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Representantes de la Contraloría de la ciudad, realizaron varias visitas a la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel para verificar las condiciones en las que viven los adultos mayores. | Foto: Fotos: Especial para El País

CALI

¿Y la plata de los abuelos? Las irregularidades que encontró la Contraloría en el Ancianato San Miguel

Informe de la Contraloría sobre el Ancianato San Miguel arrojó 17 hallazgos administrativos, uno de ellos con incidencia penal. Detalles.

8 de septiembre de 2022 Por: Redacción de El País

Hace aproximadamente seis meses los trabajadores de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel visibilizaron la crisis económica que se vivía al interior de esta institución, la cual funciona como operador de la Alcaldía en la atención de los adultos mayores en Cali.

Las quejas por la falta de alimentos para más de 300 abuelos y abuelas residentes en el lugar fueron el foco de atención. Ante este llamado, la Contraloría de Cali realizó una auditoria especial considerando que el Municipio recoge un dinero, a través del impuesto tributario de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, que debería ser destinado a la atención de esta población.

Tras la revisión del ente de control a las vigencias 2020, 2021 y hasta marzo del 2022, al uso de los recursos que deben ir al Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, se identificaron 17 hallazgos administrativos, 12 de ellos con incidencia disciplinaria, 6 con repercusión fiscal y uno con incidencia penal.

Este informe enciende las alarmas ya que representa un posible detrimento patrimonial por $3.517 millones, de los $32.000 millones recogidos en las vigencias analizadas, y que deberían haber sido invertidos, de la mejor forma, en la población adulto mayor de la ciudad.

Asimismo, el documento de la Contraloría advierte que desde hace muchos años el Gobierno local ha vulnerado la protección de los abuelos que habitan en la E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, ya que en repetidas ocasiones se ha suscrito la contratación tres y hasta seis meses después de haberse iniciado la vigencia.

Además, según la Contraloría, la crisis económica por la que aún pasa este operador de la Alcaldía se debe también a que más de 150 contratos fueron financiados con el dinero recaudado para el adulto mayor, sin que estos tengan que ver con esta población.

Según dice el informe: “La Secretaría de Bienestar Social suscribió proyectos en las vigencias 2020 y 2021, que no están contemplados dentro del marco normativo aplicable y les asignó recursos tanto del balance como de rendimientos financieros de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor y no fueron ejecutados”.

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¿Qué dice la Administración?

María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social, dijo ser respetuosa del trabajo de los órganos de control porque conoce las dinámicas de lo público. Sin embargo, “en la Secretaría estamos convencidos de que se han invertido bien los recursos de la estampilla del adulto mayor, lo cual esperamos demostrar con las evidencias que entregaremos al ente de control”, dijo.

Y agregó: “Cuando realizamos la contratación del personal de nuestro organismo, tenemos en cuenta el múltiple enfoque diferencial que puede tener una sola persona objeto de nuestra atención y protección”.

Lo anterior valida, según la funcionaria, que se usen recursos de la estampilla del adulto mayor para contratar personal en otros programas como Familias en Acción y no exclusivamente en el de personas mayores. De igual forma, contratar servicios con la estampilla como el auxilio funerario para personas mayores.

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Otras posibles irregularidades

En su análisis, la Contraloría encontró también una baja ejecución presupuestal. Por ejemplo, en relación con la vigencia 2020, identificó que por concepto del impuesto de la estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor se logró recoger más de $ 12.000 millones y se ejecutaron un poco más $3000 millones. En ese año, la falta de ejecución de recursos se argumentó en que “los centros vida durante el período de pandemia Covid-19, y por instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social, no funcionaron”.

Para el año 2021, la Alcaldía recogió más de $ 995o millones para los ancianos, que sumado al presupuesto inicial dio un total de recursos disponibles de $17.817 millones, de los cuales se ejecutaron gastos por $8.141 millones.

En cuanto al 2022, para marzo, justamente cuando se difundieron las denuncias de los trabajadores de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, este operador contaba con más de $14.200 millones sin ejecutar, dineros que se encontraban consignados en entidades bancarias.

“Al 31 de marzo de 2022, el distrito de Santiago de Cali ha recaudado $32.407 millones, por concepto de estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, de lo cual ha ejecutado el 56 % de lo recaudado, el 44 % restante permanece como recursos del balance en cuentas bancarias del ente territorial”, advierte el informe.

Por otro lado, la Contraloría de la ciudad observó irregularidades que hacen parte de las obligaciones de la Secretaría de Bienestar Social, tales como el retiro del sistema de ancianos que ya no están en el lugar, pero siguen apareciendo como beneficiarios; y el control de usuarios que no cumplen el requisito de la edad y que son menores de 60 años, pero aun así residen en la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.

También se evidenció la autorización y pagó de actividades para los ancianos que no se ejecutaron, sumado a debilidades en el cumplimiento de los criterios de alimentación acorde con las necesidades de esta población.

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