¿Quién le pone la lupa a la contratación de la Alcaldía y qué investigaciones hay en curso?

Los procesos de contratación directa realizados por la Administración Municipal durante el 2020 y algunas presuntas irregularidades en la forma en la que se ejecutaron recursos públicos empiezan a llamar la atención de los entes de control locales y nacionales, que ya adelantan investigaciones y hasta han proferido sanciones preliminares contra funcionarios de primera línea del gobierno de Jorge Iván Ospina.

Y aunque desde las ‘ías’ se advierte que los procesos de orden disciplinario, fiscal, administrativo y penal están marchando y que, incluso, este año podría haber resoluciones concluyentes; veedores de la ciudad señalan que la gestión de los entes de control locales ha sido débil durante el primer año de mandato de Ospina, pues sugieren que habría cercanía entre el poder ejecutivo caleño y estos organismos. 

Al respecto, Elmer Montaña, abogado y veedor, sostiene que “tenemos un personero y una contralora que son del bolsillo del Alcalde, pues los concejales terminaron nombrando a quienes él quiso. Obviamente que esto se hizo para no tener ningún control efectivo de su gestión; hoy vemos que no hay ninguna actuación relevante de los entes, porque revisando los contratos que se han entablado nos resulta imposible creer que ni la Personería ni la Contraloría hayan advertido semejante cúmulo de irregularidades que se han evidenciado con casos como la Feria de Cali virtual, el alumbrado navideño y los contratos interadministrativos. O los entes de control no están haciendo su trabajo, o lo están haciendo y se hacen los locos, o lo están haciendo y son partícipes de las irregularidades”.

Este concepto es reforzado por la veedora Luz Betty Jiménez, quien asegura que la labor de entes como la Personería y la Contraloría “nos indica el carácter ineficiente de su gestión como entes de control disciplinario y fiscal de los actos de la Administración Municipal, lo cual deja mucho que desear en materia investigativa y sancionatoria de los funcionarios que violan regularmente la Constitución, la ley y las normas municipales”. 

Vea también: así han recuperado al Bulevar del Río del deterioro

Jiménez añade que en el caso de la Personería dicho fenómeno “ocurre de forma recurrente debido a la politiquería del ente de control, casi siempre producto de los acuerdos electoreros entre el Alcalde y el Concejo Municipal. Por otra parte, en la medida en que la Contraloría ya no ejerce el control previo y selectivo de las actuaciones relacionadas con el presupuesto, esa entidad perdió su capacidad para adelantar un control efectivo”.

Desde la Personería se adelantará una investigación sobre la contratación realizada para la Feria de Cali virtual y los 161 convenios y contratos interadministrativos que entabló la Alcaldía de Cali en el 2020, en los que se destinaron $164.129 millones.

Entre tanto, Pablo Borrero, también veedor ciudadano, señala que “el carácter formal al que se reducen las investigaciones y la manera de dilatarlas en el tiempo han hecho que los ciudadanos pierdan la confianza en dichas instituciones, tal como sucede, por ejemplo, con los casos de la contratación administrativa con la cual aparecen comprometidas varias secretarías, las cuales se encuentran en un limbo jurídico, al igual que el control sobre la ejecución de  obras de infraestructura”.

¿Qué investigaciones hay en curso?

A nivel nacional las alarmas las encendió el saliente procurador Fernando Carrillo, quien señala que en ese despacho hay 231 procesos activos contra funcionarios de la actual Administración.

De ese paquete de investigaciones hay 25 en estudio preliminar, 138 en indagación preliminar, 44 en investigación disciplinaria, 10 en evaluación de la indagación preliminar, 1 para proferir fallo, 8 en pruebas de descargos, 4 para resolver recurso de apelación y 1 para resolver revocatoria directa.

Entre tanto, la Procuraduría Provincial de Cali, al 15 de enero de este año, tiene en curso 38 procesos frente a actuaciones de la Administración Municipal actual. Entre los más llamativos se encuentra la remodelación de la plazoleta Jairo Varela, por la que se adelanta un proceso disciplinario; y las acciones preventivas para los contratos del alumbrado navideño móvil y la Feria de Cali virtual.

