Atención: imputan a exgobernador de Amazonas, por irregular contrato por más de $26.869 millones

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, a quien señalan de celebrar un amañado contrato millonario.

Según el ente acusador Rodríguez Celis, mientras fungía como mandatario departamental y por ende ordenador del gasto, desatendió alertas de distintas entidades que le pidieron detener la licitación de un contrato sospechoso en el que se detectaron varias irregularidades en el trámite.

Se trató, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de un proyecto de generación alternativa de energía.

“En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías. Ante esta instancia habría desconocido varios requisitos esenciales para lograr la autorización”, dijeron las autoridades.

Dentro de los requisitos esenciales, por ejemplo, está que la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas de los años 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

“El material de prueba da cuenta de que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. Una con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que en realidad existiera mención alguna en él; y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto”, reveló la investigación en contra del exmandatario.

De esta manera, los funcionarios del Órgano Colegiado de Administración y Decisión fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía.

Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas, pero este estaba lejos de atender cualquier advertencia.

“El entonces mandatario celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos”, manifestó la Fiscalía.

Lo más sorprendente de este caso es que en las investigaciones las autoridades competentes pudieron constatar que las poblaciones a beneficiar ya tenían servicio de energía; además, una de ellas no era la misma que fue incluida en el proyecto inicial que presentó la Gobernación de Amazonas ante el OCAD para que fuera aprobado el uso de regalías.

De otra parte, se conoció que la finalidad prevista en el contrato de obra no se cumplió. Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al señor Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal, pero los cargos no fueron aceptados por el procesado.

En Nariño también el contralor general de la República Carlos Hernán Rodríguez, hizo varias advertencias sobre millonarios recursos públicos que se están en riesgo por los llamados ‘elefantes blancos’. Según informó el jefe del ente durante su visita a Tumaco, en todo el departamento hay abiertos 236 procesos de responsabilidad fiscal.

Además, reveló que el 51% de los ‘elefantes blancos’ son obras inconclusas por $121.067 millones y el otro 49% corresponde a proyectos críticos por un valor superior a los $132.438 millones, para un total de $253.505 millones.

De acuerdo con la Contraloría, la salud es el sector más crítico en Nariño, con proyectos inconclusos por $42.828 millones en inversiones que no aseguran el derecho a los usuarios. “Dichos proyectos incluyen IPS indígenas en Barbacoas y Tumaco y proyectos sin viabilidad como el hospital de El Charco y la segunda etapa del hospital de Ipiales”, indicó el ente de control.