Cada año, la corrupción les roba $50 billones a los colombianos

El escándalo del pago de sobornos por más de US$11 millones por parte de la multinacional Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol (tramo II) y otros negocios no para.  Este ventilador tocó a miembros del Congreso, funcionarios del Gobierno actual y anterior y todo lo que sale a la luz pública parece no sorprender a los colombianos que se han  acostumbrado a pasar de un hecho vergonzoso a otro.  A finales del año pasado la noticia era la Refinería de Cartagena (Reficar) que le costó al Estado un poco más de US$8000 millones, cuando el presupuesto inicial era US$4000 millones. Lea también: "Nuestra legislación privilegia la trampa": Contralor General Años antes era Saludcoop, la plata del IVA que recobraron ilegalmente y pronto la noticia será la construcción de Bioenergy, planta de etanol de Ecopetrol, que empezó costando US$138 millones, pero que pese a los incumplimientos del contratista -la firma española Isolux-,  tuvo adiciones por US$612 millones, según denunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez.  ¿Cuánto le cuesta esto al país y en especial a los colombianos que pagan impuestos? Las cifras son incalculables y difíciles de estimar, pues como dicen los analistas, los ilegales no llevan las cuentas.  El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, dice que el desangre de la corrupción puede llegar a $50 billones al año. Una cifra que serviría para pagar durante dos años las mesadas de los pensionados del país. Se calcula que en Colombia las empresas pagan en promedio 17 % del valor del contrato para ganar una licitación. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de las regalías $21 billones al cierre de diciembre del 2016 y la inversión en las vías de Cuarta Generación -$29 billones entre 2014 y 2016, se podría decir que  solo en estas dos grandes apuestas del país se estarían yendo más $ 5 billones a las manos de los corruptos. Lea también: Alianza Verde propone gran consulta popular contra la corrupción. Esto sin contar con los recursos que ejecutan las regiones, donde según Julio César Alonso, director del Centro Internacional de Economía y Finanzas -Cienfi- de la Universidad Icesi, no hay un seguimiento a los recursos públicos por la debilidad de los entes de control y su estrecha relación con la política.   La Auditoría General de la República, en su más reciente informe sobre contratación, indica que el 83 % de los contratos en las regiones se  entrega a dedo. 

[[nid:611725;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2017/01/colombia-corrupcion-22.jpg;left;{}]]En lo social (vivienda, salud, educación) el país tiene proyectado invertir este año $118 billones y gran parte de este dinero se ejecutará a través de contratos, por lo que los colombianos se preguntan ¿a dónde irán a parar esos dineros?