De acuerdo con el procurador provincial de Cali, Juan Gerardo Sanclemente, para estos últimos dos contratos se hizo una solicitud al área de investigaciones especiales “para la verificación de presuntos sobrecostos en el alumbrado móvil, pero allí también tendremos que incorporar el incumplimiento que hubo en los recorridos. En la contratación de la Feria de Cali se está recaudando información sobre incidencia, impacto social, presuntos sobrecostos y el proceso de contratación, que también ha tenido sus inquietudes”.

Según el reporte del Ministerio Público hay una acción preventiva de seguimiento al crédito de $650.000 millones adquirido por la Administración Municipal para proyectos del plan de desarrollo. Además, hay un proceso disciplinario abierto contra el alcalde Jorge Iván Ospina por un artículo de un diario local en el que se denuncian “posibles actos de corrupción”.

Le puede interesar: Otra captura por asesinato de mujer en estación del MÍO

Por su parte, la Personería asegura que de las 561 investigaciones que se adelantan actualmente allí, 134 procesos corresponden a hechos atribuibles a la actual Administración Municipal. De estas indagaciones, 53 involucran a altos funcionarios del gabinete Municipal.

En el último año, la Personería Distrital ha proferido 15 fallos de carácter sancionatorio en primera instancia, de los cuales seis fueron procesos iniciados en el 2020.  

Hasta el momento, la Personería ha proferido sanciones, en primera instancia, contra cuatro funcionarios del gabinete Municipal. La decisión más reciente se dio esta semana contra el director del Dagma, Carlos Calderón, quien fue sancionado con una suspensión de cuatro meses por suscribir un contrato de prestación de servicios de transporte de forma directa, obviando el proceso de selección del contratista y amparándose en la figura de urgencia manifiesta, lo que no estaría cobijado bajo esa medida. (Ver recuadro).

“Prácticamente todos los procesos que hemos abierto son por desconocimiento de las normas de contratación, irregularidades en los procesos de contratación... en unos casos se ha utilizado la contratación directa para situaciones que no son del giro misional de las secretarías y se ha utilizado la figura de la emergencia sanitaria para establecer contratos directos que no tienen nada que ver con la atención de la pandemia ni la situación de covid”, remarca el personero, Harold Cortés.

Otra irregularidad identificada por el Ministerio Público hasta el momento es que, en algunos casos, desde algunas dependencias no se estarían realizando estudios de mercado ni análisis que sustenten los procesos contractuales, bajo el argumento de la emergencia sanitaria.

“También vemos que hay un desconocimiento en el procedimiento y la parte jurídica, que la han omitido, o que utilizan la figura de la contratación directa de manera arbitraria para hacer contratos amañados. Si hago un muestreo de las sanciones que se han proferido en época de pandemia, esto es sistemático porque tenemos tres fallos contra funcionarios por ese tipo de situaciones”, asegura Cortés.

De otra parte, la Contraloría Municipal informó en su rendición de cuentas que durante el año pasado se revisaron 106 contratos que entabló el Municipio en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. De ellos, 93 se contrataron bajo la figura de urgencia manifiesta y 13 fueron por contratación de emergencia y, en total, sumaron $66.162 millones.

En dichas auditorías, en total, se establecieron 90 hallazgos administrativos, 49 disciplinarios, ocho fiscales, por $240 millones; dos penales y se dio inicio a dos procesos sancionatorios.

Los casos en la Personería

A la sanción en primera instancia proferida por la Personería contra el Director del Dagma se suman otras contra el exsecretario de Educación, Rubén Cárdenas, quien fue suspendido durante cuatro meses; el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, a quien se le dictó sanción por cuatro meses; la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, quien recibió una sanción de siete meses.

A este listado se suma el exgerente (e) de Emcali y secretario de Gobierno, Jesús Darío González, a quien se le aplicó un procedimiento verbal y se le citó a audiencia; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, haciendo uso del poder preferente, solicitó el traslado de su proceso. Lo mismo ocurrió con las investigaciones que eran adelantadas contra los secretarios de Desarrollo Económico y Bienestar Social.