Los retos que tiene Cali para recuperar su tejido social después del paro

Una tasa de desempleo del 18,7 %, la cual afecta principalmente a jóvenes entre 14 y 28 años (con un índice del 25,8% ), mas una pobreza monetaria que saltó del 21,9 % al 36,3 %, entre 2019 y 2020 y una informalidad laboral del 48,5 % (a marzo del 2021), forman parte del panorama social que hoy enfrenta Cali.

A ello, se añaden una deserción escolar, que en los dos últimos años llegó al 4,74 %, y que empeoró por la pandemia del covid y las bajas posibilidades de ingreso a la universidad por parte de jóvenes de los estratos populares de la llamada ‘generación ni-ni’, es decir, que ni estudian ni trabajan.

De allí, que muchos jóvenes y adolescentes ante la falta de oportunidades y por su condición de vulnerabilidad sean reclutados por las 180 bandas criminales identificadas en la ciudad.

Igualmente, la presión de las migraciones desde el Cauca, Nariño, la Costa Pacífica y Chocó y la llegada de los migrantes venezolanos (que hoy suman 80.000), han agudizado la problemática social en la ciudad.

¿Cuáles son las salidas o soluciones? Es el gran interrogante que se hacen especialistas, sociólogos y economistas en medio de las protestas que han llevado al cierre del 41 % de las empresas, precipitando a la economía caleña a la peor crisis de su historia.

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Según José Joaquín Bayona, sociólogo y experto en resolución de conflictos de la Universidad del Valle, lo que está padeciendo Cali es “porque estamos en una frontera donde conviven los territorios afro del Pacífico, más los indígenas y migrantes en lo que se llama la Colombia profunda”.

Apunta el académico que “esos grupos llegan aquí por un sueño que finalmente no logran, configurándose así una deuda histórica debido a la exclusión y la inequidad social”. Por eso es clave, anota, “abrir esas compuertas para que una parte de esa masa poblacional pueda contar con oportunidades de empleo, vivienda, salud, y educación para frenar la pobreza”.

Un ejemplo, recalca Bayona, es lo que pasa con los jóvenes ya que cada semestre se presentan 20.000 a la Univalle, pero solo ingresa el 25 %, es decir, unos 2.000 y se gradúan solo mil, o sea el 1 %. “Qué hacen esos muchachos sin trabajo”, se pregunta el especialista, quien urge un cambio social, “porque estos jóvenes están bloqueados y su opción es vincularse a actividades ilegales y diversas formas de violencia”.

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Por la pandemia, la crisis económica y de las empresas, la clase media caleña está sufriendo un deterioro en sus ingresos, a la vez que empeoró la situación de los estratos populares.

Según el Observatorio Laboral del Valle y el Dane, la pobreza monetaria en Cali solo en 2020 aumentó en 14,4% respecto al 2019. Se pasó de 538.674 personas en esa condición a 894.192. Es decir, un incremento de 355.508, que es la causa de la insatisfacción al no contar con una renta básica para sobrevivir. Cali aporta el 10% de la población pobre del país.

Al respecto, Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi, señala que “mucho de lo que pasa es que estamos en una ciudad empobrecida” y por lo tanto las “soluciones deben ser estructurales y profundas”.

En su concepto, es fundamental reducir la informalidad para que más gente ingrese al mercado del trabajo, “pues nos encontramos en una discusión histórica a la cual nunca se le ha dado la debida importancia, pues Cali es un epicentro que recibe poblaciones con muchas inequidades”, y más ahora “con una economía deprimida y una epidemia que no se ha acabado”.

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Señala la investigadora que en las soluciones en empleo, educación, salud y otras deben participar los sectores público y privado. “Las razones por las que la gente protesta es por los incumplimientos, mientras el Estado tiene unas condiciones (fiscales) limitadas y se necesitarían muchas reformas tributarias para que haya más recursos”.

A su turno, Liz Rincón Suárez, socióloga y directora de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Autónoma de Occidente, recuerda que de alguna manera “esto es muy similar al movimiento de ‘Los Indignados’ en España, que permitió el surgimiento de nuevas plataformas sociales”

Sin embargo, aclara, que el paro en Cali no se debe tomar como una ideología para crear un partido político, sino en diseñar procesos participativos en malla para trabajar en esquemas productivos y de empleo bajo una economía solidaria sin caer en el asistencialismo.

La socióloga de la UAO, Luz Rincón aboga
por una “gobernanza”, que es la interrelación del Estado y la sociedad civil para un desarrollo económico y social más equilibrado.

Las Casas de Justicia en Cali se han convertido en una salida a la solución de conflictos, pero requiere que sean fortalecidas para que más caleños accedan a sus servicios.

El subsecretario de Acceso a la Justicia de Cali, Aldemar Guevara, indica que en las tres Casas de Justicia la atención es ahora virtual debido a la pandemia, los bloqueos y el paro “y para ello se alista un aumento en el número de prestadores de servicios para que haya más capacidad de atención, incluyendo apoyo sicosocial y de abogados”.

En ese sentido, el consultor en seguridad Gustavo Orozco estima fundamental un refuerzo en la red de justicia local para que haya autoridades creíbles y más pie de fuerza en la ciudad.

De la misma manera, es importante seguir impulsando el búnker de la Fiscalía, que lleva varios años sin cristalizarse, para que sea un apoyo para la justicia, dado que solo tres de cada diez homicidios se resuelven.

“Esta situación lleva a personas a pensar que no las van a descubrir, y si caen seguramente no las van a condenar, pues la Fiscalía pierde seis de cada diez juicios”, recalca Orozco. El subsecretario Guevara señala que “es indiscutible que el búnker se necesita para la ciudad”.

