Asesinan a otro defensor público Regional en La Guajira. ¿Qué dicen las autoridades?

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de Fredy Rhenal Coronado, u hombre de 47 años de edad y se desempeñaba como defensor público en la Regional de la Defensoría del pueblo en el departamento de La Guajira, hechos ocurridos en el municipio de Maicao.

“A toda su familia, en nombre de la institución garante de los derechos humanos en Colombia, le enviamos nuestras más sentidas condolencias, al tiempo que la acompañamos en este momento de dolor”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El señor Rhenal Coronado, era padre de cinco hijos, trabajaba como abogado desde el 2019 en el área penal de la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Su labor consistía en gestionar la defensa jurídica de los derechos de la población privada de la Libertad del circuito judicial de Maicao.

Con este lamentable hecho, ya son tres los homicidios, en poco más de un año, en contra de personas vinculadas a la entidad en ese departamento del norte del país. En marzo de este año, los violentos acabaron con la vida de Néstor Enrique Martínez Brito, funcionario de la misma Regional, quien por más de 20 años trabajó por los derechos de la población.

Hace un tiempo en el mismo departamento también fue asesinado Raúl Rosales Blanquiceth, quien se desempeñaba como abogado en la Regional de la Defensoría. El ataque sicarial ocurrió en el barrio Los Nogales de la capital guajira, a mediados de julio del 2022.

“No puede ser que continúen asesinando a nuestros funcionarios y defensores públicos, cuya misión no es otra que estar al servicio de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Los ataques, de cualquier magnitud, contra los servidores públicos tienen que parar”, manifestó Camargo Assis.

Finalmente dijo, “le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, con apego al principio de autonomía, adelantar las investigaciones en contexto que descarte o afirme si los tres hechos guardan alguna relación sobre la autoría. Finalmente, le hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que se adelanten estudios de riesgo aleatorio para nuestros servidores con mayor exposición en los territorios”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Procuraduría declaró que el Estado de Emergencia en La Guajira es inconstitucional

La Procuraduría General de la Nación emitió el pasado 29 de agosto un comunicado en el que informó que el decretó 1085 de 2023, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, es inconstitucional.

En un concepto rendido ante la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello, indicó que este decreto analizado declara una emergencia con base en hechos que no son sobrevinientes y pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios que ya existen.

Margarita Cabello Blanco señaló entonces que el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira (1085 de 2023) es inconstitucional.

“Si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cubertura de servicios básicos vitales en La Guajira, se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, indicó la jefe del Ministerio Público en el comunicado.

Cabello agregó que para superar la crisis social y económica que se vive en este departamento, “el Gobierno está en mora de acatar las órdenes de atención en favor de la población emitidas por la Corte Constitucional en el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira”.