Los 'pendientes' legales del ex alcalde de Cali Jorge Iván Ospina

Siete años después de culminado su periodo como alcalde de Santiago de Cali, el fantasma de presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración sigue rondando a Jorge Iván Ospina.

En septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia, que quedó sin competencia para juzgarlo porque ya no es senador, envió a la Fiscalía General de la Nación la investigación formal que le inició por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El caso se centra en los convenios interadministrativos que suscribió Ospina para remodelar el estadio Pascual Guerrero, obras presupuestadas en $30.000 millones y por las cuales la ciudad terminó pagando más de $100.000 millones.

Ante este anunció, el exalcalde de Cali dio a entender a través de Twitter que se trata de una persecución y que tan pronto anuncia su aspiración de nuevo al primer cargo de la ciudad, empiezan a aparecer estos procesos.

Pero la realidad es otra. Información aportada por la Procuraduría General de la Nación, en respuesta a un derecho de petición de El País, señala que de los 73 procesos disciplinarios que se abrieron contra Ospina entre enero de 2010 y septiembre de 2018, parte de ellos por presuntos actos de corrupción, tiene aún 69 procesos activos.

En materia penal su situación no es menos compleja. Por el contrario, el próximo 31 de marzo deberá asistir a una nueva audiencia de formulación de imputación ante una Fiscal Especializada Anticorrupción de Bogotá por los supuestos delitos de celebración indebida de contratos y contratación sin el lleno de requisitos legales.

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Esta vez, por un contrato millonario de publicidad firmado por su secretario general, Pedro Luis Barco, con la firma Vission Digital Comunicación Estratégica, que cuando se suscribió el contrato, llevaba solo dos días de creada por la misma persona que hizo la publicidad de la campaña de Ospina.

Las cuatro investigaciones penales que sigue la Fiscalía contra el exmandatario son todas por los delitos de prevaricato por acción y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En medio de esos documentos que van y vienen entre despachos, según revelaron fuentes judiciales, han aparecido elementos que llaman la atención de las autoridades. Entre ellos, un contrato de la Alcaldía con quien fue uno de sus abogados personales, para asesorar la Secretaría de Infraestructura.

Según la convocatoria del 16 de abril de 2010, el gobierno Ospina buscaba un abogado que apoyara la Secretaría de Infraestructura “en la ejecución del plan de obras decretado en el acuerdo 0241 de 2008, así como en los procesos relacionados con el cobro de la contribución por valorización”, de las 21 megaobras.

“En el pliego de condiciones se establece que ese abogado debe haber sido magistrado de altas cortes, con más de 15 años de experiencia y aclara que no un magistrado que haya estado unos años, sino un periodo constitucional completo en un alto tribunal. Todos los visos de ser un contrato direccionado”, indicó una fuente consultada por este diario.

A esa selección abreviada de menor cuantía se presentó un único candidato y el 14 de mayo de 2010, el exalcalde Ospina delega al jefe de Infraestructura, Juan Diego Flórez, para que adjudique el contrato 4151-SA-02-2010.

De inmediato, el contrato por $342 millones, para ejecutar en 15 meses, se firmó con el exmagistrado Rubén Darío Henao, quien ha sido abogado de Ospina en procesos disciplinarios.

Uno de los propósitos de ese contrato era “actualizar permanentemente a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Valorización sobre las implicaciones disciplinarias, penales, patrimoniales y fiscales en el despliegue de las funciones administrativas asignadas, con el fin de evitar el daño antijurídico indemnizable”.

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Dos de los funcionarios de la época aseguran que nunca vieron al exmagistrado Henao en el CAM. “No conozco, y sería bueno indagar cuáles fueron esos documentos que elaboró o proyectó el exmagistrado porque al menos en lo que tiene que ver con capacitación, jamás lo vimos en la oficina”, dijo una de las fuentes.

Sin embargo, el exmagistrado Henao le aseguró a El País que “se cumplieron los objetivos contractuales”. “Recuerdo que me tocó revisar muchas tutelas que hubo contra las megaobras y algunas demandas en el Tribunal Administrativo, pero yo simplemente los asesoraba y sí creo que debí firmar algunos documentos, pero no como abogado sino como consultor de la señora María del Pilar Cano, la secretaria Jurídica”.

Respecto a las capacitaciones para actualizar a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y que dicen que no recibieron, el exmagistrado Henao aseguró que “yo estuve fue haciendo charlas, pero con la Oficina Jurídica y no sabría decirte si con Infraestructura porque se sentaba mucha gente y ya pasaron muchos años”.

A través de un pedido de información enviado a la Secretaría de Infraestructura y otro a la Secretaría de Hacienda del Municipio, lo que se encontró es que existen muy pocos documentos que sustenten la ejecución y los pagos de ese contrato.

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Todo lo que reposa en las carpetas son las tres cuentas de cobro del exmagistrado, sus documentos como persona jurídica, los comprobantes de egreso y los certificados de disponibilidad presupuestal.

Llama la atención que para la misma época el exmagistrado Henao era el abogado de Alfredo Valenzuela, asesor en políticas públicas del alcalde Ospina, en un proceso disciplinario que adelantaba la Procuraduría por participación indebida en política, tras conocerse un audio en el que Valenzuela pidió a un grupo de personas votar por Mauricio Ospina, hermano del entonces alcalde, al Senado de la República.

