Juzgado de Cali admite tutela por inhibidores de señal en las cárceles que estarían afectando a los vecinos

A diario, muchos vecinos de los centros penitenciarios de Cali se quedan sin señal en su red móvil o en el internet del hogar, esto es debido a los inhibidores de hondas que se instalan en estos lugares para evitar comunicaciones ilegales de los internos.

Precisamente, en horas recientes, el Juzgado 13 de Cali admitió una tutela instaurada por el exconcejal Juan Martín Bravo, la cual “busca proteger los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas aledañas a las cárceles de Villanueva y el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili”.

Según explicó Bravo, esta situación afecta seriamente el derecho de la ciudadanía a la comunicación, por lo que bajo esa primicia, dicho juzgado tomará una decisión.

“La comunicación es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por fallas en la implementación de tecnologías de seguridad. Es necesario garantizar que las medidas tomadas no perjudiquen la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en situaciones de emergencia”, señaló Juan Martín Bravo al respecto.

En el documento de la tutela, el exconcejal asegura que estas antenas, instaladas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), no estarían cumpliendo su función específica, sino que afectaría sustancialmente los dispositivos de las personas que viven en inmediaciones de los centros carcelarios.

De acuerdo con el análisis presentado, los bloqueadores de señal actuales generan interferencias más allá del perímetro de las cárceles, afectando a cientos de metros de distancia.

“La tecnología debe ser un aliado, no una barrera. Es posible implementar soluciones que cumplan con los objetivos de seguridad del sistema penitenciario sin vulnerar los derechos de las comunidades vecinas”, agregó Bravo.

Esta tutela tiene como finalidad que se tomen cartas en el asunto sobre el tema, específicamente, el documento pide que se reconfiguren los sistemas de bloqueo, así como el remplazo por tecnologías menos invasivas, que finalmente se garantice que las zonas residenciales no se afecten.

De esta manera, con la admisión de dicha tutela, el Juzgado 13 abre la posibilidad de establecer un precedente en la gestión de tecnologías de seguridad, así como de su adecuado uso.

Sobre este tema, ya hay un precedente reciente, puesto que en el año 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró no culpable al entonces director general del Inpec sobre las afectaciones de los inhibidores a comunidades cercanas a la cárcel de Cómbita en Boyacá. Esto tras resolver una acción popular.

Es importante tener en cuenta que estos inhibidores de señal son usados para evitar que los reclusos tengan comunicaciones no permitidas con personas en el exterior, las cuales comúnmente se realizan con ánimos extorsivos.