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En Cali los 80.000 venezolanos establecidos en los últimos años han generado una elevada presión social, lo mismo que problemas de convivencia y hechos aislados de inseguridad.

Para el experto Gustavo Orozco, “es clave vincularlos al programa de empleo a acordar y se regularicen lo más rápido posible porque muchos llevan dos y tres años en Cali”.

En ese sentido es clave que la Alcaldía facilite ese proceso y ponga en práctica el estatuto que aprobó el Gobierno, el cual empezó a regira partir de este mes.

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Considera Orozco que de esta manera esa fuerza laboral podría ayudar en gran medida a la reactivación económica, pues serán personas que trabajarán, pagarán impuestos y consumirán bienes y servicios. La empresa privada deberá jugar papel clave en el caso de los migrantes.

Recordó que así ha sucedido en otros países como Chile, lo mismo que en Europa donde muchos migrantes aportan a la economía.

De esta manera, también la ciudad podría mejorar de alguna forma la seguridad, ya que lastimosamente por las condiciones de pobreza de la mayoría de los migrantes, algunos están cayendo en las garras de la delincuencia.

En Cali hoy 272.000 personas no tienen trabajo, mientras 573.000 (enero-marzo de 2021) viven del ‘rebusque’ y de la economía informal. Ambos fenómenos se agravaron por la pandemia que hizo caer a una de cada tres personas en la pobreza monetaria.

Los especialistas coinciden en que la solución es un cambio en las políticas laborales para llegar a un gran pacto de empleo local que priorice a los jóvenes. Pero se necesita que las medianas y pequeñas empresas cuenten con alivios tributarios y créditos blandos para reactivar su producción afectada por los toques de queda y los confinamientos, dice la directora seccional de Acopi, Yitci Becerra.

Una investigación del Observatorio Laboral del Valle, que coordina el profesor, John James Mora, encontró que la desocupación en las zonas de ladera es del 20,6 %, en el corredor norte-sur del 16 %, en el centro del 24,3 % y el oriente del 31,3 %, afectando sobre todo a las mujeres afro con un 34,90 %.

Mora propone que “parte de la solución sea una vacunación masiva en ciudades como Cali con ocupación de camas UCI para Covid por encima del 80 % y un desempleo de cuatro puntos porcentuales superior a la tasa nacional (14,2 % en marzo) se les deje a las empresas privadas comprar vacunas en consorcio con las alcaldías”. Todo para reactivar el mercado del trabajo en mejores condiciones económicas y sanitarias.

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El experto Gustavo Orozco dice que parte de los problemas de seguridad responden a que muchas familias sin ingresos no tienen acceso a tres comidas por día.

El especialista José Joaquín Bayona propone ampliar el sistema de cupos educativos como resultado del diálogo social y reducir el gasto militar que hoy representa el 3,15% del Producto Interno Bruto, PIB, para destinar parte de esos recursos a universidades, escuelas e instituciones de formación técnica. Eso permitiría sacar de las calles a jóvenes y librarlos de la delincuencia, añade.

Precisamente, Cali presenta hoy una deserción escolar que viene aumentando debido a la pandemia y la pobreza, pues alrededor de 30.000 niños y adolescentes están desde el 2019 por fuera de la red educativa. Otros no han regresado a las aulas al no contar con recursos para pagar internet y muchos al llegar a los grados octavo y noveno desertan, porque sus hogares son pobres y deben salir a trabajar.

Para la directora del observatorio Polis, Lina Martínez, la apuesta en este campo se debe complementar “con servicios educativos de calidad para que la gente pueda tener acceso. Son soluciones a mediano y largo plazo”.

Ahora la esperanza es que el Gobierno cumpla con el anuncio del presidente Duque de matrícula gratuita para los estudiantes universitarios y de programas técnicos, tecnológicos de estratos 1, 2 y 3.

Hace tres años la ciudad ejecutaba el programa “Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOs” que hasta el 2019 apoyó 304 comedores comunitarios y 103 bancos comunales que gestionaron créditos por $7000 millones. Se ignora cuál fue la suerte de ese programa hoy.

Precisamente, la socióloga Liz Rincón considera que “Cali se debe convertir en un laboratorio de innovación social, y que el Valle sea el primer departamento para potencializar las capacidades de los jóvenes y convertirlas en estrategias económicas, culturales, en proyectos productivos y de empleo”. Para ello, dice, se necesita una verdadera voluntad política de la municipalidad. “Si escucháramos más a la gente sabríamos qué hacer”, dice y pone como ejemplo a comunidades afro e indígenas para potencializar sus habilidades en beneficio de la ciudad.

La exclusión social y la segregación urbana, opina el docente y Phd en Sociología de la Icesi, Édgar Benítez, “no son problemas que se van a resolver ni cambiar mañana en Cali”.

Frente a esta realidad, declara que “las políticas públicas han tenido un alcance limitado y han sido poco ambiciosas, en especial por problemas presupuestales y fiscales”.

Pero es importante, indica, que se debe trazar una hoja ruta con cambios profundos y acciones concretas para atender demandas estructurales que surjan del diálogo entre los líderes del paro y el Gobierno.

Entretanto, el exasesor presidencial y consultor en asuntos públicos, Andrés Segura, dice que el paro ha generado un cansancio en la ciudadanía por los bloqueos y por ello “es necesario abrir espacios para buscar soluciones básicas como el empleo con unas medidas de choque y para aquellos negocios que están cerrados”.

Para ello, recalca, que el sector privado debe jugar un liderazgo
con inversiones nuevas para crear empleo.