Ante la duda, Henao aseguró que su actuación fue transparente: “Ni riesgos; eso sí no lo hago yo; usted está hablando con un exmagistrado, tengo 63 años, estoy por encima del bien y del mal”, dijo.

“Yo con Valenzuela pacté unos honorarios, lo defendí, me fue muy bien y gracias a él ingresé como abogado en derecho disciplinario en Cali; con él pacté unos honorarios que me pagó con mucho esfuerzo y por lo regular me los pagaba en efectivo; ya estamos muy viejitos para ponerme con eso”, dijo Henao, al señalar que le trabajó a varios funcionarios de esa administración.

Los errores que se cometieron en el contrato del exmagistrado Henao, aseguró un especialista en derecho administrativo, “son muy extraños porque no los comete ni un estudiantes de derecho”.

El 10 de junio de 2010, tres semanas después de firmado, se debió hacer el primer otrosí al enterarse que sumados los porcentajes y las cuotas, superaría el 100 % del valor, lo que el otrosí justificó simplemente como un “error mecanográfico”.

Una semana después se debió firmar el otrosí número dos porque en el primer documento se omitió el número de certificado de vigencia futura y se puso que quien expedía el certificado “fue el subdirector de Finanzas Públicas, cuando quien lo hace es el Director de Hacienda Municipal”.

No pasó desapercibido tampoco que para el contrato se hiciera una selección abreviada de menor cuantía, cuando la figura debería ser la del contrato de prestación de servicios.

Revisadas las fechas, se estableció que debieron apelar a la selección abreviada de menor cuantía porque en el país estaba en vigencia la Ley de Garantías Electorales por cuenta de las elecciones presidenciales.

“Lo curioso es ese afán que tenía la administración Ospina por entregar ese contrato porque cuando lo firmaron solo faltaban tres o cuatro semanas para que acabara la Ley de Garantías y por alguna razón no pudieron esperar y le buscaron el quiebre”, asegura la fuente consultada.

Incluso, al portal de contratación del Estado subieron todos los documentos previos del contrato, pliego de condiciones, observaciones, los documentos adicionales y el acto de adjudicación, pero nunca hicieron público el contrato, como establece la ley, ni los otrosí que se firmaron posteriormente.

El País buscó por varias vías al exalcalde Jorge Iván Ospina para hablar de estos casos, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con fuentes oficiales, y pese a todos los escándalos entorno a la obra, el exalcalde Jorge Iván Ospina no ha soltado el Estadio y permanece cerca a través del llamado Skybox del lado suroccidental del escenario sanfernandino.

En el local funciona el restaurante ‘Pásala Pascual’, el cual fue adjudicado en el gobierno de Ospina a Vivian Rodríguez, una mujer cubana que tuvo una “relación cercana” con Ospina cuando él vivió en la Isla, según admiten amigos del exmandatario.

Para entregar el local, bastó una carta a Arturo Fernando Barco, entonces jefe de Desarrollo Administrativo, en la que la mujer pide que le den “alguno de los locales” del estadio porque quiere salir adelante.

Un día antes de irse de la Alcaldía, el 30 de diciembre del 2011, Ospina le aseguró el local a la señora mediante un contrato.

Al llegar Rodrigo Guerrero a la Alcaldía, se encontraron varias irregularidades en el contrato que limitaron el funcionamiento del local comercial. Entre ellos que no tenía número de identificación, de acuerdo con la Ley General de Archivo, y que es un requisito de obligatorio cumplimiento ni se exigieron las garantías necesarias de un contrato ni se exigió pólizas extracontractuales que amparen a quienes fueran los clientes del local comercial.

“Esto dejaba al Municipio de Cali y a la Universidad del Valle en total riesgo, porque seríamos quienes entraríamos a responder si se llegara a ocasionar un siniestro”, dice el análisis del contrato.

Lo llamativo es que frente al tema de pólizas, la mujer cubana dijo no tener las condiciones económicas para pagar una póliza de seguros y el gobierno Ospina le autorizó cubrir el riesgo con un pagaré, que para la época era ilegal.

Además de ello, el contrato de arrendamiento superó las facultades legales que tenía el alcalde y se le entregó, por fuera del contrato, parqueaderos que pertenecen al estadio y que no quedaron amparados tampoco en una póliza de seguros.

Llego entonces una seguidilla de tutelas contra el Municipio exigiendo la apertura del local, unas firmadas por Jimmy Dranguet Rodríguez, hijo de la señora y quien hizo parte del equipo de trabajo legislativo de Jorge Iván Ospina en el Senado.

El municipio de Cali es víctima en el proceso que se sigue contra Pedro Luis Barco y el contratista Guillermo Lombana por presunto interés indebido en celebración de contratos.

Ninguno de los dos aceptó los cargos en una audiencia realizada en el mes de abril del 2018.

En este mismo proceso se habría ordenado involucrar al exalcalde Jorge Iván Ospina por los mismos delitos, con el argumento de que era él
el alcalde y el ordenador del gasto en el Municipio.