¿Qué ha pasado con los programas de impacto social en Cali?

Pobreza, desempleo, alimentación inadecuada y falta de oportunidades educativas para los jóvenes y miles de familias, son algunas de las causas de la problemática social que enfrenta Cali hoy. Una coyuntura que amerita atención a través de programas públicos sociales para atender a los hogares más vulnerables, pero a la fecha varios presentan inconvenientes debido a la pandemia, mientras otros están cortos de recursos. O, simplemente, se desmontaron al no ser financiables.

Entre algunas de esas estrategias de especial cobertura figuraban hasta el año 2019 los comedores comunitarios, los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, Gestores de Paz y el de Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIOS, que se desarrollaron en las administraciones de los alcaldes Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage.

¿Qué ha pasado con estas iniciativas dirigidas a aumentar la inclusión social? Según el concejal Roberto Rodríguez, algunos de los programas se realizan “a medias y, más que haberse desmontado, no cuentan con presupuesto”. Uno de ellos, anota, es el programa TIOS, que “hoy no tiene igual ímpetu que en gobiernos anteriores, mientras el de Gestores de Paz (que empleó a jóvenes expandilleros de la periferia) no tiene el alcance de antes”. Tanto, que este último no se incluyó en el Plan de Desarrollo ‘Cali unida por la Vida’ porque no es sostenible en materia presupuestal, según lo confirmó el propio secretario de Bienestar Social, Jesús Darío González.

Ante esta situación, el concejal Rodríguez plantea que se debe priorizar la financiación de los programas sociales si se “redirecciona con ese objetivo parte del préstamo de $650.000 millones autorizado a la Alcaldía, destinando de forma urgente $10.000 millones para bajarle presión a esta olla pitadora que hay en Cali”.

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Por su parte, la concejala Diana Rojas admite que el programa de comedores volvió a operar este año. Sin embargo, recalca que “detener el funcionamiento de los comedores comunitarios en 2020 fue un grave error, y más en un contexto donde uno de cada tres hogares caleños tuvo que prescindir de al menos de una de las tres comidas mínimas por cuenta del desempleo”.

En ese sentido, califica como “un despropósito y una equivocación” la reducción de $2000 millones en el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social en el rubro de seguridad alimentaria, pues “el estallido social demuestra que se debe invertir en los más vulnerables. Un alcalde que dice ser del pueblo debería tenerlo claro”.

Denuncia la cabildante Rojas que el programa de Centros de Desarrollo Infantil, CDI, lleve cinco meses suspendido, afectando a 10.000 niños.
“Contratar la Feria de Cali de 2020 se hizo en dos meses, pero poner a funcionar los hogares infantiles no ha sido posible”, agrega. Por ello advierte del riesgo de que “muchos menores terminen siendo parte del trabajo infantil en las calles”.

Sobre el programa Gestores de Paz sostiene que “sería muy útil en las actuales circunstancias”, ya que “permitía generar empleabilidad a personas que enfrentaban barreras para acceder a un trabajo de calidad y que esta Administración decidió terminar”.

Recuerda que el programa, suprimido por el alcalde Jorge Iván Ospina, benefició hasta el 2019 a 2000 personas, de las cuales el 40 % eran expandilleros, el 30 % víctimas del conflicto armado y personas desplazadas y el 30 % restante, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

Una de las decisiones que ha sido considerada como un acierto es la reorientación hacia lo social de
los $60.000 millones que iba a costar la remodelación de la Av. Sexta.

Frente a lo que está ocurriendo, Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Universidad Icesi, recalca que “la implementación de los programas sociales ha sido desigual y no sostenible porque depende de los contratos que haga la Alcaldía”.

En ese sentido, considera que es indispensable la reorientación de recursos públicos y la priorización del gasto en otros frentes. “Los ciudadanos esperan que se sigan ofreciendo este tipo de servicios y, en el caso del programa TIOS, se necesita una alta presencia territorial”, aunque admite que es complejo ante la continuidad de la pandemia.

“Sin duda la ciudad tiene un déficit de programas sociales, e incluso en tiempos normales, dado que los problemas son mayores a los recursos disponibles”, agrega al anotar que “un vuelco sería lo aconsejable en este campo para atender la coyuntura”.

A su turno, Dagoberto Cárdenas, vicario de Desarrollo Humano de la Arquidiócesis de Cali, dice que quizás a algunos programas les falta financiación, aunque resalta que 500 comedores comunitarios han continuado con la entrega de 50.000 raciones diarias. “Lo único es que no han podido funcionar (como antes) por el paro ante la falta de un abastecimiento suficiente de alimentos”. En el caso de los Gestores de Paz, señala que “es similar al de los Guardianes de Vida en cuanto a su estilo, ya que la emergencia sanitaria obligó a cambiar el formato, pero puedo equivocarme”.

