¿Qué dicen los contratos? Sigue polémica por los $14.500 millones que Cali gastó en adecuar separadores viales

La Administración ha invertido más de $ 14.500 millones en la adecuación de los separadores viales de la ciudad, a pesar de los cuestionamientos por no priorizar esos recursos en otras obras más urgentes.

Los trabajos fueron adjudicados por dos organismos: la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (Uaegbs), que ha hecho la mayor inversión, y el Dagma.

Para tal fin, la Uaegbs ha suscrito dos contratos. El primero de ellos, por
$ 7044 millones, para intervenir tres separadores. Cada uno fue entregado a un contratista diferente.

El primer separador está ubicado en la carrera 66 entre la avenida Pasoancho y la calle 5. Se destinaron $ 2476 millones para este punto y la obra fue adjudicada a la Unión Temporal Paisajismo Separadores Cali, conformada en un 55 % por la empresa Explorer Ingeniería SAS, en un 30 % por la Fundación Esér, en un 10 % por Ayapac Construcciones y en un 5 % por Agromezclados SAS.

La CVC también ha realizado intervenciones, desde lo medioambiental y paisajístico, a algunos separadores de la ciudad.

El tramo de la avenida 6A Norte entre el Parque de las Tortugas y la calle 25 Norte es el segundo separador del primer contrato, con una inversión de $ 1443 millones. Este se adjudicó en partes iguales a los señores Enrique Lourido Caicedo y Roberto Sánchez Hernández.

El tercer separador contó con un presupuesto de $ 3089 millones, está ubicado en la carrera 39 entre la autopista Suroriental y la calle 5. El consorcio Femco, integrado por Fundesoemco (70 %) y por el particular Fernando José Castro Spadaffora (30 %), fue el adjudicatario.

Por su parte, el segundo contrato de la Uaegbs, con un monto de $ 7521 millones, se hizo para intervenir otros cuatro separadores: primero, la avenida 6 entre las calles 35A Norte y 44 Norte; segundo, la calle 52 entre las carreras 1 y 4C; tercero, la calle 27 entre las carreras 29 y 46, y el cuarto separador agrupa dos tramos, el de la calle 16 entre las carreras 100 y 105 y el de la calle 18 entre la carrera 105 y la carrera 106A.

Una vez más, cada separador de este contrato fue entregado a un contratista diferente, encontrándose que varias de las empresas de este negocio, adjudicado el 5 de mayo del 2022, son las mismas que accedieron a poner en marcha el primer proyecto en el 2021.

La Unión Temporal Cali Bella 2022 es la adjudicataria del segundo separador de este contrato, por un valor de $ 1877 millones, y en ella figura el señor Roberto Sánchez Hernández con 47 % de participación, acompañado de Edgar Cadavid Cardona, con el 48 %, e Inagan Ingeniería SAS, con el 5 %.

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La Unión Temporal Cali Ambiental 2022, que ejecuta el tercer separador, por un monto de $ 2267 millones, está compuesta por Agromezclados (60 %), Fundación Esér (30 %) y Ayapac Construcciones SAS (10 %).

En el Consorcio Femco 2022, al que se adjudicó el cuarto separador con una inversión de $ 1636 millones, figura nuevamente Fundesoemco
(80 %), junto a Asociados Yanguas SAS (20 %).

Las únicas empresas que no repitieron contrato fueron las del consorcio Separador Verde 2022. Este lo componen la Fundación Ocupacional Comunitaria de Líderes, Fundocol, y Astinco SAS, según la información obtenida del Secop.

Lo que se evidencia es que algunas compañías, ya adjudicatarias, se aliaron con otras empresas y crearon consorcios y uniones temporales para volver a aspirar a estos negocios.

Para el concejal Roberto Ortiz, quien cuestiona la inadecuada priorización de las inversiones, esta estrategia “refrenda que la Administración busca a ciertas empresas para adjudicarle los contratos. Allí habría que mirar si en las juntas directivas de esas compañías hay personas que tengan relación directa con el Alcalde o similares”.

Pero, el hecho de que estos contratos se hayan adjudicado por tramos a diferentes consorcios no fue lo único que llamó la atención. María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, manifestó que al proceso contractual del 2021 solo se presentaron tres oferentes, y a cada uno se le entregó una parte del proyecto.

Además, “en el 2021, la Unidad de Bienes y Servicios y el Dagma fueron las únicas dependencias que no superaron el 50 % en la eficacia en sus metas”, recordó Alvarado.

