La otra feria de contratos en Corfecali

Aún no ha iniciado la construcción del búnker de la Fiscalía en Cali y ya, a través de Corfecali, el Municipio se gastó el año pasado cerca de $50 millones para anunciar el esperado complejo judicial en la zona de renovación urbana del centro.

En su matriz de contratación del 2020, la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali fue la encargada de contratar la producción técnica del evento del lanzamiento del búnker de la Fiscalía, que se realizó tan solo cuatro días antes de la inauguración de la Feria Virtual y tuvo un costo de $36 millones. Otro contrato celebrado por la entidad y relacionado con este desarrollo de infraestructura fue el de la impresión e instalación de una valla con la imagen de la Alcaldía en el predio donde se construirá el complejo judicial, que tuvo un costo de $13.566.000.

El primero de los contratos se firmó con Harold Ordóñez Producciones, una de las empresas que figura en el listado de contratistas de Corfecali que más facturó en el 2020 y que aparece como donante a la campaña de Jorge Iván Ospina. En total, esta empresa recibió cuatro contratos que suman $269.500.000, y solo dos de ellos estuvieron relacionados directamente con eventos de la Feria de Cali. 

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Corfecali nació como una corporación dedicada a la organización de la Feria de Cali y grandes eventos culturales de ciudad, “pero su objeto social lo han desfigurado y hoy la vemos convertida en una agencia de subcontratación para evadir desde la Administración Municipal las exigencias de la Ley 80”, dicen expertos.

Muestra de ello es buena parte de los contratos realizados por la entidad durante el 2020, en los que la Corporación se prestó como intermediaria para contratar desde faroles navideños, anchetas, bingos, el acompañamiento musical de novenas decembrinas de la Alcaldía hasta planes de medios para las secretarías de la Administración Municipal e, incluso, el servicio ‘streaming’ para las últimas sesiones del año desde el Concejo de Cali. 

Precisamente, para transmitir las discusiones en el Cabildo, dado que por su naturaleza Corfecali es incapaz de suministrar tal servicio, debió subcontratar dicha labor con la empresa Dynamicam S.A.S. por $167 millones. 

Sin embargo, este no es el único contrato llamativo que Corfecali realizó el año pasado requiriendo el servicio de ‘streaming’. De hecho, la Corporación suscribió 16 convenios con ocho empresas diferentes solicitando transmitir eventos de las secretarías de Deporte y Turismo, los programas ‘Guardianes de Vida’ y ‘Tertulias de Vida’, de la Secretaría de Gobierno, así como recorridos de dicha dependencia, un bingo, rendiciones de cuentas y ruedas de prensa, el Festival de Macetas, el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas y eventos de la Feria de Cali.

Al respecto, un funcionario de Corfecali manifiesta que este tipo de servicios de transmisiones “normalmente se contrata en bloque por un tema de descuento por volumen. No es lo mismo que te diga que voy a hacer un ‘streaming’ o decir que voy a hacer cinco y por eso lo normal es que ese tipo de cosas se contraten en paquete, pero es raro que lo contrataran de manera segmentada y con empresas diferentes”.

La Unidad Investigativa de El País solicitó mediante derecho de petición la contratación de Corfecali durante el 2020 y, como respuesta, la Corporación entregó un listado de 783 contratos celebrados.

De aquellos 783 contratos que entabló Corfecali en el mes de marzo, 344 están relacionados directamente con la celebración de la Feria de Cali Virtual y los otros 439 obedecen a otras actividades.
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En este punto vale la pena aclarar que, según el informe preliminar de fiscalización de los convenios y contratos realizados para la Feria de Cali que hizo la Contraloría Municipal, para dicho fin se obtuvieron 523 contratos, y de ese universo se tomaron como muestra 84 actos contractuales.

Entre los contratos celebrados por la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali el año pasado y que parecen distar de la razón social de la entidad se cuenta la contratación de servicios de publicidad móvil para la promoción de programas y proyectos que lideró la Administración Municipal por $164 millones con la empresa Publicidad Móvil de Colombia.

De igual forma, desde la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali se contrató la impresión e instalación de un ‘banner’ para anunciar el cerramiento de la plazoleta Jairo Varela durante su remodelación, convenio que se entabló con Vicbay S.A.S. por $26 millones.

