"Se vienen investigaciones más grandes": habla funcionaria de la Contraloría que le pone lupa a las presuntas irregularidades de Ospina

Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, es la mujer al frente de las investigaciones en los presuntos casos de corrupción por los que el ente de control ordenó el embargo de cinco cuentas y siete bienes del alcalde Jorge Iván Ospina.

Asimismo, congeló otras 21 cuentas bancarias de funcionarios implicados en una presunta red de corrupción en la Alcaldía y Emcali.

Entre los contratos y convenios se encuentra: un convenio para el mantenimiento preventivo y correctivo de 400 cámaras de vigilancia, las obras del canal de aducción de San Antonio, un contrato de Emcali con la ERT para operar un call center y el caso de tasas retributivas que Emcali debería al Dagma. Aquí más detalles de las investigaciones.

¿Cómo surge este proceso y en qué etapa se encuentra?
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Esto surge en septiembre del 2022, en una audiencia en Cali donde se realiza una intervención oficiosa. Recibimos todo este paquete de auditorías, de procesos que se venían adelantando en la gerencia, denuncias que realizaron los mismos medios de comunicación y la ciudadanía y procedimos a implementar las investigaciones. En el tema de Emcali son 28 investigaciones en total, de las cuales 9 están ya en apertura de procesos y el resto en indagación preliminar. En el caso de la Alcaldía de Cali, estamos adelantado diez investigaciones, de las cuales ocho se encuentran en las indagaciones preliminares y las otras dos con responsabilidad fiscal (afectación al patrimonio público).

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¿Cuáles son esas investigaciones que tienen implicaciones de responsabilidad fiscal?

Uno de los hechos está relacionado con la entrega inoportuna de material publicitario para la Feria de Cali 2020 y el otro proceso está relacionado con prestaciones pagadas y no realizadas con unas plantas de sonido.

¿Qué más están investigando?
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El Plan de Alimentación Escolar (PAE), proyectos de obras públicas, contratos de diseños, interventorías, contratos de alumbrado, saneamiento básico, planes y programas, y la Feria de Cali 2020 (virtual).

¿Cuál es el proceso qué más le preocupa?
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Todos los procesos son realmente importantes; aquí tenemos cuantías de hasta $12.000 millones en un solo proceso. Como también tenemos cuantías de $3 millones. Claro, la suma es importante, pero en el erario es tan importante un peso como $700.000 millones.

¿Cuánto tiempo se estima que duren estas investigaciones?
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Las indagaciones preliminares tienen un tiempo de seis meses para recolectar las pruebas; a partir de la apertura del proceso se podría estar demorando entre un año o dos años para tomar la imputación. Creo que en dos o tres años se estarán dando decisiones finales.
Preocupa que en esta Administración se use la figura del convenio interadministrativo para contratar a dedo, o en su defecto para subcontratar obras y servicios, como ustedes lo exponen en el caso de Impretics (cámaras de seguridad), ¿cómo se controla esa figura?
La intermediación no es algo prohibido, lo que buscamos en la Contraloría es la protección del dinero público y desde ese punto de vista con el dinero público no se puede hacer esa intermediación. Por ejemplo, una empresa de zapatos no puede prestar servicios de espectáculos... Nosotros lo que entramos a investigar es si la utilización de esa figura genera un detrimento. Por eso las pruebas se compulsan a la Fiscalía y la Procuraduría...

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¿Ahora qué viene, si ustedes encuentran hallazgos que afecten el erario? ¿Qué viene para el alcalde Jorge Iván Ospina o las personas de sus administración implicadas en el proceso?

Él ejercerá su derecho de defensa en el debido proceso en las investigaciones que se le adelantan. El tema de una suspensión es una de las facultades que puede tener el Contralor de la República, él determinará. La Fiscalía podrá adelantar las investigaciones pertinentes.
¿Y ustedes cuándo van mostrar los resultados de estas investigaciones?
Lo que puedo decirle es que se vienen más investigaciones y más grandes. Más o menos en dos o tres años estaríamos dando los fallos. Esperemos a que salgan los resultados.

