Investigación: ¿quién se está robando los predios de la Hacienda Cañasgordas?

Exministro Jorge Bendeck, quien figura como vendedor, dijo que no firmó el documento. Notaría certificó que esa escritura no existe.

Con maniobras fraudulentas, que habrían incluido la falsificación de la firma de un ministro  y escrituras al parecer también apócrifas, particulares se habrían adueñado de más  de 28.000 metros cuadrados de la tradicional Hacienda Cañasgordas, ubicada al sur de Cali. Lea también: Así avanza la restauración de la Hacienda Cañasgordas

Tras varios intentos sin éxito de invadir el lote ubicado frente a la Universidad Autónoma, bastó con una  escritura, que tiene todos los visos de ser falsa, a la que le faltó una huella y en la quedó mal escrito el nombre del ministro que habría hecho la venta, para que particulares se apoderaran de 28.118 metros cuadrados en la parte frontal de la hacienda.

Aunque la venta se habría realizado en Bogotá en septiembre de 1992, solo en mayo del 2014 se supo que la propiedad ya no pertenecía a la familia Velasco Reinales, dueños históricos de la hacienda, ni al Estado, que había comprado parte del predio para la ampliación de la vía Panamericana y la vía férrea, sino que fue dividido en cuatro lotes y revendido varias veces.

Todo apuntaba en principio, y ante la evidente falsedad en la escritura, a que era cuestión de días para que los abogados tramitaran la devolución del bien  y se anulara la falsa tradición, pero dos años después ni  la Fiscalía ni la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali han mostrado interés  en el caso. 

Peor aún, un concepto de la Oficina Jurídica de la pasada administración del Valle les dio la razón a los supuestos dueños en la segunda instancia de una querella y avaló la permanencia en el predio de quienes ahora figuran como legítimos propietarios en las escrituras y los certificados de tradición.

Por la puerta de atrás

El 21 de mayo del 2014 los supuestos dueños del predio conocido como La Vitrina, por estar en la parte frontal de la hacienda,  entraron a las 5:30 de la mañana por la fuerza, acompañados por policías y amenazando a los vigilantes. Pero la sorpresa fue mayor cuando mostraron los supuestos documentos que avalaban su propiedad.

Según la escritura 4073 del 22 de septiembre de 1992,  en esa fecha comparecieron ante la Notaría 22 de Bogotá el entonces ministro de Obras Públicas Jorge Bendeck Olivella y el señor Rodrigo Pinzón Sánchez para protocolizar la venta de ese predio por $832.000.

No obstante, el exministro Bendeck Olivella, quien se enteró por El País que su nombre figura como presunto vendedor del lote La Vitrina en representación del Estado, aseguró tener la absoluta certeza de que mientras estuvo como ministro de Obras Públicas jamás se le vendió un metro cuadrado de tierra a un particular. 

“Se usó mi nombre y número de cédula para cometer un fraude porque un ministro no puede vender ninguna propiedad del Estado; solo se  pueden entregar en usufructo o como depositarios a los municipios o las gobernaciones”, explicó Bendeck Olivella, a quien le llamó la atención que en la escritura falsa se le cambiara el nombre de ‘Jorge’ por el de ‘Jaime’ y se aceptara el documento sin su huella.

Las declaraciones del exministro coinciden con la misma Notaría 22 de Bogotá, que  a través de un certificado aclaró que la escritura pública No. 4073 del 9  de diciembre del 1992 corresponde a un contrato de compraventa de una casa en la localidad de Bosa entre los señores Saul de los Reyes Guerrero y José Isidro Guerrero y no a la venta de un predio en la ciudad de Cali.

“Se buscó en el archivo sistematizado que lleva la Notaría y desde el año 1990 hasta la fecha no se encontró ninguna escritura pública otorgada entre la Nación y Rodrigo Pinzón Sánchez”, indicó la notaria 22 de Bogotá, Consuelo Ulloa Ulloa.

Con el cúmulo de irregularidades que tiene el documento, aseguraron expertos en el tema notarial consultados por El País, es claro que detrás de este hecho hay un cartel de tierras, del que al parecer hacen  parte funcionarios de la Oficina de Instrumentos Públicos, para que se aceptara como legítima una escritura tan mal hecha.

Más aún, el predio en cuestión estaba siendo objeto de revisión porque en una venta anterior no se dejó constancia de que sobraban esos 28.000 metros cuadrados y quedaron en el aire; pero eso no lo podía saber un ciudadano del común sino los mismos funcionarios que manejan información privilegiada en materia de tierras.

Tampoco generó suspicacia que un predio que supuestamente se compró en 1992 apenas fuera llevado a registrar en la oficina de Instrumentos Públicos de Cali en el año 2004; es decir, doce años después de comprado.

