Así operará el decreto que prohíbe portar la dosis mínima

Desde marihuana hasta drogas sintéticas, pasando por cocaína y heroína, entre otras, son las sustancias alucinógenas que no se podrán portar o poseer y quien así lo haga será responsable “de un comportamiento contrario a la convivencia”.

Así lo establece el decreto firmado este lunes por el presidente Iván Duque Márquez en el que se da línea a la Policía para que aplique el Código Nacional de Policía bajo estos parámetros.

A quienes infrinjan la norma se les impondrá un comparendo de 208.000 pesos y se procederá al decomiso y destrucción de la sustancia. No obstante, la persona podrá realizar un curso que le exoneraría de cumplir con la sanción económica.

“Este es un decreto que le da las herramientas a la Fuerza Pública para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades, cualquier dosis, por supuesto”, dijo Duque tras firmar el documento.

Así las cosas, las personas portadoras de estas sustancias en cantidades que son consideradas como la dosis mínima no tendrán que enfrentar ningún proceso, salvo la sanción económica ya descrita. Quienes tengan en su poder más de esas cantidades, serán procesados de acuerdo a la ley.

La Ley 30 de 1986, denominada Estatuto Nacional de Estupefacientes, estipula que la dosis mínima para la marihuana son 20 gramos; para el hachís, cinco; para la cocaína o cualquiera de sus derivados, uno; y para metacualona, (medicamento sedante-hipnótico) dos.

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La destrucción de las sustancias está amparada en el artículo 210 del Código de Policía en el que se le otorgan a la institución atribuciones para la destrucción de bienes que atenten contra la convivencia de los ciudadanos.

El decreto también establece que la actuación de la Policía en este caso se debe ceñir a la Guía de Actuaciones, un documento expedido por la Dirección General de la institución el pasado 27 de junio.

Al respecto, desde la Policía señalaron que todos los uniformados que hacen parte de la institución han sido capacitados de cara a la aplicación de este decreto, aunque -aclararon- que no son ellos los llamados a establecer si el infractor pagó la multa impuesta o tomó el curso. En ese caso, depende del inspector de Policía del municipio o del Distrito.

Para las requisas de cualquier ciudadano, los uniformados están amparados en el Código de Policía que advierte en su artículo 159 que podrán registrar para “establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas de carácter ilícito”.

Duque recalcó que “en varios apartes del Código de Policía se hace referencia al daño que hace la droga. Hoy como colombianos no nos podemos sentir ni cómodos ni complacientes ni tolerantes con una situación de aumento del consumo en las ciudades, que es desolador porque se está comenzando a consumir drogas desde muy temprano”.

En el decreto también se deja en claro que la Policía está autorizada para hacer algún tipo de pesquisas en el transporte público y privado que circulen por las calles y carreteras del país. De igual forma, reitera que en parques y escenarios deportivos que congreguen público.

Tras la firma del decreto, el presidente Duque también aseguró que esta medida debe ir acompañada de otras herramientas que se irán reglamentando próximamente para hacer una lucha frontal contra el aumento del consumo de drogas.

El presidente aclaró que con el decreto no se va a llevar a la cárcel al consumidor, pero sí quitarle la dosis y destruirla. Quienes sean adictos, deberán certificar esta condición para evitar el decomiso de la misma.

“Espero que con esta medida le estemos diciendo a la sociedad entera que no queremos las calles como zonas de tolerancia de las drogas. Queremos que padres de familia, que educadores, que el Estado a través de los medios, la Policía a través de estas herramientas, nos permita a todos como colombianos asumir esta tarea de rechazar las drogas con un enfoque de salud pública, de protección del espacio público”, indicó el presidente.

El decreto también fue firmado por los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; de Justicia, Gloria María Borrero, y de Defensa, Guillermo Botero.

Por ahora la norma no ha sido objeto de demandas de inconstitucionalidad, sin embargo no se descarta que en las próximas horas se instauren recursos en contra de la medida.