En relación con la gestión contractual, la también concejal Ana Erazo manifestó que esta tiene que ser vista con mayor detenimiento, en especial, por parte de “la ciudadanía, algunos líderes políticos como nosotros y otros más, quienes se han tomado el trabajo de realizar la auditoría a los contratos de esta Administración, ante la silenciosa gestión de los entes de control”.

Precisamente la Personería de Cali aseguró que inició recientemente una revisión sobre estos proyectos, la cual se encuentra en proceso, “por lo que aún no hay un pronunciamiento oficial”.

Por otro lado, la Contraloría de la ciudad no ha realizado investigaciones sobre este tema durante la vigencia 2022, pero sí hizo una el año pasado, sin embargo, esta no cuenta con sus resultados publicados.

Frente a toda esta polémica, Carlos Salazar, director de la Uaegbs, señaló que en ningún momento se buscó favorecer a alguna empresa con los contratos, a pesar de que algunas firmas figuran en diferentes proyectos.

“Estos son integrantes de consorcios que se han agremiado con otros para cumplir con los criterios de la licitación según el caso, lo que los califica como un contratista diferente. Muchos censuran que no existe pluralidad de contratistas y lo que ha hecho esta Administración es que exista concurrencia de oferentes”.

Salazar también manifestó que no es cierto que solo haya dos contratos, dijo que cada separador a intervenir es uno distinto, contrario a lo que aparece registrado en el Secop.

“La realidad es que son siete contratos, por eso fueron adjudicados cada uno a un contratista diferente. Los tres del 2021 ya están terminados y tres de los cuatro del 2022 fueron prorrogados para ser finalizados en esta vigencia”, agregó el director de la Uaegbs.

Por el lado del Dagma, este organismo publicó un proceso de licitación el 19 de agosto pasado para la adecuación ambiental y paisajística de dos separadores viales. El primero corresponde a la carrera 46, entre las calles 25 y 36, y el segundo está ubicado en el sector de la rotonda de Siloé, en la carrera 52 entre calles 1 y 2.

En este proyecto se planean invertir $ 1355 millones, se postularon 12 proponentes y ya fueron rechazados tres de ellos. Aún no se ha dado la adjudicación del negocio.

Seis días después de publicada la licitación, es decir el 25 de agosto, el Dagma abrió un proceso de menor cuantía, por $ 712.567 millones, para la intervención de los separadores viales de las comunas 5, 7, 8 y 13. Este contrato fue adjudicado al Consorcio Obras Verdes 22, integrado por la Fundación Expresión Libre ESP y la Fundación Ambientalistas y Reforestadores de Colombia.

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A pesar de que ambos contratos buscan un fin similar, y fueron publicados en el Secop con seis días de diferencia, el Dagma optó por realizar procesos distintos.

Oscar Villani, subdirector de Ecosistemas de este organismo, explicó que esto se debe a que “las dos contrataciones tienen fuentes de recursos diferentes. Uno es del presupuesto participativo y el otro se financió con recursos propios”.

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Estos cuestionamientos no son los únicos que se han hecho a los separadores. Muchos expresan que estos realmente embellecen los espacios, sin embargo, la mayoría concuerda en que todo ese recurso debió haber sido invertido en asuntos más relevantes o urgentes para la ciudad.

Juan Carlos Ponce de León, arquitecto y exdirector de Planeación de Cali, puntualizó que “en el espacio público hay muchas más obras prioritarias que los separadores, por ejemplo, arreglar andenes”.

El arquitecto indicó que, sabiendo que lo primordial es la movilidad de los peatones, este recurso debió invertirse en ese sentido.

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De forma similar opinó Liliana Cuéllar, lideresa en temas de defensa a la población en situación de discapacidad. Ella denunció que estos espacios no contemplan de forma adecuada a todos los peatones, pues aunque a las personas sin discapacidad no se les dificulte movilizarse por estos espacios, a la comunidad que ella defiende sí.

“Han puesto unas barreras que, junto a esos encerramientos, limitan nuestra posibilidad de desplazarnos. Además, sus niveles de suelo son muy altos y ponen cada espacio peatonal muy lejos del siguiente.

Debería haber un cruce cada 100 metros y tener el espacio suficiente, por ejemplo, para las sillas de ruedas, pero eso no está quedando así”, dijo Cuéllar.

También se ha cuestionado que hay otras necesidades que hubieran requerido ese dinero, como la deteriorada malla vial de los barrios.