Caso Laura Sarabia: así movieron las fichas para convertir a las exempleadas de la funcionaria en alias La Madrina y La Cocinera, supuestas integrantes del Clan del Golfo

Laura Sarabia salió de su cargo como jefa de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego del escándalo que suscitó el presunto abuso de poder por llevar a una de sus exempleadas al polígrafo, por la pérdida de una maleta con una alta suma de dinero de su casa.

Sarabia pasó a estar en el ojo del huracán en medio de señalamientos e investigaciones en su contra.

De hecho, para la investigación que se está llevando a cabo dos informes de la Policía Judicial, uno manipulado por los agentes de la Dijín y el otro redactado con supuesta información relevante sobre el Clan del Golfo, fueron claves para solicitar a dos fiscales la interceptación de las comunicaciones de Fabiola Perea, Marelbys Meza y dos de sus mejores amigos.

Cabe mencionar que la Fiscalía recibió unos informes de parte de los agentes de la Dijín, los cuales tenían a cargo la respectiva investigación sobre el hurto del dinero en la casa de la entonces jefe de gabinete del gobierno de Petro.

Según Semana, los agentes habrían agregado información que les habría entregado supuestamente una fuente que revelaba cómo las dos mujeres, pertenecían al Clan del Golfo.

Un informe que fue redactado por los investigadores de la Sijín de Bogotá, también habría sido manipulado por la Dijín. Semana anotó que: “aseguraban que los responsables del hurto al apartamento de Sarabia, eran los cabecillas de una organización criminal en Bogotá y que sus números de contacto deberían ser objeto de interceptación”

A un fiscal en el departamento de Chocó, los agentes de la Dijín redactaron un informe en el cual presuntamente se insistía que alias La Madrina y La Cocinera eran integrantes del Clan del Golfo. Además, que las dos mujeres, recibían órdenes del máximo cabecilla de este grupo ilegal a través de su celular.

En ese sentido, bajo la gravedad de juramento, los investigadores anotaron que la información fue corroborada por otras autoridades judiciales en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.

Según la Fiscalía, lo redactado en los informes no era real, pues la fuente sería inventada. Asimismo, como los datos brindados, incluso habrían hecho pasar a un mecánico de Bogotá como fuente de información.

Vale la pena resaltar que los informes presentados al fiscal en Chocó, se brindaron detalles de la participación de alias La Cocinera y alias La Madrina en la organización criminal del Clan del Golfo, supuestamente eran las encargadas de llevar información al alias Siopas, y de esta manera preparar hechos criminales contra la fuerza pública.

El informe manipulado

Según la Fiscalía, los agentes de la Dijín cometieron un error de novatos, pues manipularon un informe de la Policía Judicial que tenía su versión original en computadores de la Sijín en Bogotá.

De hecho, estos informes habían sido manipulados con el fin de chuzar las comunicaciones de las exempleadas de Laura Sarabia.

Después de la denuncia realizada por el esposo de Laura Sarabia, quien fue el encargado de denunciar el hurto del dinero a los investigadores, estos informaron los hechos a una fiscal de la seccional Bogotá. Así la investigación tomó su curso, hasta que los agentes de la Dijín, que actualmente se encuentra capturados, asumieron la respectiva denuncia.

Según la Fiscalía, los agentes pidieron el informe que redactaron los agentes de la Sijín y después el fiscal anotó que los agentes lo utilizaron para modificarlo y alterarlo.

Tiempo después que se logró la autorización de las intercepciones con la teoría de que las dos mujeres, exempleadas de Laura Sarabia eran supuestamente parte del Clan del Golfo. Los números de teléfonos se incluyeron en el sistema Esperanza, de la Fiscalía, y se generó una alerta que advertía cómo uno de esos números era objeto de interceptación en el departamento de Chocó.

La Fiscalía explicó en detalle cómo los agentes llevaron a un engaño a dos fiscales, uno en Bogotá y el otro en el Chocó, estarían enfrentándose a los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad en documento público. Los cinco policías tendrán esta semana las audiencias en las que se definirá si serán enviados a la cárcel.