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PLANEACIÓN MUNICIPAL

Sigue debate por predio en barrio Prados del Norte, aledaño al río Cali

La Administración Municipal instaurará una acción popular para que se resuelva la titularidad de transferencia del predio y se suspendan las obras de un proyecto habitacional en curso.

17 de marzo de 2021 Por: Redacción de El País
Panorámica de Cali, imagen de referencia. | Foto: Raúl Palacios / El País

El director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, anunció la instauración de una acción popular para restituir el predio Tarragona, ubicado en el norte de Cali, como un bien de uso público en medio de una polémica con la constructora Cosenza, que pretende realizar un proyecto habitacional en ese sector del barrio Prados del Norte.

“Este predio de 18.900 metros cuadrados, ubicado en la Avenida 2 Norte con calle 34, fue una cesión de espacio público adelantada en 1965 y que desde el Acuerdo 50 de 1978 pasó a manos de diversos particulares, pero ese proceso no se adelantó con todos los requisitos legales de entonces, dado que debía pasar por el Concejo, la Personería y la Gobernación, según la Ley 4 de 1913”, explicó el funcionario.

Es por eso que en la acción popular la Administración solicitará que no solo se resuelva la titularidad de transferencia de dicho predio, sino que también suspenda el desarrollo de las obras y las licencias urbanísticas del proyecto habitacional. De acuerdo con la Alcaldía, la sentencia podría tardar hasta dos años en ser proferida por la justicia.

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Frente a este anuncio, Cosenza respondió a través de un comunicado que tiene “total seguridad jurídica que la acción popular no va a proceder, ya que, según el Acuerdo 050 del 31 de octubre de 1978, el Concejo y la Gobernación de la época en el Artículo 3 autorizaron al Alcalde para portar a cualquier título bienes del municipio; y basados en este acuerdo, el Alcalde -mediante la escritura No. 5708 del 28 de diciembre del año 1978- aportó a la Corporación para la Recreación Popular el lote (...) por un valor de 16 millones de pesos”.

La constructora también citó un certificado de la Dirección de Desarrollo Administrativo del 20 de noviembre del 2015, que señala que el predio no está comprendido dentro de los activos del Municipio.

“El proyecto de urbanización seguirá su trámite normal y solamente será un juez, quien a través de su fallo, determine la finalización, indicando lo contrario. Para ello, el proyecto cuenta con todas las garantías jurídicas para los compradores, ya que fue estructurado bajo un esquema fiduciario, lo cual indica que los dineros pagados por los compradores están bajo la administración de la fiduciaria y el constructor no hace uso de ellos”, agregó Cosenza en el comunicado revelado el día de ayer.

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