¿Cuántos hallazgos disciplinarios (el funcionario incumple con su deber) y cuántos penales (delitos) surgieron de esta parte de la investigación?
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Frente al caso de Impretics (las cámaras de seguridad) se compulsaron copias para que se investigarán los hechos que definimos en ese proceso. A la Procuraduría se le compulsaron cinco hallazgos en el tema de Emcali, y otros cuatro hallazgos a la Fiscalía.

¿Si se logra confirmar todo lo que ustedes investigan como presuntos hallazgos, cuál es la decisión más severa a la que puede llegar la Contraloría General?
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Hay una figura que es la suspensión del cargo a la persona investigada. Y esa decisión solo la puede tomar el Contralor General de la República.
Entonces la decisión máxima es que el Contralor General de la República aparte de su cargo al Mandatario, ¿qué otra implicación fuerte habría?
También hay decisiones que pueden tomar La Fiscalía y La Procuraduría, pero no soy la persona competente para hablar del tema.

¿Se puede argumentar en un caso como estos que el Mandatario delegó la contratación en otra persona y que él no es responsable?
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Eso no es tan así; las delegaciones tienen unas responsabilidades y así lo han establecido en diferentes ocasiones la Corte constitucional y el Consejo de Estado.

A esta Alcaldía solo le quedan nueve meses, ¿qué sanciones se le aplicaría a futuro si cuando salgan los fallos ya ha terminado el mandato?

Si pasa eso la personas implicadas tendrán antecedentes fiscales y deberán pagar por el detrimento que se establezca en el fallo de responsabilidad fiscal.

¿Ustedes han podido cuantificar ese dinero en riesgo frente a los procesos en mención?

Te puedo decir que estamos investigando más de $700.000 millones; de eso se puede generar más detrimento porque el dinero da sus frutos, también te puedo decir que puede ser menor porque hay obras que están inconclusas, pero no se pierde todo el dinero.

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¿Hasta cuándo van a estar con embargo las cinco cuentas y siete bienes del alcalde Jorge Iván Ospina? A propósito, él dice que son solo dos cuentas y dos bienes...

En el marco de la investigación lo que se adelanta es que se requiere a las autoridades competentes para que se informe frente a determinada persona qué bienes y cuentas bancarias pueda tener, es también Nequi, Daviplata, todas esas cuentas donde los implicados puedan tener movimientos bancarios... y estoy hablando de manera general.

¿Cuánto puede durar el embargo?
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Lo que dure el proceso... si es un fallo con responsabilidad fiscal, las medidas se seguirán adelantando en el proceso de cobro coactivo y se harán efectivas. En caso que se demuestre que la persona no es responsable simplemente se ordena el desembargo.

¿Y si tiene cuentas bancarias o propiedades fuera del país?
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Eso requiere un proceso de cooperación internacional; es más largo el trámite que se debe realizar.

Cuando usted dice que se vienen más investigaciones y más grandes a la Administración Municipal de Cali podría ser más especifica...

Lo que viene originario del impacto nacional: Emcali y la Alcaldía.

¿Cuándo se conocerán los nombres de las personas implicadas en el caso de Impretics y Emcali?

Simplemente puedo informarle que son gerentes de Impretics, gerentes de Emcali que estuvieron durante el trascurso de los procesos contractuales en la Administración, secretarios de despacho. También se vincularon a empresas aseguradoras para que entren a responder por la pérdida económica, contratistas, interventorías, supervisores.

¿Fallaron las interventorías?

Estamos investigando algunas interventorías...

¿Qué pueden esperar los caleños de este proceso que adelanta la Contraloría General de la República, el cual busca proteger los recursos de los caleños?

Más que mío es de la Contraloría General de la República, del doctor Carlos Hernán Rodríguez, quien ha tenido un afán de respeto del erario, del servicio público. Confíen en la entidad, seguimos trabajando por el patrimonio; el servidor público está para servir y proteger los dineros públicos.