Piden ajustes para la Política Pública de Seguridad de Cali

La Política Pública de Seguridad es la hoja de ruta para mejorar los índices de criminalidad durante los próximos 10 años en la ciudad. Por ello, actualmente está siendo estudiada en el Concejo de Cali y, aunque tiene aspectos positivos, también los cabildantes y expertos piden que se realicen algunos ajustes.

“Para dar solución a los problemas estructurales que afectan la seguridad, Cali requiere una estrategia de largo plazo. Por eso planteamos esta Política que contempla cuatro ejes fundamentales que orientarán los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las siguientes administraciones”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, en el momento en el que radicó esta política al Concejo.

El primero de los ejes plantea acciones para prevenir la violencia, el segundo la modernización de los equipos del sistema de video vigilancia, el tercero el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades, y el cuarto busca facilitar el acceso a los servicios de la justicia por parte de los ciudadanos.

“En esta política pública se han presentado elementos de prevención, de control y de acceso a la justicia, porque la seguridad no significa simplemente más policías o más capturas. En lo corrido de este año hemos capturado más de 3500 personas y tenemos una tasa de hacinamiento en las cárceles y las estaciones de policía como de 700 %”, indicó el alcalde Alejandro Eder.

¿Qué se debe ajustar?

Desde el Concejo de Cali indicaron que, aunque celebran que se tenga la intención de fortalecer las capacidades de las autoridades, también se debe pensar en lo social.

“Nos preocupa que el presupuesto para el eje de fortalecimiento sea de $33.000 millones, versus $6000 millones que va a tener únicamente derechos humanos. Hay una preocupación porque la agenda social de esta Alcaldía ha sido muy pobre. Hablar de seguridad no es atrapar al delincuente, sino solucionar lo que lleva al delincuente a delinquir”, puntualizó la concejal Ana Erazo.

Por su parte, la concejal Alexandra Hernández también compartió que se debe tener en cuenta a la comunidad, y que para eso se deben ajustar algunas cosas mínimas.

“Es triste que aquí en Cali no tengamos un sistema con el que todas las comisarías y las inspecciones se puedan comunicar, que creo que es lo más básico que podríamos tener para conocer dinámicas de la violencia y nos ayudaría mucho a hacer los análisis respectivos”, opinó Hernández.

La apreciación anterior fue reafirmada por otros concejales que recordaron que se deben ajustar aspectos para invitar al ciudadano a denunciar, ya que, según Cali Cómo Vamos, el 60 % no denuncia, muchos de ellos porque creen que la autoridad no da una respuesta eficiente a estos asuntos.

También, el concejal Rodrigo Salazar expuso que tiene una preocupación en la forma en la que se plantea la seguridad para los seres sintientes y la naturaleza.

“Se debe abordar el tema de las personas, de la naturaleza y de los seres sintientes, ahí está, pero hay que fortalecerlo. Voy a presentar una proposición modificatoria para que en los artículos 2 y 3 quede aún más claro el tema de la protección del medio ambiente y de la vida e integridad de los seres sintientes”, comentó Salazar.

Finalmente, Tania Fernández, concejal presidenta de la Comisión de Plan y Tierras, resaltó la importancia de esta política pública, pero señaló que debe ser estudiada con detenimiento y ajustar varios aspectos.

“Debemos hacer un análisis a fondo, pues en ella no se habla de los corregimientos, faltan muchas herramientas de trabajo y no se puede aprobar estando tan abierta porque no estaríamos haciendo nada. Por ello es necesario instalar mesas de trabajo, así tengamos que ampliar el plazo de estudio”, precisó Fernández.

Finalmente, los concejales recordaron que en el 2019 se tuvo un estudio que dijo que en Cali hay alrededor de 182 grupos delincuenciales articulados en 7 tipos de organizaciones que agrupan pandillas, bandas de extorsionistas, oficinas de cobro, por lo que piden una actualización de esta información para saber qué ha ocurrido con estas estructuras.

Entre otros aspectos que piden los concejales se encuentran el acceso a la vivienda digna para las personas, a créditos de fácil acceso a las personas y también el acceso a la educación de calidad y de forma gratuita para los ciudadanos.