El director del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis, Rubén Darío Gómez, señala que “la responsabilidad para ejecutar estos programas debe ser compartida entre los gobiernos local, departamental y nacional para que las Alcaldías no se queden administrando solo pobreza”.

Respecto a las denuncias sobre la desatención de varios programas sociales, el secretario de Bienestar Social del Municipio, Jesús Darío González, sostiene que “todo lo social sí tiene un gran peso en el Plan de Desarrollo”.

Sobre los comedores comunitarios explica que “el programa se recibió con 39.000 raciones-día y se proyecta una cifra de 51.045 con 522 comedores, aunque a la fecha existen 499 con 49.000 raciones”, pese a las dificultades por culpa del desabastecimiento. El programa opera bajo convenio con la Arquidiócesis de Cali, con el apoyo de 1600 gestoras y gestores.

“Esperamos ir más allá para que no sea solo asistencia sino un proceso de cerrar brechas de pobreza e identificando a las personas que requieren esas raciones, impulsando a su vez las huertas caseras y las ollas comunitarias más la entrega de mercados y bonos”, indica.

En el futuro la idea, agrega, es contar con 700 restaurantes comunitarios mediante esa transformación proyectada.

Acerca del programa de Centros de Desarrollo Infantil, dijo que ya está listo un convenio con el Instituto de Bienestar Familiar, que en fase preoperacional y su financiación se hará con los recursos de vigencias futuras. “Está demorado, pero seguirá”, dice.

Sobre Gestores de Paz, que hasta el 2019 tuvo una inversión de $14.000 millones para ayudar a jóvenes vulnerables, el secretario González indica que “no fue considerado en el Plan de Desarrollo porque no era sostenible en vista de que se previó (para un ciclo de 18 meses en el Gobierno anterior) que permitiera a esas personas tener emprendimientos, y como no lograron ese salto, siguieron demandando empleo. Eso significaba unas cargas financieras y de nóminas muy altas” para el Municipio.

Lo segundo, anota, es su aplicabilidad y si ese empleo contribuía y en qué medida a generar realmente las condiciones de ciudad.

Por lo tanto, agrega, “esas poblaciones en el marco del plan de reactivación podrían apoyar procesos de construcción de obra pública con una reorientación hacia sectores de alta informalidad, afectaciones por la pandemia, víctimas y desplazados por la violencia, y a jóvenes en conflicto”. No ofreció una fecha para su ejecución.

En cuanto al programa TIOS, afirma que se convirtió en una subsecretaría y en “un administrativo sin dientes” para apoyar la intervención social en los territorios. Sin embargo, dice que esa estrategia podría contribuir a la reactivación en el plano del emprendimiento colectivo “y de reconstrucción social y del empleo en Cali”.

Entre febrero y abril del 2021 Cali presentó una tasa de desempleo del 15,1 %, la cual significa que hoy 271.000 personas están sin trabajo. Las cifras demuestran que el coletazo de la pandemia aún tiene deprimido el mercado laboral.

Al respecto el doctor en sociología de la Universidad del Valle Luis Carlos Castillo dice que el actual estallido social obedece tanto a la falta de empleo como al empobrecimiento gradual de la población, que no cuenta con ingresos mínimos para alimentarse y vivir dignamente, fenómeno que se concentra en la población afro y femenina entre 18 y 28 años.

Para superar esta desesperanza, el docente estima que la Alcaldía y el empresariado deben acometer una política de empleo de urgencia para generar al menos 100.000 puestos de trabajo focalizados en los jóvenes, de ellos 70.000 en una primera etapa. El empresariado ha propuesto 30.000 con la promesa de revisarlo.

A lo anterior, dice, se debe añadir, “una renta mínima de $450.000 al mes para llegar a los hogares que están en condición de hambre y miseria, así se consideren que se trata de un asistencialismo”.

El duro acoso de la pobreza y el desempleo son factores a tener en cuenta para acelerar los programas sociales en Cali.

A la fecha, 934.350 personas enfrentan pobreza monetaria en Cali (36 % de toda la población), y a ello se agregan 221.500 en pobreza extrema, lo que supone precariedad para el 50 % del tejido social de la ciudad.

Asimismo, 256.000 ciudadanos salieron de la clase media debido a la crisis causada por el covid-19, al perder empleos y negocios.

Para empeorar las cosas en esa “bomba social” figuran alrededor
de 102.286 jóvenes que ni estudian ni trabajan.