Alias Otoniel demandó al Estado y buscaba una millonaria indemnización

En el Consejo de Estado se estudió la demanda que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, emprendió contra la nación en la que no solo pide tumbar su extradición a los Estados Unidos tras argumentar que esta “fue ilegal”, sino que pidió una millonaria indemnización,

Sin embargo, después del estudio, esta fue rechazada e inadmitida. En ella había dejado por sentado que tuvo “perjuicios morales” y sus abogados señalaron que hubo serias irregularidades en dicho trámite de extradición realizado el 4 de mayo de 2022.

Inicialmente, el documento conocido por este medio pide “declarar la nulidad total del acto administrativo vertido en la Resolución No. 078 del ocho (8) de abril de dos mil veinte (2022)” (sic), que fue solicitud de extradición promovida por el gobierno de los Estados Unidos de América y expedida por el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, y su ministro de Justicia y del Derecho de ese momento, Wilson Ruiz Orejuela.

Posteriormente, piden “condenar a la Presidencia de la República de Colombia y al Ministerio Justicia y del Derecho” para repatriar a Colombia a alias Otoniel.

“Repatriar al territorio nacional al ciudadano David Antonio Úsuga David para que en todo caso se vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la extradición, con el fin de que se surta el debido proceso y de esa manera permitirle a contribuir como ciudadano desde el principio de solidaridad a buscar el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, dice el documento.

En la demanda exponen que con el proceso realizado para la extradición de alias Otoniel al menos cinco normas fueron violadas por el Estado en contra del entonces procesado y mencionan:

• Artículos: 4, 93, 94, 95 y 229 de la Constitución Política.
• Artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
• Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Artículos 23, 24, 25 y 27 de la Ley 1448 de 2011.

El pasado 14 de junio, precisamente en medio de la estrategia denominada ‘Argenta’, que adelanta la Fiscalía General de la Nación para impactar las finanzas de grupos criminales organizados, se llevaron a cabo dos operativos en contra del patrimonio ilegal de personas allegadas a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Durante las diligencias de las autoridades llevadas a cabo por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 18 bienes, a través de dos operativos.

En el primero, y en compañía de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía Nacional, fueron afectados tres inmuebles, un establecimiento de comercio y dos vehículos, ubicados en Medellín y en los municipios de Bello y Barbosa, al norte del Valle de Aburrá.

Estos bienes, cuyo valor es cercano a los $2.000 millones, según la Fiscalía, pertenecerían a Blanca Senovia Madrid, alias La Flaca, expareja sentimental de alias Otoniel, capturada y judicializada el pasado mes de abril.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los expertos, los elementos de prueba indican que Madrid, al parecer, tuvo a su disposición una red que movió y le entregó millonarias sumas de dinero para cubrir gastos familiares y vivir en medio de lujos.

También, en el segundo procedimiento, la Fiscalía ocupó cinco inmuebles, un establecimiento de comercio, una sociedad y cuatro vehículos que habrían sido adquiridos por los hermanos Bladimir y Edwin Granda Carvajal, conocidos como Blacho y Mechas, respectivamente.

Estos bienes se encontraban en los municipios de Medellín, Copacabana, Ebéjico, Carepa y Currulao, corregimiento de Turbo, en el Urabá antioqueño, y su avalúo preliminar supera los $9.000 millones.