Cancillería anunció que ejercerán mayor control en el Darién con el apoyo de Panamá y los Estados Unidos

La Cancillería de Colombia informó que junto a las autoridades de Panamá y los Estados Unidos se ejercerán acciones en el paso fronterizo del Darién para proteger la integridad de los migrantes, en especial de menores de edad y mujeres embarazadas.

Este anuncio fue realizado tras una visita del ministro de Relaciones Exteriores, Luís Gilberto Murillo y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha a Necoclí para la instalación de un diálogo con las comunidades que habitan los territorios aledaños a la selva y el impacto ocasionado por el fenómeno migratorio.

Al respecto, Murillo aseguró que tras la visita al territorio van a tomar una serie de decisiones muy importantes, las cuales estarán en sintonía con las necesidades de los residentes. En ese sentido hizo referencia a la necesidad de conocer las consecuencias que ha dejado el paso de los migrantes por esta zona de Colombia.

“La necesidad de tener información de terreno para las discusiones que empezamos hoy en la tarde son muy importantes porque allí los tres gobiernos van a tomar decisiones sobre hoja de ruta, y necesitamos que estas estén acordes con las necesidades de la gente”, dijo el canciller colombiano.

Por su parte, el ministro panameño Javier Martínez-Acha informó que una de las prioridades va a ser el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad e inteligencia. A su vez, resaltó que los presidentes de Colombia y Panamá se encuentran interesados en desarrollar la zona de frontera.

El impacto de la migración

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia se calcula que más de 520 mil migrantes atravesaron la selva del Darién en el año 2023, de los cuales 406 mil eran adultos y 113 mil fueron niñas, niños y adolescentes. Estas cifras representaron un aumento del 110% frente al 2022 cuando 248 mil transitaron por esta zona.

La entidad identificó diferentes riesgos a los cuales se exponen los migrantes, entre ellos, la trata de personas, el robo de sus pertenencias y la violencia sexual de la que pueden sufrir mujeres y niñas. Además, se ha identificado la utilización por parte de grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio.