Alcalde de Barrancabermeja habría pagado hasta $100.000 por voto para su elección

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde de Barrancabermeja, Santander, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragarte.

Según reveló la Fiscalía, existió un entramado ilegal que se habría presentado durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023, en esta zona del país.

“El alcalde de Barrancabermeja, Santander, y entonces candidato en las elecciones de 2023, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, en articulación con otras personas, presuntamente entregó 100.000 pesos a los habitantes para que votaran por él y otros aspirantes de su corriente política. Por estos hechos, la Fiscalia imputó al mandatario, a su hermano, Maycol Brandon Vásquez Gómez; y al concejal Ariel de Jesús Zambrano González, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragarte”, informó la Fiscalía.

Al parecer, el alcalde de la ciudad y entonces candidato, Vásquez Gómez, entregó dinero y ofreció diferentes prebendas a los habitantes para que votaran por él y otros aspirantes de su corriente política.

Además del mandatario, el ente investigador incluyó en la investigación a su hermano, Maycol Brandon Vásquez Gómez; y al concejal Ariel de Jesús Zambrano González, todos imputados de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados. Ninguno de los cargos fue aceptado por los sindicados.

Los elementos de prueba presentados por la Fiscalía indican que, el fin de semana en el que se realizó la jornada, se alquilaron 17 inmuebles ubicados en inmediaciones de los puestos de votación, los cuales fueron denominados ‘casas amigas’.

En estos lugares, al parecer, se coordinó la entrega de refrigerios, agua y el pago de $100.000.000 a cada ciudadano que comprometía su voto por Vásquez Gómez y algunos aliados que pretendían llegar al concejo.

En las investigaciones también se determinó que, para este propósito ilegal, presuntamente fueron contactados, representantes de las comunidades para que movilizaran a los electores, a cambio de cargos públicos y otros beneficios.

Asimismo, se entregaron fichas de colores con turnos y utilizaron sellos para evitar que los electores cobraran dos veces, y a un grupo de pobladores le solicitaron fotografías del tarjetón marcado por los aspirantes de interés para poder desembolsar el dinero.