Atención: Gustavo Petro expide primer decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira

Al despacho de la magistrada Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, llegó el decreto 1250 del 26 de julio del 2023, emitido por la presidencia de la República al mando de Gustavo Petro, primer decreto expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

El documento establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual contará con un patrimonio autónomo y podrá llevar a cabo procesos de contratación directa.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipio, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.

En cuanto a la contratación directa, el documento establece que “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará facultado para llevar a cabo contrataciones directas destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de acceso al agua y saneamiento básico, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los hechos que originaron la declaración de emergencia y/o conjurar sus efectos. Para aplicar esta modalidad de contratación, la declaratoria del Gobierno nacional constituye el acto administrativo que fundamenta la urgencia manifiesta”.

En ese mismo sentido, establece que se podrá contratación de manera directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA) estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.

El decreto, que ya entró a regir, también ordena la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, como una entidad descentralizada del orden nacional, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en el territorio. El director de dicho instituto será nombrado por el Presidente de la República.

Por ende, el decreto determina que el proyecto multipropósito del río Ranchería, que hoy es uno de los elefantes blancos más grandes del país, sea estratégico para garantizar el acceso al agua potable para el consumo humano, para lo cual, el ministerio de vivienda deberá garantizará la administración, operación y mantenimiento de este proyecto.

Ahora, la Corte Constitucional entrará a revisar en primer lugar el decreto de la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental en La Guajira, expedido por el presidente Gustavo Petro y, posteriormente, este decreto que ordena las primeras acciones.

La declaratoria de emergencia

El presidente Gustavo Petro expidió los decretos con los que declara la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira por 30 días. Esta decisión busca, según el mandatario, atender 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria que vive este departamento del norte del país.

“El Gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación”, indicó la Presidencia.

Uno de los puntos principales sobre los que el Gobierno pondrá especial atención es la salud. Allí, se espera que se tomen medidas que garanticen el buen funcionamiento del sistema en el departamento, agobiado por la corrupción y la falta de recursos.

“Se requieren medidas legislativas para reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud en el departamento, en particular en lo referente a la gobernanza, el financiamiento, la administración y el flujo de recursos, con un modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con las autoridades tradicionales indígenas del pueblo wayuu y de los demás pueblos indígenas”, advirtió la nueva administración.

Un aspecto fundamental será el acceso al agua y al saneamiento básico, para lo que el Gobierno planea echar mano de los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones, con el fin de construir la infraestructura necesaria para que los habitantes de La Guajira disfruten del acceso al agua potable y a las necesidades básicas de saneamiento.

Otro de los puntos que se destacan dentro de los fines de la declaración de esta emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, es el de hacerle frente a los problemas sociales que se desprenden de las calamidades climáticas que afectan al departamento, en particular, con la llegada del fenómeno de El Niño al país, lo que hace pensar que habrá una dura temporada de sequía en esta región.

Tras lo anterior, “el decreto contempla la priorización del uso del recurso hídrico y la preservación del caudal ecológico, es decir, tener caudal suficiente para su provisión con fines de atención del consumo humano, colectivo o comunitario y los usos agropecuarios que se tengan o generen con fines de seguridad alimentaria”.