Procuraduría abrió investigación a secretario de Seguridad de Cali, por presuntas irregularidades en documentos académicos

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, “por las presuntas irregularidades de los documentos que presentó para su posesión como subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali”.

La Provincial de Instrucción de Cali señaló que el funcionario habría suministrado datos inconsistentes relacionados con los tiempos de estudio y la fecha de graduación como bachiller y profesional del Derecho para ejercer el cargo, inicialmente como Subsecretario en el año2021 y como Secretario del Despacho en 2022.

De igual manera, el Ministerio Público precisó que, al parecer, no hay claridad sobre la coincidencia que hay entre el año de graduación como bachiller y su título universitario, ambos de 2008; hecho al que se sumó la falta de registro en la Rama Judicial en la que no aparece como abogado.

La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad frente al hecho denunciado.

De otro lado, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación disciplinaria en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar, gobernador de Magdalena, por las presuntas declaraciones políticas tras la revocatoria de la candidatura de quien sería su hermana, Carmen Patricia Caicedo Omar.

El ente de control expresa que el actual gobernador utilizó, al parecer, con trinos, actos, mensajes, opiniones, criterios, entrevistas, videos, pronunciamientos y/o declaraciones, a través de medios de comunicación y redes sociales sobre su rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral.

“Se investigará si se presentó alguna falta disciplinaria relacionada con la intervención en política, al emplear el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, y por proferir indebidamente opiniones o criterios dirigidos a influir en la decisión de autoridades, en este caso electorales, en su propio beneficio o de un tercero”, sostuvo el Ministerio Público.

Tras el hecho, el organismo de control verificará si se cometieron las presuntas conductas, quién o quiénes serían sus autores, si se configuraron faltas disciplinarias, si se infringieron los deberes funcionales del mismo.

Así mismo, si concurren causas excluyentes de la responsabilidad o si, por el contrario, resulta comprometida la responsabilidad disciplinaria del actual gobernador del departamento del Magdalena, al parecer cometidos entre los últimos días de septiembre y principio de octubre de 2023.

Esto sumado a la verificación de la autenticidad de las cuentas en redes sociales de los cuales se realizaron las supuestas publicaciones; si pertenece a una persona natural, un servidor público, una entidad pública u oficial. “También, si pertenece a un nacional colombiano o extranjero, si los tweets son auténticos, veraces, integrales, así como la dirección de correo electrónico vinculado a la cuenta”, expresaron desde el ente de control.

Abren investigación al canciller Leyva

Por otro lado, la Procuraduría también ordenó una indagación al canciller, Álvaro Leyva y al viceministro Francisco Coy. Según un comunicado del Ministerio Público, los funcionarios habrían omitido la aplicación de la Política Integral Migratoria para la población que atraviesa el Tapón del Darién.

Los funcionarios deberán explicar a la entidad las razones por las que, al parecer, no aplicaron la política migratoria a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, que pretenden atravesar la frontera entre Colombia y Panamá.

La Procuraduría, además, señala que los funcionarios, al parecer, dejaron de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a los migrantes que ingresaban al país por el oriente.

“La Sala de Instrucción Disciplinaria incluyó en el expediente al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango”, informó el Ministerio Público en un comunicado publicado el pasado jueves, 5 de octubre.

Así, el organismo de control indica que la Cancillería habría dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria y, además, no realizó un control efectivo de la población migrante en los municipios previamente mencionados, lo que podría representar un riesgo para la seguridad de Colombia.