Jaime Rubiano, exgerente del HUV, fue imputado por construcción irregular de una cancha sintética

Jaime Ramón Rubiano Vinuesa, exgerente del Hospital Universitario del Valle del Cauca, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación. El ente dio a conocer que posee nuevo material probatorio en su contra. Fue señalado de presuntas irregularidades en un contrato adjudicado en 2014 para la construcción de una cancha de fútbol de material sintético en el hospital.

Dicho contrato tenía como principal objetivo proporcionar una instalación deportiva, esto con el fin de tener entretenimiento de los funcionarios del mismo hospital. La obra tenía un valor que superó los 176 millones de pesos, según lo que se determinó. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, esta reveló que durante el proceso contractual no se cumplieron los requisitos legales. Además, tampoco se siguieron algunas pautas establecidas en el Manual de Contratación del Hospital.

Se logró precisar que el exgerente del hospital basó el proceso licitatorio en un informe titulado “Análisis de conveniencia para el diseño y la construcción de una cancha sintética de fútbol en el parqueadero de enfermería del HUV”. Pese a eso, para el ente acusador, el informe carecía de estudios previos. Además, también careció de evaluaciones sobre la necesidad, conveniencia y planificación de la misma obra.

Pese a las deficiencias, el exgerente aparentemente procedió con la convocatoria pública, divulgación de los pliegos y la designación del comité evaluador para la suscripción del contrato. Algunas investigaciones preliminares lograron indicar que, pese a la recepción inicial de la obra, se tuvo que realizar un nuevo contrato. Esto para demoler un muro que representaba un riesgo para la integridad de los deportistas.

Fue por estos hechos que la Fiscalía General de la Nación imputó al investigado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. No obstante, hasta la fecha, el acusado no ha aceptado los cargos y el proceso legal seguirá su curso correspondiente.

Jaime Ramón Rubiano y su condena

Un juez en la ciudad de Cali, en agosto de 2022, emitió una sentencia que conmocionó a la comunidad médica. Jaime Ramón Rubiano Vinuesa, quien fue director del Hospital Universitario del Valle, fue condenado a cinco años y siete meses de prisión. Esto por su participación en un contrato por un valor de $10 mil millones de pesos con una unión temporal que no cumplía requisitos legales. Junto a él, Luz Marina Lagarejo, exasesora jurídica del hospital.

Ella fue sentenciada a 8 años y cinco meses de cárcel. Otro de los condenados fue Milton Mosquera Montoya, quien enfrentó una de seis años y seis meses en prisión. La Fiscalía General de la Nación sostuvo en ese momento que los dos exfuncionarios y el contratista son coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo. Además, la exjefa de la oficina jurídica del HUV y el representante de la unión temporal fueron condenados por peculado por apropiación.

Estos delitos se cometieron en marzo del año 2014, cuando se firmó un contrato para la “compra, suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, elementos médico-quirúrgicos, material de osteosíntesis, preparaciones parenterales y dispensación (de) dosis unitarias” con la unión temporal Vallepharma. Dicha investigación sacó a la luz que el HUV tenía un servicio farmacéutico interno que podía ser mejorado en lugar de entregarlo a un tercero.

El fallo de condena estableció que el exdirector del hospital y su asesora jurídica “violaron el principio de planeación, ya que no se realizó un estudio previo que respaldara la necesidad de entregar la infraestructura, el inventario y el alquiler de los equipos del servicio de farmacia del HUV a Vallepharma”. Dichas irregularidades resultaron en un detrimento financiero para la institución de salud.

Además de la misma pena en prisión, el juez penal le impuso a Rubiano una multa que llega a los 69,68 salarios mínimos y una inhabilitación por cuatro años para ejercer derechos y funciones públicas.