Nueve contratos y una obra sin terminar: esto halló la Contraloría de Cali en el proyecto del Centro para la Gestión del Riesgo

Un total de ocho hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria y tres de ellos también con incidencia fiscal descubrió la Contraloría General de Cali al ponerle la lupa a la obra del Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Cigred.

La investigación surgió tras una denuncia publicada por El País en 2023, cuando el entonces concejal Roberto Rodríguez denunció que la construcción, a cargo de la Administración y con un costo de $12.000 millones, no tenía mayores avances pese a haber iniciado en 2020.

Fue así como la Oficina de Control Fiscal Participativo trasladó la acusación a la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo, el 25 de octubre del 2023.

El equipo auditor acudió al sitio de la obra, en el barrio La Flora, para fiscalizar la construcción de Centro de Control, seguimiento que hoy arroja hallazgos que, según se espera, lleguen a determinar responsabilidades desde la época de planificación del proyecto.

El contrato para la primera fase de elaboración de los estudios, diseños y gestión de las licencias de construcción para el Centro, que contaría con una sala de crisis, aulas inteligentes, helipuerto, bodega y obras de urbanismo, tenía un valor de $223 millones. Pero este se incrementó con la firma de un otrosí en diciembre de 2017, el cual adicionó más de $111 millones, quedando un total de $335 millones.

En dicho contrato, la Contraloría de Cali evidenció debilidades en la construcción de la minuta contractual y en la planeación de los estudios previos. Además, se firmaron cuatro otrosíes, que afectaron el objeto contractual, su plazo de ejecución y el valor.

En la auditoria que se realizó a la gestión fiscal del Municipio, se conformó un hallazgo relacionado con el contrato para realizar la etapa uno para la construcción del Centro de control y operaciones de emergencias.

Evaluado el Plan de Acción 2020 de la Secretaria de Gestión del Riesgo, que tenía la labor de dotar un sistema de centro de control y operaciones presentando una ejecución presupuestal por más de $198 millones, la Contraloría evidenció que con dicho recurso se contrató la “interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental” de la obra, pero no se cumplió con la dotación.

Imprevistos

En el 2020, cuando la excavación de la obra llegaba a un 82 %, los constructores se encontraron con la inestabilidad de taludes. Como solución, se inició la construcción de zapatas, vigas de cimentación y columnas.

Ya en el 2021, con un presupuesto ejecutado de más de $3000 millones, se adicionaron más de $2500 millones al contrato, justificado por el aumento de los insumos de construcción.

A la interventoría se le adicionaron más de $357 millones, pero al 31 de diciembre de 2021 no se cumplió con la meta y el contrato de obra pasó como reserva presupuestal excepcional al siguiente año.

En el contrato para construir la etapa II del Centro de Control, la Contraloría identificó un detrimento patrimonial por más de $663 millones, incluidos los costos de Administración y Utilidad del 34,13 %, cálculos basados en las actividades pagadas en el acta final del 20 de septiembre de 2022.

Otro descubrimiento es que, tras la suscripción de dos contratos en el 2023, uno por más de $ 214 millones para obras de estabilización y otro por más de $1917 millones para seguir con la construcción del Cigred, al 31 de diciembre de 2023 no se cumplió la meta. A esto se suma que la Curaduría Urbana No. 2 de Cali no tuvo en cuenta para la revalidación de la licencia en 2022 el riesgo de nivel freático con el afloramiento de agua en la obra.

Al parecer, esta agua subterránea estancada en el sótano no fue tenida en cuenta en el Estudio de Suelo y el Plan de Manejo, denotando una inobservancia por el interventor, contratante y contratista al realizar excavaciones a ocho metros de profundidad.

Culminar con los contratos

María Alexandra Pacheco, secretaría actual de Gestión del Riesgo de Cali, detalló que tras conocer el estado en que la Administración recibió la obra, esta quedó registrada en el Libro Blanco del mes de marzo.

“El proyecto tiene cerca de nueve contratos entre obra, interventoría y consultoría; sin embargo, veníamos con un contrato de obra vigente, que debía haber culminado el año pasado, pero la anterior Administración le dio prórroga y ese contrato terminó de manera anticipada en julio”, contó.

Luego indicó que en el informe de Contraloría hay un plan de mejoramiento con acciones específicas en cabeza de la Secretaría, entre esas, unos procesos administrativos internos que han surtido desde la entidad y el Departamento Administrativo de Contratación Pública, en materia de apoyos a la supervisión en el componente ambiental.

“Hoy lo que esperamos es poder culminar con los contratos que están abiertos para darle un cierre jurídico al proyecto. Para poder darle continuidad a la obra, hoy la Contraloría lo que nos pide en el primer hallazgo es que este cuente con un Plan de Manejo de Aguas Subterráneas y ese proceso se encuentra activo en contratación pública”, explicó.