EL PEÑÓN
Procuraduría falla a favor de exfuncionarias de la Alcaldía por el caso de La Sagrada Familia
Luz Adriana Betancourt, exsecretaria de Cultura, y María de las Mercedes Romero, exdirectora de Planeación, tenían un proceso disciplinario en su contra por la resolución con la que negaron la modificación de la licencia del proyecto urbanístico.
La Procuraduría General de la Nación ratificó la terminación del proceso disciplinario que había en curso en contra de la exsecretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt, y de la exdirectora de Planeación Municipal, María de las Mercedes Romero, por el caso del proyecto urbanístico La Sagrada Familia, en el barrio El Peñón.
El máximo organismo del Ministerio Público confirmó que no procederá el proceso que se había adelantado por la actuación administrativa de Betancourt y Romero, mediante la cual no fue aprobada la modificación de la licencia de construcción del hotel con locales comerciales que la sociedad Jero S.A.S. pretendía construir en el predio del antiguo colegio de La Sagrada Familia.
Con este fallo, se da terminación a la queja que el abogado apoderado Hernando Morales Plaza había puesto en contra de las dos exfuncionarias, luego de que ellas firmaron conjuntamente la Resolución No.4132.0.21.006, con la que negaron la modificación de la licencia del proyecto, que había sido expedida en 2013.
Con esta Resolución, que fue firmada en enero de 2017, Betancourt y Romero solicitaron, además, que se suspendieran las modificaciones que en el momento se estaban adelantando en el edificio, fuera de la licencia de construcción que en ese momento estaba vigente.
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A partir de ahora, la Alcaldía de Cali deberá presentar el fallo de la Procuraduría ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para que avancen las demandas que el promotor interpuso contra la administración municipal porque, según sus argumentos, se le impidió desarrollar su obra.
Estas demandas, contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, fueron impuestas por Jero S.A.S. por una cuantía de más de $61 mil millones y $3.700 millones de honorarios del abogado Morales Plaza.
Cabe recordar que en febrero del 2017, luego de la firma de la Resolución por parte de las exfuncionarias, el Departamento de Planeación Municipal suspendió parcialmente las obras en La Sagrada Familia porque se encontraron algunos trabajos no autorizados.
Ese fue el caso de la construcción de 3.046 metros cuadrados adicionales a los que habían sido aprobados en la licencia de construcción otorgada para una nueva edificación de corte moderno, y la construcción de ocho niveles en lugar de los cinco que fueron autorizados.
¿Cómo ha transcurrido el lío?
En 2011 Jero S.A.S anunció su deseo de construir el Hotel La Sagrada Familia, en los predios donde funcionó por más de cien años un colegio femenino. En 2012, la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico aprobó los planos y, posteriormente, en 2013 inició la construcción.
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En 2015, el Departamento de Planeación Municipal hizo una visita de monitoreo a la obra y encontró modificaciones a los planos, además, en diciembre fueron encontradas otras variaciones. Por lo cual, en enero del 2016 se realizaron más visitas.
En ese mismo mes, los promotores solicitaron la primera modificación de la licencia de construcción que la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico contestó negativamente. Luego, en julio del mismo año, Jero S.A.S. adjuntó los nuevos planos de lo que sería la obra para pedir una modificación.
En febrero del 2017 la Subsecretaría de Patrimonio, junto a Planeación Municipal, ordenó la suspensión de varias obras de La Sagrada Familia, argumentando la existencia de presuntas ejecuciones que no estaban consentidas en los planos iniciales.
6 de mayo de 2019, funcionarios de la Alcaldía, encabezados por los secretarios de Seguridad y la directora de Planeación Municipal se reunieron con inversionistas del proyecto Hotel Sagrada Familia para explicar los actos administrativos que se realizaron.
Finalmente, en febrero de 2020, el Departamento de Planeación Municipal informó que el promotor del proyecto, Jero S.A.S., desistió de una acción de cumplimiento con la que pretendía el reconocimiento de dos silencios administrativos de la Alcaldía y la Curaduría Urbana Uno como licencias de construcción que permitieran retomar los trabajos civiles en el complejo ubicado en el barrio El Peñón.
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