¿Por qué la Alcaldía de Cali legalizó ocupaciones históricas en la Comuna 18?

El acto se realizó el pasado sábado 18 de noviembre de 2023: la Alcaldía de Cali legalizó oficialmente cuatro sectores considerados como Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto de la Comuna 18. Se trata de Alto Polvorines, La Arboleda, Pampas del Mirador y Brisas de las Palmas.

Estas zonas, en las que a lo largo de varias décadas se levantaron alrededor de 1700 construcciones, e históricamente han sido llamadas de manera coloquial ‘invasiones’, pasaron a ser consideradas barrios de la ciudad de manera oficial, por lo que podrán contar con inversión pública.

La legalización de los asentamientos fue liderada por la Secretaría de Vivienda, encargada de ejecutar la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat de Asentamientos Humanos Precarios de Santiago de Cali.

Tras la legalización de estos predios han surgido distintos interrogantes, como si acaso, en días en los que proliferan las invasiones en la ciudad, legalizar las que ya se han consolidado no es enviar un mensaje que se malinterprete y que genera que surjan nuevos asentamientos informales.

“Hay que tener un contexto claro para responder la pregunta y que no se envíe el mensaje de ‘invada que mañana legalizamos’, porque no es lo que se quiere. Los barrios legalizados, Alto Polvorines, La Arboleda, Pampas del Mirador y Brisas de las Palmas son, primero, muy antiguos. Llevan décadas, algunos desde hace 50 años. Por otro lado, no están en zonas de alto riesgo, un punto clave para legalizarlos. Tampoco ocupan zonas de protección ambiental, otro factor primordial. Y además ya tienen servicios públicos de Emcali, y el MÍO llega hasta la última cuadra. Igualmente sus habitantes pagan predial por las obras de mejora. Entonces son zonas que ya tienen un reconocimiento por parte de la ciudad, con un nivel de consolidación muy alto, de muchos años. Por esas condiciones se aplicó el piloto de legalización para que sean considerados barrios oficialmente. No se están legalizando cambuches, o invasiones de hace 5 años. Eso se debe tener claro”, explica la profesora de Urbanismo de la Universidad del Valle, Ángela Franco.

La docente agrega otro detalle a tener en cuenta: la legalización urbanística realizada en la Comuna 18 implica un reconocimiento en el mapa y en la estructura de planeación de la ciudad de estos barrios. Sin embargo aquello es distinto a la titulación de cada predio. En la zona aún no se realiza el proceso de titulación individual de cada construcción.

“Se debe reconocer la diferencia entre una invasión y un asentamiento humano de desarrollo incompleto. Una invasión es la ocupación ilegal de terrenos, donde las personas construyen viviendas sin los permisos legales y, a menudo, sin la infraestructura básica. Un asentamiento humano de desarrollo incompleto, en cambio, es un área donde se han construido viviendas y ya llevan décadas allí, pero aún carecen de algunos servicios básicos o tiene condiciones precarias de habitabilidad. Mientras que una invasión implica la ocupación ilegal desde el principio, un asentamiento de desarrollo incompleto puede haber surgido legalmente pero aún enfrenta desafíos para alcanzar estándares para ser reconocido como barrio o sector de un barrio. El Estado no puede ignorar los asentamientos que conforman el 40% de la ciudad y que la ciudadanía reconoce como barrios aunque legalmente no lo sean”, explicó, por su parte, la Secretaría de Vivienda.

La entidad igualmente aclaró que el proceso para legalizar los asentamientos Alto Polvorines, La Arboleda, Pampas del Mirador y Brisas de Palmas no solo viene desde el año 2020, sino que pretende mejorar las condiciones en las que viven sus residentes y promover el acceso a la vivienda digna, además de planear vías en el sector que mejoren la conectividad y movilidad de la ciudad por estas zonas.

“En el POT 2014 se reconocen los territorios sujetos a intervenir con el mejoramiento integral del hábitat y se crea un listado de asentamientos reconocidos en algunos sectores, los cuales fueron el primer insumo para la creación de la política Pública MIHábitat. Este proceso de legalización en la Comuna 18 permite entonces hacer inversiones públicas para crear vecindarios más diversos. Evitar que ciertos grupos estén concentrados en áreas específicas promueve una distribución más justa y equitativa de las viviendas y servicios en la ciudad”, agrega la Secretaría de Vivienda.

