Atención: Burro bomba de las Farc fue un crimen de guerra de extrema maldad, aseguró la JEP

La extinta guerrilla de las Farc, en 1996, realizó un atentado terrorista utilizando un burro. Este lo transportó un joven de 15 años vestido de civil y quien era parte de este grupo armado. El menor de edad en ese entonces se encargó de dejar al burro enfrente de la estación de Policía del corregimiento de Sucre, Chalán. Todo esto con el fin de llevar a cabo el ataque.

Frente a esto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció declarando este acto como un crimen de guerra de extrema maldad.

La Procuraduría apeló sobre este caso al considerar que no se había hecho un estudio integral del caso.

Cabe recordar que el atentado del burro bomba, al día de hoy retumba en las memorias de muchos colombianos de 1996, pues 11 uniformados murieron y después de esto ocurrió un enfrentamiento armado. Además, las Farc utilizó a un menor de edad para transportar la carga de manera camuflada.

Por ello, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que las Farc habría cometido un crimen de guerra de perfidia. Asimismo, se presentaron varias violaciones al Derecho Internacional Humanitario, pues después de este atentado asesinaron a cuatro policías que había sobrevivido. De hecho, dos fueron quemados.

“Haber fingido la condición de civil de quien condujo y ubicó el artefacto explosivo frente a la estación de Policía, asesinar a los agentes que habían depuesto las armas e incinerar sus cuerpos, desconoció las exigencias mínimas de lealtad en la conducción de hostilidades, constituyó un claro ejemplo de perfidia, y vulneró prohibiciones expresas del DIH, todo lo cual tornó la acción militar en una violación a las leyes de la guerra”, explicó la JEP.

Por otra parte, Infobae anotó que la JEP habló de la incineración de los cuerpos de las autoridades, y afirmó que esto atentó contra la dignidad de los mismos y sus respectivas familias. De manera general, estos hechos fueron evidencia de la crueldad.

“La incineración, comprobada también en la diligencia de levantamiento de cadáveres, conlleva un irrespeto a la dignidad de los policías y sus familias, lo cual, aunado al hecho de que sus cuerpos fueron trasladados a la estación de Policía, rociados con gasolina y encendidos en llamas, refleja los malos tratos y la crueldad respecto del adversario caído en combate”, resaltaron.

“La operación Orión deterioró el Estado de Derecho”: JEP

El pasado miércoles, la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal Especial para la Paz lideró en Medellín una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares decretadas en la Comuna 13.

En la diligencia, convocada para evaluar la protección a La Escombrera y La Arenera, el magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección, se pronunció acerca de tres operaciones de la Fuerza Pública que terminaron en civiles asesinados y desaparecidos.

A 21 años de la operación Orión, el magistrado Salazar destacó al hecho como una “desaparición masiva de jóvenes”. “Las operaciones Orión, Marisca, Antorcha, entre otras, no fueron operativos audaces ni batallas épicas, fueron acciones oscuras que deterioraron el estado de derecho que decían defender”, afirmó el togado.

Los operativos, de acuerdo con el magistrado, “no se validan ni excusan en los sonoros aplausos de quienes creen que los fines justifican los medios”. Salazar subrayó que el resultado de las operaciones fue la salida de las milicias del ELN y las entonces FARC de la Comuna 13, solo para ser remplazadas por “el impune dominio del Bloque Cacique Nutibara” de las Autodefensas.

Además del control de los grupos armados ilegales, la operación Orión, entre otras, dejó como saldo a varias personas desaparecidas. Por eso, en la labor de encontrarlas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso medidas cautelares en La Escombrera y La Arenera, donde existen indicios de que podrían estar enterrados cuerpos de habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal.

“Quiero pedir perdón, perdón, perdón a ustedes, las madres buscadoras que reclaman verdad, a las hijas, a las esposas empeñadas, a los hombres que caminan al lado de ellas”, expresó el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. “Quiero pedir perdón en nombre de un Estado indolente y, con frecuencia, incompetente”, añadió.

En el marco de las medidas adelantadas por encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas, La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantan estudios geotécnicos en La Escombrera y La Arenera. Por ello, deberán presentar información detallada de sus hallazgos.

*Con información de Colprensa.