“Las Farc han pretendido imponer la mentira de que los diputados fueron asesinados por apenas siete hombres”

Por Olga Lucía Criollo, Editora de Política y Paz

“Vemos con gran preocupación, pues solo se realizó la imputación respecto de tres personas como máximos responsables en calidad de coautor mediata: Santiago Arbeláez, por su injerencia en la planeación del secuestro como comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas; Héctor Julio Villarraga, como comandante del Frente 60, y Pacho Quinto (nombre de guerra) como máximo responsable a título de determinante, por participación y ejecución en la planeación del secuestro de los diputados del Valle”.

Así respondieron las víctimas del caso de los asambleístas asesinados hace ya casi 17 años al auto proferido el 19 de diciembre del 2023 por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP para “determinar los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental de las Farc por la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes no amnistiables cometidos de manera concurrente”, entre los que se cuenta el secuestro de los diputados.

La contestación está incluida en un documento de siete páginas en el que allegados de Carlos Alberto Charry, Francisco Javier Giraldo, Edinson Pérez Nuñez, Héctor Fabio Arismendy, Alberto Quintero, Ramiro Echeverry y Sigifredo López (único sobreviviente del plagio) manifiestan su rechazo a las decisiones anunciadas por el tribunal en el auto 08, en el que solo se imputa a tres integrantes de las Farc “como máximos responsables regionales” del secuestro de los asambleístas.

Se trata de Gustavo Arbeláez o ‘Santiago Naya’, segundo comandante del frente urbano que planeó y participó en la ejecución del plagio; Villarraga o ‘El Grillo’, comandante del frente que por años custodió y masacró a los diputados, y Osvaldo Mendoza Amariles, ‘Pacho Quinto’, porque comandó el desplazamiento de las víctimas hasta la zona de injerencia del Frente 60, trayecto conocido por los diputados como la “marcha de la muerte”.

“No resultó ningún guerrillero ni asaltante muerto”

“Las Farc han pretendido imponer como verdad la mentira de que fueron asesinados por un grupo de apenas siete hombres, encabezado por un disidente de las Farc, alias Alexis, quien después de un cruce de mensajes con alias El Grillo decidió abrir fuego contra los diputados, en ese momento custodiados por 54 guerrilleros del Frente 60″, dice el texto firmado por Juan Camilo Sanclemente, abogado de las familias de los siete asambleístas mencionados antes.

Y agrega que ello no es cierto porque “extrañamente, en el supuesto enfrentamiento no resultó ningún guerrillero ni asaltante muerto, a pesar de que los guardias del Frente 60, que supuestamente estaban ahí para proteger la vida de los diputados, también dispararon contra los asaltantes, y se encontraban ubicados entre los diputados y los agresores” y porque la necropsia practicada a los cadáveres de los once diputados “demuestra que fueron vilmente asesinados a quema ropa, recibiendo en promedio cada uno siete disparos provenientes de fusiles AK 47, que eran las armas usadas por los guerrilleros custodios del Frente 60″.

Para las víctimas, “es increíble observar solo tres sujetos con responsabilidad de mando, los cuales tenían pleno control de sus subordinados, cada uno de ellos cumplía un rol determinante y para ese momento reconocían la existencia de un mando jerarquizado; observamos la ausencia de una imputación fáctica y jurídica respecto de los segundos comandantes de dichas estructuras armadas dentro de este aparato armado organizado al margen de la ley”.

En consecuencia, le solicitan a la Jurisdicción Especial de Paz imputar a toda la guerrillerada que participó en la audiencia que se realizó en Cali en julio de 2022 “por el delito de toma de rehenes, perfidia y masacre de los diputados del Valle”.

La perfidia, le explicó Sanclemente a El País, estaría tipificada en el hecho de que “al momento del secuestro es evidente que esos sujetos lo que hicieron fue disfrazarse como integrantes de la Fuerza Pública para engañar y poder perpetrar el secuestro”, además de que Sigifredo López ha contado que, cuando los iban a pasar de una zona a otra, la guerrilla los hacía vestir de militares “con el fin de que no se evidenciara que eran secuestrados y así pasar desapercibidos”.

De ahí que también reclamen que tanto Villarraga como Mendoza sean imputados por este delito y por tortura, ya que, en el caso del segundo, “era el comandante de las unidades que ejecutaron el secuestro y hacía marchar a los diputados largas horas en condiciones infrahumanas”.

Más objeciones a lo definido por la JEP

Pero allí no terminan los reclamos de los familiares de los asambleístas a la JEP: solicitan igualmente que se tenga en cuenta el material probatorio entregado por las víctimas y lo que ellas han pedido en las audiencias de observaciones que se han programado.

La razón de la discordia en el primer punto tiene que ver con que, en el auto 08, la Jurisdicción menciona que durante la investigación realizada sobre el caso de los diputados se contrastaron varias fuentes, entre ellas el informe publicado por el Centro Nacional de Memoria, “documento que no reúne los requisitos para ser usado como prueba o elemento material probatorio para efectuar imputación a alguien”.

En efecto, según el abogado, esa entidad, creada a instancias del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, “no es un organismo judicial y la información que recopiló no tiene carácter judicial alguno”.

También rechazan que la JEP diga que la respuesta de los comparecientes al pedido de verdad sobre el secuestro y asesinato de sus seres queridos tiene “una importante dimensión restaurativa, facilitando procesos de duelo y de recuperación del dolor causado que se ha visto afectado por la falta de información”.

En su opinión, “más que acercarse siquiera a lo que han buscado las víctimas, pareciera un hecho revictimizante, pues está desconociendo el despacho que las víctimas han preguntado tanto oral como a través de los abogados cómo fue el secuestro de los diputados y de situaciones que ya se conocían en la jurisdicción ordinaria y las investigaciones realizadas por las víctimas, haciéndole ver a la JEP que los comparecientes han dicho verdades a medias, exigiendo que les llamen la atención, sin obtener a la fecha respuesta alguna”.

Como ejemplo aseguran que a quien en época de guerra era conocido como Santiago (que ya no puede ser condenado por este caso porque cumplió su sentencia antes de firmar la Paz) se le ha preguntado sobre la identificación y ubicación de alias Aldemar, puesto que, según este compareciente, este era un funcionario de la Asamblea del Valle y fue el que les facilitó el ingreso a la sede del Edificio San Luis, “sin obtener, como de costumbre, respuesta alguna a dichas demandas de verdad”.

Y añaden: “Es la hora que los familiares no saben quién fue el custodio de cada diputado y quiénes fueron los que acabaron vilmente con sus vidas. Además, no se conoce del paradero del otro guerrillero con el que los custodios tuvieron contacto antes de masacrarlos, pues en sus versiones todos los colaboradores ‘están muertos’ o simplemente no saben cómo se llaman”.

El País preguntó a la JEP por algún pronunciamiento con respecto a los reclamos de los familiares de los asambleístas del Valle del Cauca pero este no se produjo.