21 militares y un civil aceptaron ante la JEP responsabilidad en 'falsos positivos'

21 integrantes del Ejército y un civil reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo y 127 víctimas más en la Costa Caribe, y luego presentarlos como bajas en combate.

Se trata de 11 miembros de la brigada móvil 15 y el Batallón de Infantería número 15, general Francisco de Paula Santander, quienes estuvieron vinculados a hechos ocurridos en el Catatumbo, así como otros 11 miembros del batallón de artillería número 2, 'La Popa' (Bapop), implicados en hechos ocurridos en la costa Caribe.

Los uniformados y el civil reconocieron verdad y responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio, que les habían sido imputados.

El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los 'Falsos Positivos' en el Catatumbo, registrados entre 2007 y 2008, es el brigadier general Paulino Coronado Gámez.

"Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador", aseguró el general Conrado Gámez.

También reconocieron sus actos los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, los tenientes coroneles Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Gabriel de Jesús Rincón Amado, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, el capitán Daladier Rivera Jácome, el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, el sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y el tercero civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas.

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Por otra parte, el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero fue el militar de más alto rango en reconocer su responsabilidad en los hechos ocurridos en la costa Caribe, entre 2002 y 2005.

"Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido Perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios", declaró.

En esos mismos términos se refieren el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez, los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.

Por su parte los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón ‘La Popa’ durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que, de encontrar mérito para ello, siga el proceso adversarial. De ser vencidos en juicios Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.

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