Por otro lado, un concepto a tener en cuenta es que la ley no permite que se legalicen invasiones. Lo único que se puede legalizar son los asentamientos humanos reconocidos en la Política Pública de Mejoramiento Integral de Hábitat, que cumplen varias condiciones ya descritas: no estar en zonas de alto riesgo; tampoco en zonas protegidas o que afecten al medio ambiente; cuentan con servicios públicos y además sus habitantes ya pagan impuestos.

“En temas de impuesto predial, actualmente los asentamientos legalizados pagan impuestos por las mejoras de sus viviendas, mas no por los predios porque no están debidamente titulados. Una vez se legalicen y se pueda dar la titulación individual, no solamente las personas podrán ser propietarios legítimos de su hogar sino que empezarán a pagar formalmente el predial, lo que contribuirá al recaudo del distrito. Adicionalmente, los servicios públicos como agua y energía en algunos asentamientos son ilegales, por lo tanto con la implementación de la política MIHábitat se podrán legalizar, lo cual disminuiría las pérdidas que Emcali tiene en sus registros de energía y acueducto. Además, al poder realizar intervenciones de alcantarillado, va a disminuir el riesgo por el mal tratamiento de las aguas residuales”, explicó la Secretaría de Vivienda.

La docente de urbanismo de la Universidad del Valle, Ángela Franco, agrega: “el proceso de legalización en la Comuna 18 es también un avance en el propósito de reducir la inequidad de la que tanto hablamos en Cali desde el punto de vista urbanístico, donde solo hay parques en ciertos barrios. Lo que empezó a hacer Cali con este piloto es lo que hizo Medellín, donde su urbanismo social fue premiado en todo el planeta, al nivelar el déficit de unas zonas de las ciudad que podrían tener las características de barrios oficiales, y se empezaron a construir equipamientos, vías, lo que también se tradujo en reducciones de violencia con trabajos con las comunidades. Con ello se logra dejar de tener las comunidades aisladas, como enclaves urbanos”.

Igualmente, la experta en urbanismo señala que la legalización de los asentamientos permite establecer hasta dónde puede crecer la ciudad con un perímetro de servicios públicos oficiales, “y de allí para allá hacer un control de borde muy estricto porque no se puede permitir que la ciudad sigua creciendo de manera informal y después llegar a acciones remediales como la legalización”.

“Es urgente que en Cali haya control sobre la ocupación de predios ya. Cali no puede seguir haciendo acciones remediales. Se tiene que controlar la ocupación informal porque si seguimos creciendo de manera informal el problema va a seguir agudizándose. La ciudad necesita tener la suficiente capacidad para controlar la ocupación. Hoy en día hay muchas formas de hacer eso: con monitoreos satelitales, con vuelos sin tripulación como los drones, el control de bordes que pueda ejercer la comunidad, pero después de eso se requiere definir qué se puede quedar y que no, para generar unas opciones de reasentamiento, sobre todo de lo que está en algo riesgo y lo que está ocupando la estructura ambiental. No podemos dejar ocupar zonas con valor ambiental, es patrimonio de todos”, agrega la profesora Ángela Franco.

Precisamente, uno de los llamados de los expertos a la nueva alcaldía que liderará Alejandro Eder es que el Comité de Control de Invasiones tenga recursos para operar.

“La solución al tema de las invasiones, además del componente policivo, necesita de otras acciones. Detrás de las invasiones hay oportunistas que las promueven. Y la razón es que hay un mercado que no está satisfecho: no hay una oferta de vivienda para los niveles inferiores de la pirámide social. Entonces Cali tiene que trabajar en una oferta de vivienda para ese sector de la población. Es deber del Estado. Y eso no se ha hecho. Sin embargo, si se quisiera hacer, no hay suelo urbano disponible para ese tipo de vivienda, y en donde se puede construir, el costo está por encima de ese nivel del mercado a donde debe ir dirigida ese tipo de vivienda. Es una problemática muy compleja”, concluye César Lemus, subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia de la Alcaldía.