“No nos parece nada dramático que nos llamen a rendir cuentas”: Ospina, sobre procesos que adelanta la Contraloría a la Alcaldía de Cali

El jueves 5 de octubre, El País reveló en un informe exclusivo que la Contraloría General de la Nación adelanta al menos 16 procesos de responsabilidad fiscal, así como investigaciones preliminares por un valor de $58.000 millones, por presuntas irregularidades en contratos de la Alcaldía de Cali con diferentes entidades de la ciudad, entre las que están Emcali e Imprentic (Imprenta Departamental), y en lo que se encuentran vinculados funcionarios de la administración local, contratistas, supervisores e interventores, entre otros.

A la fecha se adelantan 19 actuaciones discriminadas así: 4 indagaciones preliminares relacionadas con 84 contratos, en análisis para decisión; 16 procesos de responsabilidad fiscal en trámite de notificación del auto de apertura en cuantía de $58.000 millones. Cabe aclarar que, en ninguno de estos procesos, se encuentra vinculado el alcalde del Distrito de Santiago de Cali.

Ante estas revelaciones, pocas horas después, la Alcaldía de Cali respondió como un comunicado en el que aboga por la transparencia en los procesos de vigilancia y control, afirmando que colaborarán con las investigaciones y aportarán las pruebas necesarias.

En el comunicado expresan que “la Administración Distrital dispone de todo el material probatorio necesario para responder por los contratos que auditó la Contraloría de Santiago de Cali, el 20 de octubre de 2022 y sobre los cuales la Contraloría General de la República ejerció la competencia prevalente para hacer la vigilancia y control fiscal de estos recursos de la Alcaldía de Santiago de Cali”.

En este sentido, la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de Cali, María del Pilar Cano Sterling, manifestó que dentro de este proceso la Contraloría General de la República solicita información detallada de los contratos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual.

“Cuando suceden este tipo de situaciones son producto de un ejercicio auditor que cada año tienen que hacer los órganos de control y nosotros damos un parte de tranquilidad, porque aquí lo que anuncia la Contraloría es la apertura de unos procesos, lo cual significa que apenas inicia y nosotros ejerceremos el derecho de contradicción y defensa, aportaremos las pruebas de todo lo que ha acaecido con estos contratos y tenemos la tranquilidad de decir que son contratos que incluso aún están en ejecución, tenemos todas las respuestas para darle al órgano de control”, sostuvo Cano Sterling.

A su vez, aclaró que el pasado 3 de octubre, “la misma Contraloría nos habla del cierre de unos procesos de indagación preliminar referida a otros contratos que estaban en investigación. Nosotros vamos a asumir la defensa por parte de la Alcaldía y afrontaremos el proceso con la seguridad de que se han hecho las cosas bien”, expresó la funcionaria.

Como se sabe, los procesos de responsabilidad fiscal tienen distintas fases, habrá una etapa probatoria donde se aportarán todas las pruebas y se demostrará la legalidad o no de las actuaciones en los procesos contractuales.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, según el comunicado, manifestó que “es importante entender que todas las instituciones del Estado sufren un control posterior y todas las instituciones deben estar atentas al llamado que adelante la Contraloría, la Procuraduría, la Personería y la Fiscalía”.

Además, Ospina comentó que “a nosotros no nos parece nada dramático que nos llamen a rendir cuentas, es una tarea esencial que desarrollar, como también entendemos la función que desde el Congreso adelantan Senadores de la República presionando el auditaje a la ciudad, debemos decirles a los senadores que no hay problema, que entendemos esa función de ustedes de control y que nosotros siempre estaremos dando respuestas de forma oportuna, milimétrica y responsable del ejercicio público desarrollado”.

¿Qué dijo el contralor general en funciones?

La actuación que hemos iniciado en Cali, le aseguró a El País el contralor general de la Nación en funciones, Carlos Mario Zuluaga, “ha sido producto también del liderazgo y la importancia que en su momento Carlos Hernán Rodríguez, oriundo de este departamento, le dio a los veedores y a las denuncias ciudadanas, y al clamor de muchos dirigentes que hablaron sobre manejos que se podían dar en la contratación de varias entidades”.

“Iniciamos en el caso de Cali haciendo eco a la revisión de las denuncias que habían sobre el contrato de Emcali con AMI, que fue un contrato en el que determinamos que había un riesgo de pérdida de recursos porque había unos sobrecostos demostrados y efectivamente si ese contrato se ejecutaba bajo esas condiciones que era un contrato de $210.000 millones de pesos en promedio se iba a generar un detrimento patrimonial, que ya estaba cantado y advertido”, indicó el Contralor General.