Minería ilegal de oro en los Farallones estaría afectando calidad del agua del río Cali, advierte Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación ante la situación de minería ilegal en los Farallones, la cual está afectando directamente la calidad del agua del Río Cali. Debido a esto, el Ministerio Público convocó para este martes 30 de abril a una Mesa Territorial.

El ente de control señaló que las actividades ilegales de extracción de minerales en el Parque Nacional tiene un impacto significativo en diversas fuentes hídricas, que al final terminan suministrando agua a los acueductos de La Reforma y San Antonio, de donde sale el agua para más de 300.000 caleños.

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría reveló que, según estudios realizados, las fuentes hídricas de la ciudad tienen niveles altos de químicos altamente nocivos usados en la extracción de materiales minerales.

“Los recientes estudios realizados por el ente de control revelan niveles preocupantes de mercurio y arsénico en el río Felidia, superando los límites establecidos por la Environmental Protection Agency (EPA), con un registro de 17 y 31 partes por millón (ppm) de mercurio y 23 ppm de arsénico”, precisa el organismo.

De esta manera, en respuesta a los problemas se concretó la segunda Mesa Territorial bajo la estrategia “Colombia: sin minería ilegal y sin mercurio”.

Es importante tener en cuenta que esta mesa es financiada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos.

Este encuentro, al que podrán asistir las personas que consideren que tienen pertinencia en el tema, tendrá lugar desde la 9:00 de la mañana de este martes 30 de abril en el Hotel Dann.

Por último, se resalta que este tema se convierte en un aspecto de salud pública, ya que estar expuesto a materiales químicos resulta nocivo para la salud de las personas y el ecosistema.

“Es imperativo garantizar la calidad del agua en estos afluentes para salvaguardar el derecho a la salud de los habitantes de la capital vallecaucana, por lo que continuará supervisarando y vigilando las acciones adelantadas por las entidades competentes”, puntualiza la Procuraduría.