En video: Momento exacto en el que un hombre inició el fuego en sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar, donde murió una funcionaria

Ad portas de las elecciones regionales de este domingo, 29 de octubre, un nuevo caso de violencia se vivió en Gamarra, Cesar, cuando algunas personas incendiaron la sede de la Registraduría en este municipio, como forma de protesta por la revocatoria de inscripción de un candidato.

Se trata específicamente de Fernando Márquez, aspirante a la Alcaldía de este municipio, quien era apoyado por el partido En Marcha y el cual el Consejo Nacional Electoral, incurrió en causales de inhabilidad, por lo que se procedió a la revocatoria de su inscripción como candidato.

Esta revocatoria se llevó a cabo, porque presuntamente Márquez habría firmado algunos contratos con la empresa de servicios públicos local, lo que no está permitido para ningún candidato.

En los hechos murió una funcionaria de la Registraduría de Gamarra que intentó salir del lugar, sin lograrlo. Se trata de Duperly Arévalo Carrascal, quien permanecía laborando al interior de esas oficinas.

El registrador Alejandro Vega confirmó la noticia a Semana. “Los uniformados de la Policía intentaron contener y entraron hombres con gasolina quemando las instalaciones, causándole lesiones graves a la registradora y causando el fallecimiento de una funcionaria de la Registraduría que no pudo salir a tiempo del incendio”, narró.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velazco, también confirmó la muerte de la funcionaria de la Registraduría de Gamarra.

Ante esta situación, desde el Ministerio Público, se solicitó convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad. Por su parte, el general William René Salamanca, director de la Policía, rechazó esta acción y confirmó que dos civiles y dos policías resultaron heridos por este incendio provocado.

“Se ofrecen hasta $ 50 millones de recompensa para dar con el paradero de los responsables de este atentado criminal y dispuse el traslado de un equipo especial de policía judicial para liderar la respectiva investigación”, precisó el uniformado.

Riesgos para estas elecciones

Cuando la Defensoría del Pueblo emitió su alerta temprana sobre el contexto electoral, explicando que en más de trescientos municipios los comicios regionales estaban en riesgo, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X —su canal de comunicaciones predilecto— que realmente eran solo diecisiete.

Más de cincuenta días después, la Defensoría publicó un informe de seguimiento a la alerta. En él reiteró que trescientos municipios podrían ser afectados por el accionar de grupos armados ilegales y por diferentes hechos de violencia contra las candidaturas. En 113 municipios persiste un riesgo extremo, y en otros 286, un riesgo alto.

Aun así, el 25 de octubre, en una rueda de prensa por el Plan Democracia Interinstitucional, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mencionó que la Policía y el Plan “han detectado 43 municipios en los cuales hay que hacer una tarea especial”. Al día siguiente, la Defensoría indicó que en 133 municipios podría haber protestas, asonadas o demás conflictos sociales por la inconformidad de los votantes por las fallas de los mecanismos de protección de la legitimidad de las elecciones.

El mismo 25, más temprano, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que la entidad que dirige encontró alto riesgo de afectación de la jornada electoral en 261 municipios, y un riesgo medio en otros 494. Es decir, en más de 700 podrían presentarse distintos delitos que podrían tener incidencia en el proceso electoral. Pero la atención se concentró en la legitimidad, o no, de la propuesta gubernamental de pagar recompensas a quienes aporten información que pueda ayudar a la cacería de compradores de votos.

Alcaldes y gobernadores suspendidos por participación política

En el marco de su labor de vigilancia electoral, la Procuraduría anunció la suspensión provisional de un gobernador, siete alcaldes y un personero municipal, debido a sus presuntas acciones irregulares que buscaban influir en las elecciones del próximo 29 de octubre.

Al respecto, la entidad anunció la apertura de investigación y la suspensión provisional por tres meses del gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo; y a los alcaldes de Neiva, Gorky Muñoz; El Banco, Magdalena, Roy Enrique García Sánchez, y San Pablo, Nariño, Ricardo Emiro Gómez Lasso.

La misma medida también fue adoptada para los mandatarios locales de Puerto Nariño, Amazonas, Alirio de Jesús Vásquez; San Pelayo, Córdoba, Harving Vladímir Espitia Arteaga, y de los municipios antioqueños de Nechí, Marcos Javier Madera Camera, Campamento, Juan Pablo Torres Piedrahita, y el personero de Puerto Berrío, Mauricio José Cardona Serna.

Por su presunta participación en política, considerada como una acción irregular, el ente de control aseguró que las medidas dispuestas “fueron adoptadas como una medida cautelar de prudencia disciplinaria, donde los procuradores actuaron con inmediatez, prontitud, respeto al debido proceso y al derecho de contradicción y defensa”.

Con información de Colprensa