Sobre la falsa tradición

De acuerdo con el certificado de tradición del inmueble, la supuesta propiedad de Rodrigo Pinzón se registró en Instrumentos Públicos de Cali el 9 de febrero del 2004, pero Pinzón había muerto en 1995, según la Resolución No. 5692 de la Registraduría Nacional.

Para el trámite en el 2004, se presentó Luis Ignacio Cabezas con un poder que le habría firmado Rodrigo Pinzón ante el notario de Dagua Cicerón Rico Sandoval el 3 de enero de 1995. Coincidencialmente, Cicerón Rico hace parte del listado de notarios sancionados en el Valle por diversas irregularidades. Así reza en las resoluciones 2224 y 2910 del 2002 en las que fue suspendió del cargo por 3 y 6 meses, respectivamente. 

Con ese poder, Luis Ignacio Cabezas, a cuyo nombre figura un proceso por estafa en la Fiscalía 16 de Yumbo, le vendió el predio La Vitrina a Alvenis Ojeda, Faully Restrepo, Anwar Restrepo y José Jesús Restrepo por $223 millones, según la escritura 1223 de junio de 2006 de la Notaría 5 de Cali. 

La actual notaria 5 de Cali, Gloria Marina Restrepo, aseguró que esas escrituras “fueron debidamente autorizadas por el doctor Jaime Hernán Correa, entonces notario, porque se encuentran en el protocolo; es decir, fueron recepcionadas, autorizadas y expedidas con los requisitos de ley” porque tuvieron como base la escritura 4073 del 22 de septiembre de 1992, expedida en la Notaría 22 de Bogotá, y el respectivo certificado de tradición.

 

Un mes después de comprar el lote La Vitrina, en agosto del 2006, los nuevos  ‘propietarios’ volvieron a la Notaría 5 para dividir el predio en cuatro partes con sus matrículas.

De extracción humilde

Llama la atención que el terreno más extenso, Lote B, lo obtuvo Alvenis Ojeda, quien según el Sistema de Seguridad Social es un empleado con 28,92 puntos en el Sisbén. Es decir, una persona de escasos recursos económicos que no tendría la capacidad de adquirir una propiedad de tan alto valor.

Lo mismo ocurre con el Lote C, de 4000 metros, que en diciembre del 2006 fue vendido por Anwar Restrepo a Jaime Hernán Balanta por $56 millones, cuando este último figura como beneficiario de régimen subsidiario de salud y obtuvo 15,49 puntos en el Sisbén por la pobreza en que vive. 

El lote D, cuyo titular era Faully Restrepo, se ha vendido en tres oportunidades y hoy figura como propietaria la empresa Textiles 1 x 1 S.A de la ciudad de Bogotá, mientras el Lote A sigue a nombre de José Restrepo, quien registra una detención por supuesta falsificación de moneda extrajera.

Un exfuncionario de notariado consultado, quien prefirió omitir su nombre, indicó que “seguramente quienes figuran en los documentos son simples testaferros y son otras personas las que están al final de la cadena detrás del gran negocio” y recordó que en Cali se sindica a presuntos carteles  de robo de tierras del asesinato de una notaria y una exdirectora de la Oficina de Instrumentos Públicos.

“Con respecto a los documentos, es claro que la nulidad radica desde la escritura pública 4073 del 22 de septiembre de 1992, aparentemente expedida en la Notaría 22 de Bogotá, toda vez que esa escritura no reposa en el protocolo como una compraventa entre la Nación y el señor Pinzón y si ese título es falso, se deben anular los actos que vinieron posteriormente”, dijo.

El País buscó también al superintendente de Notariado y Registro, quien a través de su oficina señaló que no hay en el momento ningún trámite administrativo sobre ese folio y que no tienen solicitud respecto a que la escritura 4073 de 1992 sea falsa. 

“Lo que vamos a hacer es verificar con la Notaría 22 de Bogotá y si no profirieron esa escritura, procederemos administrativamente a bloquear el folio, revocar la escritura   y cancelar el acto administrativo en registro, pero será un juez el que diga si es válida o no”, respondió la Superintendencia.

El temor de las autoridades es que logren engañar a alguien más con la venta de lotes porque en el terreno no se puede hacer uso comercial o de vivienda del suelo.  Aunque sí sería talanquera a una ampliación de la vía o el desarrollo del tren de cercanías si no se llega a resolver el caso.

Instrucción Adm. # 11 Según la Superintendencia de Notariado  y Registro, en este caso se daría aplicación a la instrucción administrativa No.11, firmada el 30 de julio del 2015 por el superintendente Jorge E. Vélez. Es decir, los afectados presentan solicitud escrita al registrador con copia de la denuncia en la Fiscalía y de inmediato se bloquean los folios. Se inicia el proceso administrativo  y se oficia al notario que expidió el documento para que certifique. Si allí no se expidió el documento,  se  corrige la inscripción y se deja sin efecto registral. Las anotaciones posteriores se procede como falsa tradición.