Los enormes desafíos de seguridad en el Valle

Los desafíos en materia de seguridad que tiene el Valle del Cauca para este 2024 son enormes. Así lo demuestra la violencia criminal que afrontan Cali, Jamundí, Tuluá y Buenaventura, agobiados por delitos como el homicidio, la extorsión, el secuestro, los hurtos, pero también por fenómenos asociados a la convivencia y pérdida de autoridad.

Sumado a ello está la disputa por el control territorial y las rentas ilícitas de grupos armados al margen de la ley como las disidencias de las Farc, ELN y el Clan del Golfo.

La muerte del concejal electo de Tuluá, Eliecid Ávila, llevó a la gobernadora Dilian Francisca Toro a ponerse al frente de este tema y tomar medidas de choque. Anunció que trabajarán conjuntamente con los gobernadores de Cauca, Chocó y Nariño para mejorar la seguridad en el Valle, permeada por lo que pasa en estas regiones; realizará un piloto en Jamundí y norte del Cauca para ocupar los sitios que ha dejado el Estado y que han sido copados por grupos criminales; creará un Comando Antiextorsión en Tuluá y generará un trabajo articulado entre Policía y Ejército en las zonas más críticas.

Hugo Acero, experto en temas de seguridad, coincidió en que al departamento del Valle “no se le puede ver como una entidad territorial aislada, ni las instituciones de seguridad y justicia pueden seguir operando solo teniendo en cuenta sus límites departamentales”.

Para Iván Carvajal, experto en seguridad, hay que aprovechar la iniciativa que se tiene en este momento de asumir el asunto de seguridad como un frente regional. “Ya el director de la Policía, William Salamanca, dio un espaldarazo de manejar la seguridad como un bloque en el Suroccidente”.

Buenaventura

La anhelada paz urbana en el puerto

Para Isaac Morales, coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Pares, un gran desafío de las autoridades locales y en particular del Distrito de Buenaventura, tiene que ver con la articulación con el Gobierno Nacional en términos de la idea de paz urbana y el sometimiento sociojurídico de organizaciones delincuenciales como los Shottas y Espartanos, en el marco de la paz total.

Dijo que en el principal puerto sobre el Pacífico se viene presentando un boom de las economías ilícitas en cabeza de organizaciones delincuenciales que buscan el poderío territorial. “Un caso particular es Buenaventura donde se ven dos grupos, en proceso de paz urbana, que controlan el mercado”.

Por su parte, Dennis Huffington, investigador de la entidad para el Pacífico, indicó que uno de los retos es precisamente lograr sostener el cese de hostilidades entre estas dos organizaciones delincuenciales hasta el próximo 4 de febrero como se pactó el año pasado.

Pero también disminuir los homicidios que en el 2023 registraron 134 casos en el casco urbano, 25 más que en el 2022.

Así mismo, contrarrestar los secuestros urbanos que han venido tomando fuerza, desarticular ‘Los Chiquillos’ que se puede convertir en un grupo receptor de aquellos integrantes de los otros grupos que no quieran acogerse al proceso de paz. Y, adicionalmente, evitar la entrada de milicias urbanas del ELN y de las AGC que quieren ingresar a ejercer control criminal, sobre todo en los barrios periféricos con salida al mar.

Cali

Homicidios, el gran reto

Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, señaló que “el gran reto de Cali es que en estos cuatro años podamos reducir el número de homicidios que afectan la vida e integridad de los caleños”.

La ciudad cerró el 2023 con 1008 muertes violentas y tasa de 45 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del país. A este tema se asocian, según el funcionario, dos fenómenos: la conflictividad o hechos de intolerancia que representan entre un 30 y 40% de los homicidios y la criminalidad organizada que resuelve los problemas de manera violenta. En ese sentido, afirmó que crearán más Casas de Justicia para promover mecanismos alternativos a fin de resolver los problemas de manera pacífica y adicionalmente se articularán con la Fuerza Pública y la Fiscalía para identificar y judicializar a los que están afectando la violencia en la ciudad. Pero también intervendrán el MÍO para garantizar la seguridad en el sistema, y “construiremos la seguridad a partir de la visión y necesidades de las comunidades, así seremos más efectivos”.

