Reparos a la contratación que se dará con vigencias futuras aprobadas en el Concejo

Con el propósito de financiar los proyectos movilizadores del Plan de Desarrollo, el Concejo de Cali aprobó, en segundo debate, las vigencias futuras ordinarias en ejecución y vigencias futuras excepcionales por un valor de $93.000 millones en el marco del proyecto de Acuerdo 046.

Se trata de recursos que irán destinados a la reconstrucción de la Galería Alameda (por $4.560 millones), el proyecto de Conservación de Cuencas Hidrográficas por el Dagma ($19.837 millones), el Bulevar San Antonio (por $2.697 millones) y Cali Ciudad Inteligente ($1.650 millones).

Según explicó la concejal Ana Erazo, una de las ponentes del proyecto de acuerdo, la intención del mismo es dejar para este 2020 los estudios de los trámites burocráticos para iniciar la ejecución el 1 de enero del año entrante.

Y si bien la Administración necesita adelantar lo más pronto posible los proyectos, producto de los atrasos durante la pandemia, la concejal Diana Rojas cuestionó que se optará por llevar a cabo una contratación directa bajo el modelo de convenios interadministrativos, mas no por licitación pública, para los estudios técnicos del Bulevar San Antonio y Ciudad Inteligente por un costo de $4800 millones.

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“Esta es una contratación a dedo tratándose de más de $4000 millones, sin abrir un concurso para que sea elegido el mejor oferente”, aseguró la concejal Diana Rojas.

La cabildante recordó que, de acuerdo con la Ley 1150 del 2007, los procesos de contratación por más de $877 millones deben ser realizados bajo licitación pública. Es decir, solo los contratos que tengan una cuantía inferior pueden realizarse de forma directa o por selección abreviada.

“Si bien no es una decisión ilegal, opino que se debe garantizar un concurso para seleccionar al mejor y hacer procesos más transparentes, pero lo que hace la Administración para saltarse ese punto desde la legalidad es realizar convenios administrativos, que permiten que la otra parte subcontrate y tenga una responsabilidad de hasta tres cotizaciones pero sin proceso de selección abierta”, explicó Rojas.

A su vez, Lina María Orozco, politóloga de la Universidad Javeriana, indicó que “al estar aprobadas las vigencias futuras, uno de los requisitos a cumplir es que los contratos estén en ejecución con la vigencia actual, lo que requiere celeridad para este mismo año, al que le faltan tres días para acabar. Aunque esto puede ir en detrimento de una contratación transparente en la que se puedan conocer diferentes ofertas del mercado”.

En cambio, María del Pilar Cano, directora jurídica de la Alcaldía, indicó que los convenios interadministrativos están reglamentados por la Ley 80 de 1993, que consiste en contratar dos o más personas jurídicas para que, en el marco de sus competencias, cumplan lo pactado con el ente territorial.

“Es por eso que contrataremos a entidades que tienen una reconocida idoneidad y experiencia para llevar a cabo los estudios de prefactibilidad de los proyectos. Decir que esto es una contratación a dedo implica un desconocimiento de la normativa, dado que se trata de una causal que se encuentra dentro de los mismo albores de la Ley 80”, aseveró Cano.

Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo explicó que para autorizar las vigencias los proyectos del acuerdo debían tener mínimo un 15 % de la apropiación de la vigencia fiscal actual, es decir, la del año 2020 (que termina en dos días).

“Y para que se pueda tener ese 15 % a hoy, que falta poco para que se acabe el año, no es posible realizar una licitación pública, dado que eso toma más de 45 días. Por eso se hace un convenio interadministrativo. Ahora bien, cabe preguntarse quiénes harán parte del convenio, por lo que ya tocará revisar si el contrato no tiene irregularidades o presenta algún inconveniente de cualquier tipo”, aclaró el concejal.

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