directamente los dineros al beneficiario de la medida”, dijo el director jurídico de Empresas Municipales, Édinson Zambrano.

Reiteró que: “En caso de que la medida sea revocada, Emcali no es responsable por los dineros, en la medida en que actuó en cumplimiento de una orden judicial, cuya validez no fue afectada o revocada durante el término que estuvo vigente. Sumado al hecho de que quien ha entregado los dineros ha sido el despacho judicial. Así las cosas, Emcali no pagaría dos veces los conceptos relacionados con aportes y auxilios de que son beneficiarios USE y sus afiliados y, por ende, el riesgo de detrimento patrimonial no es más que una descontextualización”.

“No puedo decir que toda la justicia está contaminada, creo que hay todavía gente de carrera y que hace bien su trabajo. Sé que el magistrado ponente, Álvaro Muñiz Afanador es muy serio, y creo que en estricto derecho esa medida habría que revocarse y hacer un análisis de lo que pasó porque en Colombia jamás, en el mundo sindical, se había emitido una medida cautelar ‘innominada’ y que llevara a la catástrofe a una organización sindical”, concluye Lugo.