Juan Manuel Torres, investigador de Pares, dijo que Cali debe ser pensada como una ciudad región en la medida que comparte problemas no solo con Jamundí, Palmira y Yumbo, sino también con Florida, Pradera, Candelaria y Dagua. “La seguridad implica también proteger líderes sociales y defensores de derechos humanos; en Cali y el Valle es donde más se asesinan líderes y la violencia política es letal”

Jamundí

La violencia del narcotráfico

“Jamundí enfrenta varios desafíos en materia de seguridad que están ligados especialmente al mercado criminal del narcotráfico, el accionar de grupos armados y la criminalidad urbana”, precisó la alcaldesa Paola Castillo.

Por eso, advirtió que de la mano de la Policía Metropolitana, la Tercera Brigada y Fiscalía implementarán un Plan Operativo de Seguridad, PAO, en los primeros 100 días de gobierno para contrarrestar delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto en todas sus modalidades, el microtráfico, la extorsión y el secuestro. Asimismo, creará la Secretaria de Seguridad, Paz y Convivencia y desarrollará proyectos estratégicos en seguridad como son un nuevo sistema de videovigilancia y el Observatorio de Seguridad, además de mejorar la prevención de la violencia contra la mujer y recuperar integralmente entornos, vecindarios y corredores para devolver la tranquilidad a los jamundeños.

Para Iván Carvajal, las autoridades deben recuperar el control de la zona rural hacia el Naya, actuando de frente contra las disidencias Jaime Martínez y Carlos Patiño, así como el ELN que se disputan la salida de droga por el Cañón de Micay hacia el Pacífico. “Ese control muy regional, de estructura rural, le corresponde a Jamundí”. Y en el norte del Cauca, “estar muy atentos a la violación de derechos humanos, a los líderes amenazados y al reclutamiento de menores, en tanto el Ejército sigue afectando a la Dagoberto Ramos, en la zona rural”.

Tuluá

La lucha contra la extorsión y la cartelización

Martín Hincapié, el nuevo secretario de Seguridad de Tuluá, tiene una ardua tarea: contrarrestar la extorsión y la ‘cartelización’ de los productos de la canasta familiar, liderada por la banda ‘La Oficina’, antes llamada ‘La Inmaculada’, barrio en el que tuvo su origen hace más de una década.

“Estos delincuentes han buscado generar una economía totalmente ilegal a través del monopolio de estos productos (huevo, pollo, plátano), que ellos quieren regular previa extorsión y desplazamiento de los comerciantes”, dijo.

Anotó que aunque los cabecillas como ‘Pipe’, ‘Caregallo’, ‘Carevieja’ y ‘El Enano’ fueron capturados, desde las cárceles siguen manejando el negocio. En la zona rural además hace presencia la columna Adán Izquierdo, disidencia de las Farc, generando enfrentamientos y desplazamientos. Por eso, trabajarán en articulación con la Fuerza Pública y la Gobernación del Valle, recuperando la confianza en la institucionalidad para que la gente denuncie. “Militarizaremos la ciudad por sectores y priorizaremos la adquisición de tecnología. El Ejército dispuso la línea 107 para recibir las denuncias”, explicó.

Por su parte, el alcalde Gustavo Vélez, indicó que el objetivo es afectar las finanzas de La Oficina, tras reiterar que “la extorsión es el delito de mayor afectación para los tulueños”.

Iván Carvajal, advirtió que se debe estar muy pendiente de la extorsión en Tuluá y Buga porque “lo que se gana con el narcotráfico, esos dineros hay que revertirlos en otro tipo de mercados como préstamos gota a gota y en alimentar estructuras que extorsionan a los comerciantes”, sostuvo.