‘Jalón de orejas’ a los caleños y el comercio por el arrojo inadecuado de basuras y los altos niveles de ruido

Por Gerson David Hincapié, periodista de Cali

Un total de 230 procesos ha abierto en lo corrido del año el Dagma contra ciudadanos y empresarios que están impactando negativamente al medio ambiente.

Por un lado, y como producto de 723 visitas de inspección, vigilancia y control (IVC), se han impuesto 67 medidas preventivas a negocios por quejas de la comunidad relacionadas con los altos niveles de ruido en sus instalaciones.

Discotecas, gastrobares, hoteles, iglesias, gimnasios, salones sociales, industrias y panaderías son algunos de los comercios que están siendo vigilados por la autoridad ambiental.

“Entendemos que los establecimientos de comercio son generadores de empleo, pero los dueños y administradores también deben comprender que sus vecinos necesitan descansar. Por eso hemos realizado 20 mesas de trabajo en diversos sectores de la ciudad para, en conjunto con comerciantes, comunidad y autoridades, llegar a acuerdos que permitan una sana convivencia, el derecho al descanso y el desarrollo de la actividad comercial, sin afectaciones a la salud ambiental”, informó Wilmar Álvarez, líder del grupo de Calidad Acústica del Dagma.

También se han realizado visitas de información y pedagogía a los comercios para que conozcan sus impactos y posibles sanciones, siendo priorizadas zonas como el Parque del Perro, la calle del Comercio en la Comuna 21 y la Carrera 66.

En lo que respecta al arrojo clandestino de residuos, las sanciones han sido impuestas a 163 establecimientos de comercio, quienes no han respondido satisfactoriamente a las jornadas de sensibilización al respecto.

La preocupación del Dagma sería de consideración, tanto así que anunciaron un plan de trabajo especial para la temporada de fin de año, previendo el aumento de la actividad comercial y de los infractores, según las cifras históricas.

“Conforme a la normatividad ambiental, quien sea sorprendido en flagrancia disponiendo inadecuadamente sus residuos, adicional al inicio del proceso sancionatorio y el comparendo ambiental de la Policía Nacional, se le impone una medida preventiva, la cual, además de brindar una solución inmediata a la afectación ambiental causada, tiene un costo aproximado de $741.000″, detalló Willis Izquierdo, líder del grupo de gestión integral de Residuos Sólidos de la ciudad.

Cali, llena de residuos

Un panorama crítico expuso la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, en su visita a Cali: la ciudad es la cuarta a nivel nacional con más puntos de arrojo clandestino de residuos, 219 en total.

“Para el caso de la ciudad de Cali, los tres operadores de aseo realizan operativos de limpieza de manera permanente y se recogen de estos puntos clandestinos alrededor de 3800 toneladas al mes”, manifestó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Esta situación, de acuerdo con el directivo gremial, está ocasionando desaseo, proliferación de vectores, los puntos son focos de enfermedades e inseguridad, también se generan inundaciones, entre otros problemas.

“Le recordamos a los usuarios que en los separadores viales no se botan los residuos, tampoco en los parques ni en las fuentes hídricas o los canales de agua. Es responsabilidad de los ciudadanos informarse de las horas y días de recolección en su barrio, así como de los residuos que no se debe llevar el camión de basura y que tienen que ser recogidos de manera especial”, agregó Camilo Sánchez.

Emcali, por su parte, recogió 1140 toneladas de residuos de los canales de aguas lluvias, afectándose también el servicio de alcantarillado.

Andesco aseguró que se trata de un problema de cultura ciudadana, por lo que informó sobre una iniciativa para fomentar las buenas prácticas.

“Estamos haciendo una campaña de cultura ciudadana, hemos encontrado que la solución a estos problemas solo se da si entre todos trabajamos. Tenemos que avanzar denunciando quiénes son estas personas, poniendo cámaras de vigilancia para que la gente se dé cuenta que ahí no pueden hacer eso, poner multas muy costosas y denunciar públicamente quién es el que está haciendo esos daños”, concluyó Sánchez.