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Colombia
Aunque el presidente Petro no la cumpla, Procuraduría prorrogó sanción a alcalde de Riohacha
El mandatario escribió una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, en la que le dijo que no cumplirá la sanción impuesta contra el mandatario local.
Luego de la controversia entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la procuradora general, Margarita Cabello, sobre la suspensión del cargo del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, el ente de control prorrogó por tres meses la suspensión provisional.
Bermúdez es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
Las indagaciones de la Procuraduría aseguran que estas obras que están en investigación fueron financiadas con recursos del Estado por un monto superior a los 11 mil millones de pesos.
El pasado 26 de abril el órgano de control había suspendido al funcionario por un término similar, confirmado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.
El presidente Petro aseguró que, en la medida que la decisión desconocía la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no la cumpliría.
“El Presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción no reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes”, dice parte del texto.
”Mientras ostente la calidad de alcalde del Distrito de Riohacha tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología, en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la contratación estatal”, aseguró.
Igualmente, el Ministerio Público agregó que hasta el momento no se han aportado elementos probatorios “que permitan desvirtuar los presupuestos procesales exigidos”.
La respuesta de la Procuraduría
La procuradora general, Margarita Cabello, dijo enérgicamente que “la democracia se respeta, gústenos o no nos guste”, al referirse a la decisión del Presidente.
Señaló, además, que la Corte Constitucional avala “la investigación, el juzgamiento y la sanción” contra servidores elegidos con votos, “con la ratificación propia del Consejo de Estado”.
“Lo que dice es cierto solo en parte, pues la Corte Constitucional comprende el deber de la Procuraduría como uno meramente administrativo, no jurisdiccional. Esto significa que, aunque puede imponer sanciones, no es precisamente un juez ni tiene las funciones de un juez, por eso no adelanta un juzgamiento, sino solamente vigilancia, como lo determinó la Corte IDH,” asegura la funcionaria.
“La determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo”, que en este caso es el Consejo de Estado, dijo la Corte Constitucional en febrero de este año. Es decir, el Consejo es la última instancia en el proceso disciplinario, y es quien finalmente debe repasar si lo realizado por la Procuraduría se ajusta a la ley.
La procuradora Cabello señaló que “todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho en nuestro país, como es la Corte Constitucional”.
Por otro lado, la procuradora Margarita Cabello, en diálogo con Blu Radio, mostró su desacuerdo y preocupación por la actitud del mandatario. Aseguró que era preocupante que un Presidente, que juró cumplir la Constitución y la ley, desconozca lo establecido constitucionalmente. “La carta del Presidente está retando la Rama Judicial nuevamente y desconociendo la democracia y el Estado de Derecho del país. Es un reto público”, dijo.
“La preocupación tiene que ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el Presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia”, afirmó.
“Un Presidente de la República que no le gusta lo que hacen las leyes colombianas, sino que quiere es aplicar una ley extranjera”, añadió.
*Con información de Colprensa*
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