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Caso UNGRD: Sandra Ortiz no aceptó cargos que le imputó la Fiscalía
Este viernes, 29 de noviembre, se desarrolló audiencia contra la exconsejera presidencial
La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, que rinde este viernes, 29 de noviembre, testimonio en las oficinas de Paloquemao por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), no aceptó cargos por los delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.
El ente investigador la acusa por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Luego de leer la imputación de cargos la Fiscalía le preguntó a Ortiz si aceptaba cargos
La respuesta fue “no, su señoría”.
Ortiz fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado. Todo inicia en septiembre de 2023 en Bogotá, cuando presuntamente Carlos Ramón González le ordenó a Olmedo López entregar contratos a favor del expresidente del Senado, Iván Name y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Asuntos que debería atender con Sandra Ortiz.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecida a Name a una suma en efectivo de 3.000 millones, y a Calle de 1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López entregaría”, dice la Fiscalía.
Por eso, según la investigación, y luego de varias reuniones, el 12 y 13 de octubre de 2023, Sandra Ortiz habría transportado en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones, con destino al presidente del Senado, Iván Name.
“El desplazamiento se llevó a cabo en las camionetas de la UNP asignadas a su seguridad”. Sobre el dinero entregado a Andrés Calle, la Fiscalía explicó que un día después, el 14 de octubre, Sneyder Pinilla viajó a Montería para darle 1.000 millones, transacción que desde Bogotá se hizo con criptomonedas que fueron retiradas en la capital de Córdoba.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una “organización criminal”, como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector.
La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.
