Preparan decreto para controlar jardines infantiles ilegales en Cali

Cali empezó a trabajar en la protección de los niños que a diario son cuidados en guarderías, sala cunas y jardines de barrios de la ciudad. A partir de la próxima semana diversas entidades del Municipio y autoridades de distintos ramos iniciarán la construcción de un decreto para intensificar los controles a dichos establecimientos y evitar la proliferación de los llamados ‘jardines de garaje’.

Actualmente, en el país no hay una regulación para las sala cunas, centros de estimulación, guarderías y centros de atención temprana, los cuales pueden operar sin ninguna licencia siempre y cuando tengan registro de Cámara de Comercio, uso del suelo, certificado de bomberos y de seguridad sanitaria.

Por esta situación, explicó la secretaria de Educación, Luz Elena Azcárate, se hace necesario sentar las bases para revisar más de cerca la operación de estos sitios que cada vez más cuentan con mayor demanda en la ciudad.

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“Con la Ley de Primera Infancia, que se aprobó en el 2016, quedó en el limbo el control de los centros que no son educativos y no podemos esperar hasta que el Ministerio de Educación reglamente estos sitios que se encargan del cuidado de los niños más pequeños. Por eso, desde aquí estamos articulando acciones para armar un decreto con el que tengamos una reacción inmediata y tener un plan operativo para visitar sitios aleatoriamente que, por denuncias de la comunidad, no cumplan con los requerimientos necesarios para funcionar”, señaló Azcárate.

La funcionaria añadió que con este decreto también se busca establecer una ruta de atención para que la ciudadanía conozca dónde puede denunciar establecimientos irregulares y para que los padres de familia tengan elementos para exigir conocer los documentos mínimos que estos sitios requieren para operar y encargarse de sus hijos. Con dicho decreto se obligaría a los centros de atención temprana a formalizar su registro en el Registro Único de Prestadores de la Educación Inicial, Rupei, para tener un diagnóstico claro de la situación legal y de operación de cada uno de estos espacios.

En estas acciones se vinculará a la Policía Nacional, las secretarías de Seguridad y Justicia, Bienestar Social y Salud; Dagma, Bomberos y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.

“Para esto nos basamos en decretos que hay para regular este asunto en Bogotá y Medellín, pero que fueron expedidos antes de la Ley de Primera Infancia. La propuesta de reglamentación tendremos que presentársela al Alcalde próximamente, pero no nos vamos a extralimitar en las funciones que tenemos y que nos confiere la ley vigente”, afirmó la Secretaria de Educación Municipal, quien señaló que las medidas que se decreten también podrán ser aplicadas a establecimientos de educación primaria, secundaria y media que funcionen en la ciudad.

La decisión de reforzar la vigilancia a estos sitios, mediante un documento administrativo, se da luego que hace dos semanas se hiciera pública la agresión de una de las cuidadoras de un centro de estimulación temprana de Valle del Lili a una niña de diez meses. Luego de ese ataque, que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, la Policía selló el sitio por no contar con uso del suelo ni concepto sanitario.
Entre tanto, el Ministerio de Educación Nacional informó que también comenzó a trabajar en un proyecto de decreto para reglamentar la educación inicial, “incluyendo los servicios para niños de primera infancia distintos al preescolar.

“Es necesario destacar que, en consideración a reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los aspectos relacionados a un régimen sancionatorio o de estándares de calidad tienen reserva de ley, por lo que es importante trabajar conjuntamente con legislador para reglamentar la materia. Es decir, el Ministerio de Educación tiene como tarea en reglamentar toda la educación inicial del país: pública, privada, formal y no formal”, indicó el Mineducación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, informó que entre el 2017 y lo que va del 2018 se han reportado dos casos de presunto abuso sexual contra menores en dos hogares comunitarios de Cali.

Según indicó el Icbf, dichos sitios fueron cerrados tras revisarse los hechos y adelantarse una investigación. Ambos casos se trasladaron a la Fiscalía para que diera trámite a acciones penales.

En cuanto a la vigilancia de estos sitios, para prevenir la ocurrencia de estos casos de abuso y violencia, el Icbf manifestó que realiza la revisión de la contratación y antecedentes de las madres y padres comunitarios, quienes no deben presentar registros de violencia intrafamiliar o estar inmerso en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

Asimismo, se realiza la supervisión técnica de los servicios y programas de atención que hay en los hogares comunitarios y se fomentan estrategias y campañas en pro de la protección y garantía de los derechos de los niños y se brinda asistencia técnica a las madres comunitarias para la activación oportuna de las rutas de atención en casos de presunto abuso sexual y maltrato.