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Aborto legal vuelve a la agenda de la Corte Constitucional
Los magistrados discutirán cuatro demandas interpuestas sobre la despenalización de esa práctica.
Una vez más llegará a la Corte Constitucional el debate sobre la despenalización del aborto, esta vez por cuenta de cuatro demandas que evidencian que desde el 2006 opositores y simpatizantes de esta práctica han estado enfrentados con respecto a si la misma es viable o no en Colombia.
Y, al parecer, la votación en el alto tribunal estará reñida. El magistrado ponente Antonio José Lizarazo está a favor de la despenalización, así como sus compañeros Alejandro Linares, José Fernando Reyes y el actual presidente de la Corte, Alberto Rojas.
En la otra orilla se encuentran los magistrados Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez, quienes buscan los votos de sus colegas Gloria Ortiz y Diana Fajardo, para que la jurisprudencia siga autorizando esa práctica solo en tres casos específicos: malformación del feto, riesgo para la vida de la madre y abuso sexual.
Así las cosas, la votación para mantener las actuales reglas de juego estaría cinco contra cuatro, pero la decisión del alto tribunal también podría orientarse a dejar cualquier cambio en manos del Congreso de la República.
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Las demandas
La pretensión de los demandantes es tumbar el Artículo 122 del Código Penal Colombiano, que dispone que la mujer que se practique o permita un aborto podría enfrentar entre uno y cuatro años de prisión.
En la acción interpuesta por Andrés Sánchez se asegura que con la penalización del aborto se está cosificando a la mujer, toda vez que es una condición humillante y denigrante no poder decidir sobre sí misma, no autodeterminarse y llevar una vida contraria a la que desea por el mandato del legislador.
La segunda demanda, promovida por Geroden Hoffan, considera que se vulnera el derecho a la intimidad: “Se sustenta en que existen diversas formas de vivir la sexualidad y que las mismas se respeten, por lo que nadie debe presionar, condicionar o imponerse a la forma en la que se decidió vivir la sexualidad, ni siquiera el Estado que, por el contrario, debe garantizar condiciones para el respeto y pleno ejercicio de autodeterminación”.
La tercera acción, promovida por la organización Causa Justa, señala que si bien la Corte enunció tres causales para permitir el aborto, en el resto de situaciones el procedimiento sigue siendo penalizado.
Por el contrario, Natalia Bernal interpuso una demanda bajo el argumento de que en el caso no existe cosa juzgada, porque el alto tribunal no ha analizado los riesgos del aborto para la salud de las gestantes y los bebés, ni el reconocimiento de los derechos de los niños agredidos por esa práctica.
Qué dice el Gobierno
Las cuatro demandas hacen su curso regular en los despachos de Lizarazo, Ramírez y Rojas, quienes han recibido conceptos de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, en cabeza del Gobierno.
Sobre la última acción, a esa cartera llegó un documento que expone que la Corte debe declararse inhibida y reiterar que ya existe cosa juzgada y que le compete al Legislativo pronunciarse sobre el polémico mismo.
Un texto similar está en manos del magistrado Lizarazo, quien conoció de la demanda interpuesta por Causa Justa. “La sociedad merece saber por qué, sí resulta constitucionalmente razonable castigar, incluso penalmente, a quienes lesionan la vida de animales, pero no es posible imponer medidas sancionatorias destinadas a proteger la vida del humano no nacido, que, a pesar de no ser persona en el aspecto civil del término, si sería, a partir de algún momento de su desarrollo, cuando menos un ser sintiente perteneciente a la especie humana”, argumenta el Mininterior.
Esa postura se suma a la de la Bancada Provida del Congreso, que radicó una carta solicitándole a los nueve magistrados “de manera categórica no despenalizar el aborto en el país” y conceptuando que esa decisión “debe ser votada por quienes realmente representan el voto popular, que es el constituyente primario”.
El senador John Milton Rodríguez, vocero de esa bancada, afirmó que, en aras de proteger la vida desde el vientre de la madre hasta su muerte natural, el colectivo “seguirá luchando por preservar este derecho fundamental” de los colombianos.
Las cifras en el país
Según la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2006 y 2020 en el territorio nacional se han abierto 4802 procesos relacionados con la práctica del aborto.
En ellos se encuentran involucradas 3057 mujeres y 861 hombres.
Cabe mencionar que quienes más cometen ese delito están entre los 14 y los 59 años, y que los denunciantes del mismo suelen ser amigos, compañeros permanentes, cónyuges y familiares.
“La mayor cantidad de procesos por aborto registrados en la Fiscalía General se presenta en Bogotá, con 1030 casos, seguida por el Valle del Cauca (415), Santander (323), Antioquia (315) y Boyacá (304).
En su informe a la Corte Constitucional, el ente acusador también indicó que la mayor cantidad de procesos por aborto a nivel municipal se presentaron en Cartagena, con 208 casos, seguido por Ibagué (196), Cali (180), Barranquilla (148) y Manizales (138).
De igual forma, la ciudad con más capturas por este delito es Cartagena, con 118 personas detenidas, seguida de Bogotá (61) y Barranquilla (54).
La Fiscalía señaló que el perfil de las procesadas por aborto “tienen muchos elementos de vulnerabilidad”, pues el 50 % son menores de 28 años y en un 34,3 % se dedican a actividades relacionadas con el hogar o servicios domésticos. Además, 13,6 % son estudiantes, 2,75% son desempleadas e igual proporción de trabajadoras sexuales.
Estas mujeres, en promedio, presentaban entre 16 y 19 semanas de embarazo, o sea, tres meses.