En noviembre, para cumplir con el encargo de comprar implementos deportivos para la Secretaría de Deportes, Corfecali debió recurrir a empresas como Soin Soluciones Digitales y Yubarta, con quienes contrató dichos bienes por $59 millones y $56 millones, respectivamente.

En el penúltimo mes del 2020, la Secretaría de Turismo le encargó a Corfecali conceptualizar e implementar un plan de medios, gestión que la Corporación debió subcontratar con la empresa 360 Group S.A.S. Ese contrato, que tuvo un valor de $83 millones, fue uno de los ocho convenios que Corfecali pactó con dicha compañía, que durante el año pasado facturó $433 millones.

Varias fuentes consultadas por El País coincidieron en que recurrir a los contratos interadministrativos, a través de Corfecali, para obtener bienes y servicios para la Administración Municipal “no es ilegal, pero tampoco es el deber ser... Es un proceso expedito para acortar caminos. Pero todos los contratos ya vienen direccionados desde las secretarías”.

Un trabajador de la Corporación señala que “en algunos momentos, Corfecali se comporta como si fuera privada en su relacionamiento contractual y no tiene que salir a una licitación, no tiene que salir al Secop o a cumplir una serie de requisitos que están establecidos para todas las entidades del orden territorial. A través de Corfecali y otras entidades se hacen convenios interadministrativos y así se evitan todos esos trámites, es un atajo para burlar las exigencias que establece la Ley 80 de contratación”.

Sin embargo, según explica el abogado y veedor ciudadano Elmer Montaña, la utilización de la figura de los contratos interadministrativos para recurrir a Corfecali en búsqueda de servicios que no está capacitada para prestar y que, por ende, debe subcontratar “es absolutamente ilegal, y está sancionado en el Código Penal”.

Montaña señala que el contrato interadministrativo se realiza con la entidad “que tiene la capacidad para cumplir el objeto contractual. Corfecali no vende baterías, agua, objetos de oficina, sin embargo la Alcaldía contrató con ellos para que suministrara esos elementos y la labor de Corfecali es llevar a cabo ferias y espectáculos. Encontramos un contrato de $3620 millones que decía en principio que era para comunicaciones, pero que en últimas era un contrato que servía para todo, en donde veía uno que Corfecali estaba suministrando elementos que la Alcaldía perfectamente pudo haber comprado a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente”.

El veedor y abogado va más allá y advierte que el año pasado “se realizaron con Corfecali varios contratos para tener a disposición los dineros, a la espera de que a la Alcaldía se le ofreciera algo; era crear una caja menor. Hubo un contrato interadministrativo celebrado entre una de las secretarías y Corfecali, que superó los $1000 millones, y se ve que se destinó parte de ese dinero para una caja menor. Un contrato que no dice qué actividades tenían que desempeñar, sino que Corfecali quedaba atento a que la Secretaría avisara qué era lo que necesitaba, esa es una cosa errónea y torcida”.

Además de la Feria de Cali Virtual, otro de los contratos interadministrativos suscritos por la Alcaldía durante el 2020 que ha sembrado un halo de dudas entre los caleños fue el del alumbrado móvil, que estuvo a cargo de Emcali.

La celebración de dicho convenio, que ascendió a $10.334 millones, fue cuestionada en su momento debido al monto, el concepto, la cobertura de los recorridos, entre otros factores. A esto se suma que las rutas programadas no se cumplieron totalmente, debido a los toques de queda.

Aunque El País ha solicitado, mediante derecho de petición, de insistencia y tutela ante el tribunal, la información contractual y de manejo de estos recursos públicos, Emcali se ha rehusado a facilitarla.

Según la coordinadora del área de Gobernanza Corporativa, Albaluz Pantoja, la información requerida “es considerada como confidencial o reservada, y al tener relación directa con el giro de los negocios de Emcali, debe ser objeto de protección y en consecuencia, no es posible suministrarla”.

La claridad en las cuentas también ha sido solicitada por la concejala Diana Rojas y el representante a la Cámara Christian Garcés. Sin embargo, dichos llamados han sido desestimados por Emcali.