El costo o impacto de la corrupción no es solo dinero perdido de los colombianos. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que, por un lado, se  pierden los impuestos que paga la población y, por otro lado, pierde el país  porque las obras  quedan mal hechas, pues las coimas se deducen  del valor de los contratos. Indira Porto, investigadora asociada del Consejo Privado de Competitividad, agrega que hay estudios que coinciden en que uno de los principales obstáculos para lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico es la corrupción. “De hecho, según el Foro Económico Mundial, los líderes empresariales colombianos han calificado la corrupción como el factor que más restringe los negocios en 5 de los últimos 10 años. Es por eso que en el Índice Global de Competitividad más reciente, Colombia ocupa el puesto 104 sobre 138 países en comportamiento ético de las firmas, mientras que en 2006 el país ocupaba el puesto 34 entre 122 países”. Agregó que un entorno corrupto impacta los negocios, ya que genera desincentivos a la inversión, asigna de manera ineficiente los recursos y reduce la competencia. Estos datos evidencian que Colombia no ha logrado avances significativos en su lucha contra este flagelo. Según Transparencia a Internacional, el país ocupa el puesto 7 en percepción de corrupción entre 18 en América Latina y la posición  83 entre 167 países.  “Este es uno de los países más corruptos del mundo y esta corrupción no es un castigo del cielo, fue promovida desde hace 50 años por los partidos tradicionales”, dice el senador Jorge Enrique Robledo, quien considera que los cambios para el país comienzan en las urnas y en las próximas elecciones. Según cifras del año pasado del Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, solo el 25 % de los condenados por casos de corrupción en el país están en un cárcel  y la mitad de los que han sido sancionados por delitos contra la administración pública no van a prisión. Aún así la Contraloría destaca que el año pasado se tramitaron 5341 procesos de responsabilidad fiscal por valor total de $12 billones, en especial se hizo seguimiento a los recursos que se invierten con regalías en las regiones, dineros de la salud y de la primera infancia, encontrando que se siguen haciendo obras con baja calidad, con sobrecostos, contratos amarrados y los llamados ‘elefantes blancos’. Casos que sorprenden  Sobrecostos En César se dotó el Centro de Desarrollo Infantil del municipio de Codazzi con productos sobrevalorados. Se compraron 7000 pelotas para piscinas infantiles a $2900 cada una, cuando en realidad valen $280. Es decir, el costo pasó de $1,9 millones a $20 millones.  Esto mismo sucedió con los instrumentos musicales, armarios, gimnasios de espuma, entre otros artículos.  La Contraloría reportó hallazgos  fiscales por $25.000 millones en la construcción del  Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar y  un detrimento de $50.538 millones en la ejecución de contratos de obra con proyectos de regalías en esta región durante el 2016. Enfermos fantasmas La Gobernación de Sucre pagó $3173 millones para hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales, donde los pacientes no existen y la facturación fue cancelada con soportes aparentemente falsos. También se habrían presentado irregularidades  por pagos a pacientes con supuesta hemofilia y enfermedad de Von Willebrand. Se estima que el desfalco por esta práctica puede llegar a  los $50.000 millones en esta región.  En el Valle del Cauca, la Contraloría cuestionó la adecuación del Centro Recreacional Acuaparque de Buenaventura. Las obras no se han ejecutado y se estima que hay un detrimento de $3628 millones. Meta, el campeónSegún  la Contraloría, en el segundo semestre del 2016 se detectaron problemas en contratos con regalías en el Meta por valor de $74.000 millones. Habían escuelas y hospitales  construidos y abandonados, alcantarillados, acueductos y equipos médicos que nunca se pusieron en servicio, proyectos de vivienda inconclusos, vías mal diseñadas y un centro comercial para vendedores  que opera con 6 de 34 locales.  Por ejemplo, en La Macarena se construyó una  escuela y está abandonada. Asimismo,  el Centro de Atención Hospitalario de Uribe   no había prestado, hasta el año pasado, un solo día de servicio.Con regalías se han ‘embolatado’ más de $466.000 millones en todo el país, en los últimos dos años. Contratos a dedo, una práctica en las regiones Durante el primer semestre del año pasado se llevó a cabo en las regiones  del país una contratación por  valor de $12 billones, de los cuales $9,9 billones  (82 %) se entregaron de forma directa, es decir, a dedo,  según un informe de  la Auditoría General de la República (AGR). La región del Eje Cafetero fue la que tuvo mayores recursos para contratar, en ese periodo, $4,1 billones, de los cuales  adjudicaron directamente $3,6 billones. Los departamentos del Pacífico contrataron, en igual lapso, $1,4 billones y el 83 % se hizo a dedo ($1,2 billones). El auditor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, explicó que otro de los problemas de la contratación detectados en las regiones es el fenómeno de las “mallas empresariales”, esto es, adjudicación de proyectos a empresas o grupos de compañías que tienen intereses  en común. Los departamentos con mayor cantidad de “mallas empresariales”, durante el primer semestre del 2016, fueron: César, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila, Cundinamarca y los departamentos que mayores recursos les han entregado a estas empresas son: Meta, Antioquia, Casanare, Santander y César. La Auditoría detectó que entre los años 2014 y 2016 operaron en las regiones 78 mallas empresariales en diferentes sectores, de estas 10 funcionan en alimentación escolar con contratos por $418.000 millones; 8 relacionadas con salud que obtuvieron negocios por $122.000 millones. “En total, en este periodo, $8,1 billones fueron contratados por posibles mallas empresariales”. Asimismo, la región que puso más recursos en empresas relacionadas  entre sí fue  Llanos  Orientales con el 36 % del total, seguido de El Caribe  con 23 %. En el Pacífico se reportaron negocios por $367.337 millones  vinculados a estas mallas empresariales. “En los territorios no están los grandes contratos, pero si se suman todos los pequeños proyectos estamos hablando de sumas cuantiosas importantes para el desarrollo y en muchas ocasiones no sabemos en qué se invierte y cuáles son los beneficios para la comunidad”, afirma el profesor de la Universidad Icesi, Julio César Alonso.