Secuestrado por disidencias de las Farc es liberado en zona rural del Valle

Una persona que estaba secuestrada por el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, fue entregada por esa guerrilla al Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en una zona rural del departamento del Valle del Cauca.

La operación humanitaria contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Personería del municipio de Jamundí, Valle.

“Logramos facilitar esta liberación gracias a la confianza que depositaron las partes interesadas en nuestro trabajo humanitario neutral y al diálogo bilateral y confidencial que sostenemos con todos los actores armados”, indicó Kian Abbassian, jefe de la subdelegación del CICR en Cali.

La Cicr aseguró que la persona liberada, quien fue valorada por personal de salud de la Cruz Roja Colombiana, se encontraba en adecuadas condiciones de salud y fue trasladadas a otra zona para reencontrarse con su familia.

“Un llamado a todas las partes en conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario y preserven la vida y la dignidad de las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades”, añadió Abbassian.

En lo que va del año, el Cicr ha recibido a 30 personas que se encontraban en poder de grupos armados, al tiempo que reiteró a las partes en conflicto que, en su calidad de intermediario neutral, “está dispuesta a desarrollar otras operaciones humanitarias que conlleven a aliviar las consecuencias de los conflictos armados y la violencia sobre quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades”.

En el Valle del Cauca, desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, ha hecho presencia el Comando Coordinador de Occidente, disidencia de la extinta guerrilla de las Farc.

Este comando está constituido por dos grupos: la Jaime Martínez, sobre todo, en la parte del Pacífico, y la Adán Izquierdo, que actúa en el centro y norte del departamento.

En el último año, hizo aparición otra disidencia, la Segunda Marquetalia, principalmente en la zona Pacífica, en lo que tiene que ver con los ríos del sur del Distrito de Buenaventura.

Llegó de la mano con el ELN, a través del Cauca, (una alianza que se consolidó en ese departamento expandiéndose a la zona rural del puerto); subieron por las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, Raposo, Cajambre y Mayorquín.

Estos grupos tienen una dinámica muy particular, avanzan y a veces retroceden, por lo cual es muy complejo medir su tamaño, sobre todo por el lugar donde se encuentran, la zona montañosa del departamento del Cauca.

Su principal actividad económica son las rentas ilegales derivadas del narcotráfico, el control de los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

En el Pacífico, en El Naya, -donde hacen presencia la Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia-, controlan la parte de la producción primaria del narcotráfico y la exportación a través del océano Pacífico con lanchas rápidas y semisumergibles, que salen, en su mayoría, desde los afluentes de esta importante cuenca fluvial.

Otra actividad que desarrollan, en cuanto a las economías ilegales, son las extorsiones, sobre todo a comerciantes y ganaderos del centro y norte del Valle del Cauca, donde tiene injerencia la Adán Izquierdo.

“Hace más de un año tuvimos una serie de masacres en algunas fincas cercanas a Buga, Jamundí y Guacarí; eran por extorsiones no pagadas y la represalia eran este tipo de ataques contra las personas que se negaban a pagar”, explica Dennis Huffington, investigador territorial de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.

Además del narcotráfico, las disidencias de las Farc tienen otras fuentes de financiación como la minería ilegal, principalmente en el Pacífico, en las cuencas de los ríos Cajambre, Raposo y el Naya, pero también en la parte alta de los Farallones.

Asimismo, asegura Huffington, tienen el control de algunos insumos de la canasta familiar a través de algunas alianzas con grupos de delincuencia organizada como La Inmaculada, en Tuluá, al igual que otras bandas que no tienen un reconocimiento propio de estructuras, pero con injerencia en las zonas urbanas de Buga, Tuluá y Cartago.

Pero además, estos grupos siguen recurriendo a la práctica del secuestro para el pago de rescate, y la retención de funcionarios que tienen que ver con el tema de tierras.